Anatomía de la protesta social

Otra vez los estudiantes hicieron sentir su voz. Primero salieron a protesta, entre el 23 y 27 de septiembre, los de la Universidad Distrital para expresar su inconformidad por la corrupción en su alma mater. Les siguieron los de la Javeriana, en la acera de enfrente de la carrera Séptima, que denunciaron el exceso de fuerza del Esmad al controlar los desmanes de los encapuchados, que afectó al Hospital San Ignacio. Ambos hechos generaron una ola de indignación entre el estudiantado capitalino y del resto del país, quienes convocaron una nueva marcha para el viernes 27 de septiembre.

Como se ha vuelto costumbre, los reclamos y las marchas pacíficas convocadas por los estudiantes pasaron a un segundo plano. Los relegó el accionar de grupos radicales y violentos, cuyos miembros aprovechan el anonimato que les da la capucha para cometer actos vandálicos y violentos. Como los del miércoles 25 de septiembre, cuando encapuchados pintaron con aerosol un bus del SITP e intentaron volcarlo en cercanías de la Universidad Pedagógica. Dos días después, varios vándalos pretendieron incendiar con bombas molotov la sede del Icetex en el centro de Bogotá. Por otra parte, estudiantes y profesores acusan al Esmad de excederse al usar la fuerza y ocasionar una emergencia en el Hospital San Ignacio por los gases lacrimógenos lanzados en inmediaciones de la Javeriana; herir a estudiantes, y realizar detenciones injustificadas en contra de jóvenes y docentes que protestaban de manera pacífica y con el rostro descubierto.

Los actos vandálicos cometidos por los encapuchados y los presuntos excesos del Esmad encendieron de nuevo el debate. ¿Cómo garantizar el derecho a la protesta? ¿Cómo evitar que las manifestaciones callejeras terminen en campos de batalla entre supuestos estudiantes con la fuerza pública? ¿Cómo evitar que los encapuchados afecten las protestas pacíficas? Y ¿cómo acabar con los excesos de fuerza y reducir los daños colaterales del Esmad? En el debate hay acusaciones y recriminaciones de parte y parte. Los alumnos acusan al Gobierno de reprimir y estigmatizar la movilización social. Por su lado, agentes del Estado señalan que ellos no coartan el derecho a protestar, que los desmanes provienen de los infiltrados de grupos armados ilegales y que ellos responden con el Esmad para mantener el orden y la seguridad ciudadana.

En medio del cruce de palabras vuelve a tomar fuerza la posibilidad de expedir una ley que reglamente la protesta social. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha defendido esta idea desde que asumió su cargo, y la semana pasada se sumó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien en el evento de los 170 años del Partido Conservador dijo que “es urgente reglamentar la protesta social porque la anarquía que vimos la semana pasada nos está notificando que esto va a seguir”. A su vez, el senador Juan Diego Gómez afirmó que el conservatismo trabaja en un proyecto de ley en esa dirección.

La propuesta no cayó bien a sectores académicos y estudiantes. Jennifer Pedraza y Alejandro Palacios, líderes del movimiento estudiantil, consideran que esas regulaciones, más que prevenir los actos vandálicos, buscan coartar el derecho a la protesta. Expertos en el tema consultados por SEMANA creen que ya existe una reglamentación al respecto y que el Estado debería concentrarse en diseñar estrategias para individualizar a los encapuchados y aislarlos de las protestas. “Es un poco absurdo reglamentar la protesta, ya que esta, en esencia, debe ser disruptiva y generar cierto desorden, sin llegar ni a la violencia ni al vandalismo. Si los estudiantes u otras personas andan de manera ordenada por los andenes, nadie les va a poner atención”, dice la politóloga de la Universidad Javeriana Carolina Cepeda.

Por lo general, la intervención del Esmad indigna profundamente a los estudiantes.

Esta discusión tiene uno de sus puntos más álgidos en cómo evitar que las acciones violentas opaquen las razones de los alumnos que salen a marchar. Y en cómo debe actuar la fuerza pública para controlar a los encapuchados sin tener que disolver las marchas a la fuerza y sin afectar a los jóvenes que protestan legítimamente. Según expertos en seguridad consultados por SEMANA, este tema no tiene que ver con reglamentar la protesta social, sino con profesionalizar aún más la inteligencia para identificar a los violentos y evitar los desmanes.

Informes de inteligencia han documentado que en las universidades públicas operan colectivos de extrema izquierda que forman parte de las estructuras de grupos guerrilleros y de las disidencias de las Farc. Y que, por lo general, ellos promueven estos disturbios. En ese sentido, algunos funcionarios del Estado dicen que los estudiantes tienen el deber de evitar el actuar de los violentos. Pero estos alegan que no pueden hacer nada y que la responsabilidad corresponde al Estado. “Nosotros no podemos aislar a los encapuchados o rodearlos y decirles que dejen de sabotear las protestas pacíficas, porque no sabemos con quién ni con qué organización nos estamos metiendo. Y el hecho de que ellos vean nuestra identidad pone en riesgo nuestra seguridad”, dice Pedraza.

En esa afirmación coinciden los expertos de seguridad y sugieren hacer énfasis en el trabajo de inteligencia. El politólogo y profesor de la Javeriana Henry Cancelado dice que más que especializarse en la confrontación o reaccionar cuando los actos vandálicos comiencen, debería existir una estrategia de inteligencia que prevenga esos actos o logre individualizar a estos sujetos.

Además de rechazar todo acto violento, provenga de donde provenga, los estudiantes han apelado a la creatividad. Por eso incluyen en sus marchas formas creativas como las danzas, las batucadas o los performances para mostrarles a los colombianos y al Gobierno que llevan a cabo una lucha pacífica y que nada tienen que ver con los movimientos radicales.

También se suma al debate el tema del Esmad y su excesivo uso de la fuerza. Estudiantes y otros sectores de la sociedad piden eliminar ese cuerpo. Sin embargo, esto no resultaría conveniente, ya que estas fuerzas de choque son necesarias para mantener la seguridad ciudadana. En Colombia y el mundo, por más que las marchas sean pacíficas, siempre hay la posibilidad de que grupos extremistas amantes de la violencia intenten conducirlas hacia un camino de agresividad y confrontación.

Casi todos los Estados democráticos cuentan con estas fuerzas de choque. Alemania, por ejemplo, tiene un escuadrón para cuidar al manifestante y actuar casi de manera quirúrgica para aislar a los vándalos sin tener que afectar a los demás que salieron a protestar. En ese sentido, el Esmad debería tener una estrategia que individualice a los violentos y que en lo posible reaccione antes de que estos actúen, sin necesidad de agredir o dispersar las manifestaciones pacíficas, sugiere Cancelado.

La movilización social tiene complejidades inherentes, en las que se conjugan factores como los estados de ánimo y sentimientos que pueden desembocar en la ira generalizada. Por eso, este es un debate intenso que no se resuelve de la noche a la mañana. Entre tanto, para el próximo jueves 10 de octubre, los estudiantes de las universidades públicas y privadas han programado una movilización nacional. Buscan exigirle al Gobierno entregar a Colciencias los 300.000 millones correspondientes este año; defender el derecho a la protesta masiva; y que avancen las investigaciones por corrupción en las universidades públicas, en especial la Distrital.

Muchos vaticinan que esta marcha terminará en los clásicos tropeles, pero puede que no sea así. En noviembre de 2011, durante la llamada Toma de Bogotá, cerca de 80.000 estudiantes coparon la plaza de Bolívar. Esa manifestación demostró que es posible aislar a los violentos. Ojalá que así suceda en esta oportunidad.