Andrade pide que el fiscal general declare en su juicio

La Fiscalía y el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, tienen una cita crucial este jueves en los juzgados de Paloquemao. Se trata de la audiencia previa al inicio del juicio en el que se determinará si Andrade, como lo sostiene la Fiscalía, es responsable de supuestas maniobras irregulares en favor de la multinacional Odebrecht, responsable de la mega obra Ruta del Sol.

En la audiencia preparatoria tanto el ente acusador como el procesado enunciarán las pruebas que pretenden usar en el juicio para respaldar su respectiva tesis. Y el exdirector de la ANI, quien actualmente tiene casa por cárcel, solicitará al juez que el hoy fiscal general, Néstor Humberto Martínez, vaya al estrado para que rinda declaración. Según el defensor de Andrade –el penalista Jesús Albeiro Yepes–, el testimonio “del abogado Martínez Neira” es clave para dilucidar si el entonces director de la ANI actuó irregularmente cuando permitió que obra de la carretera Ocaña-Gamarra fuera adicionada al contrato madre de Ruta del Sol sin convocar a una licitación pública.

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Como se sabe, en calidad de abogado experto Martínez produjo un concepto en 2012 sobre la posibilidad de adicionar la señalada obra a la concesión que ejecutaba la troncal principal, es decir, al consorcio cuyo accionista mayoritario era Odebrecht. Andrade sostiene que las cosas se hicieron tal como lo recomendó Martínez y otros expertos. Por su parte, Néstor Humberto Martínez dice que su concepto no fue atendido y que “la ANI acordó que por su cuenta y riesgo la Concesionaria Ruta del Sol asumiera el tramo Ocaña-Gamarra”.

La controversia entre Andrade y Martínez se agitó en los últimos días con comunicados de lado y lado. El fiscal Martínez en una extensa entrevista con W radio dijo que su concepto fue contrario a lo que hizo la ANI. Pero Andrade respondió publicando el concepto de Martínez y señaló que el fiscal estaba diciendo ahora lo contrario a lo que había conceptuado. A eso respondió Martínez con un comunicado en el que insiste que no hay contradicción y acusa a Andrade de haber “mutilado deliberadamente” el documento. 

Si el juez admite que Martínez sea una de los testigos en el juicio se tendrá la escena inédita de un fiscal general rindiendo declaración en un proceso en el complejo judicial de Paloquemao, mientras que un fiscal delegado argumenta contra Andrade. Si no se admite, el abogado del exdirector de la ANI está dispuesto a insistir ante el Tribunal Superior. El testimonio de Martínez en el juicio es clave porque: “Quien presentó el fundamento jurídico inicial, recibido y mejorado por la interventora y los jurídicos de la ANI, fue la Concesionaria Ruta del Sol, asesorada por el prestigioso abogado Néstor Humberto Martínez. Ese criterio jurídico está hoy cuestionado a través de una acusación de sus fiscales delegados en contra de Luis Fernando Andrade”, señala el abogado Yepes.

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Antes de la crucial audiencia Luis Fernando Andrade concedió esta entrevista a SEMANA:

SEMANA: El fiscal Néstor Humberto Martínez asegura que usted “de manera inescrupulosa mutiló” el concepto que él rindió en 2012…

Luis Fernando Andrade: Para nada. En Twitter, publique dos trinos simultáneamente. En uno publiqué las fotos del resumen ejecutivo. En el otro puse el enlace para el documento completo de 11 páginas que me fue entregado en el año 2012 por ejecutivos de la concesionaria Ruta del Sol. También publiqué el enlace al documento completo en Facebook y Linkedin.

SEMANA: Usted dice que el concepto de Martínez fue favorable y que la ANI actuó de acuerdo a esas recomendaciones profesionales. Pero él asegura que se procedió en contravía de lo que conceptuó. ¿Cómo se puede definir quién tiene la razón?

L.F.A.: Es solo pedirle a un abogado especializado en contratación estatal que lo lea. Por cierto, en la ANI nos basamos en los conceptos de la interventoría del contrato y del área jurídica nuestra. Nos dio tranquilidad de que estos 2 conceptos coincidían con el del Dr. Martínez. La negación de lo obvio por el Dr. Martínez es solo una demostración más del sesgo y la mala fe que ha demostrado la Fiscalía en la persecución que ha montado en mi contra. Por cierto, el Dr. Martínez no solo dio su concepto favorable como abogado de Ruta del Sol. También lo dio como Ministro de Presidencia y miembro del CONPES. El participo del CONPES 3817 del 2 de octubre de 2014 en que se aprobó unánimemente la adición del tramo Ocaña-Gamarra a la Ruta del Sol Sector 2.

SEMANA: ¿Por qué solicitará que Néstor Humberto Martínez declare en su juicio? ¿Qué busca con ello?

L.F.A.: El Dr. Martínez fue testigo de muchos de los hechos relevantes a mi defensa. Por ejemplo, emitió un concepto jurídico favorable que le dio la tranquilidad a Ruta del Sol para firmar la adición. También, en calidad de ministro, aprobó la adición en el CONPES, el máximo órgano de decisión en el gobierno. Como el mismo Dr. Martínez lo dijo en la radio, también participó en las negociaciones del “Contrato de Transacción” entre Odebrecht y Grupo AVAL para resolver las diferencias surgidas por los pagos ilegales hechos desde Ruta del Sol y CONSOL. Estos pagos ilegales fueron los que motivaron las acciones de los doctores Otto Bula, Bernardo Elías y Juan Sebastián Correa, creando la situación de la cual soy víctima y que ha causado tanto dolor a mí y a mi familia.

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SEMANA: ¿Confía en la justicia colombiana?

Luis Fernando Andrade: Yo confío en los jueces porque los jueces son los que han puesto un freno a la Fiscalía que quería enviarme a una prisión; gracias a la imparcialidad del juez es que estoy en mi casa. Lo que hemos visto, lo que hemos encontrado es total imparcialidad por parte del juez. Pero no confío la Fiscalía. La Fiscalía sin duda está en una persecución contra mi.

SEMANA: ¿Cuando habla de la Fiscalía se refiere a Amparo Cerón -a cargo de la investigación- o al fiscal general?

L.F.A.: Me refiero al fiscal general y a la fiscal a cargo del caso.

SEMANA: Por sus redes sociales se ha hecho público que su esposa está tocando puertas en Estados Unidos ¿con qué fin?

L.F.A.: Yo tengo nacionalidad estadounidense. Nací en Estados Unidos y he vivido una gran parte de mi vida en Estados Unidos. Mi esposa es estadounidense también. ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es que haya un proceso libre de conflictos de intereses y que nos den las garantías, como ocurrió en Estados Unidos. Y en ese sentido lo que hemos hecho, lo que hemos puesto de presente tanto a las agencias del Gobierno norteamericano como miembros del Congreso las irregularidades que se están dando por parte de la Fiscalía. ¿Para qué? Para que ellos le pidan a Colombia que se asegure que aquí haya un proceso de investigación imparcial.

SEMANA: ¿Esto incluiría que incluso ellos se metan a investigar?

L.F.A.: Son varios aspectos, uno es es el acompañamiento como tal. En la última audiencia estuvieron como asistentes dos funcionarios del consulado Americano. Básicamente como observadores del proceso. Y en paralelo, varios congresistas le han escrito a embajador de Estados Unidos en Colombia para que la embajada los mantenga informados de la evolución del caso. Esa digamos es una dimensión; la otra es más la necesidad de que las autoridades americanas investiguen lo que está pasando en Colombia. Lo que está pasando en Colombia tiene que ver con Estados Unidos, no es un tema únicamente un nacional. ¿A qué me refiero? El escándalo de Odebrecht fue descubierto por Estados Unidos. O sea los brasileños descubrieron la trama de Odebrecht en el Brasil, pero lo que ocurrió fuera de Brasil, en Perú, en Ecuador, en Panamá, en República Dominicana, se supo gracias al acuerdo que firmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos con la firma Odebrecht. En ese acuerdo, se comprometió Odebrecht a decir la verdad y a colaborar con la justicia. Y en ese acuerdo dijeron que en Colombia habían hecho pagos ilegales por once millones de dólares. Hoy ya sabemos, un año y medio después, a raíz de las declaraciones de personas como el exsenador Otto Bula o el controller de la firma Ruta del Sol, y otras evidencias que han aparecido, que los dineros ilegales superaron los 50 millones de dólares. O sea cinco veces más del valor original que se le comunicó al gobierno de Estados Unidos. Entonces, el gobierno de Estados Unidos tiene la potestad de pedir una explicación sobre esta diferencia.

SEMANA: ¿Por qué cree que Estados Unidos puede estar interesado en un caso de corrupción en Colombia?

L.F.A.: A Estados Unidos en general le preocupa mucho la corrupción en América Latina por dos razones: una es comercial, si las empresas norteamericanas están bajo un régimen muy estricto en que no se permite el pago de sobornos, y si sus competidores en América Latina pueden ganarles en competencia pagando sobornos eso genera una inequidad en materia de competencia. Por eso a Estados Unidos le interesa que todas las empresas del mundo se abstengan de pagar sobornos. Luego hay una relación mucho más profunda y es que Estados Unidos está muy comprometido en combatir el narcotráfico y el crimen organizado en Colombia. Y eso es muy difícil de lograrlo si las entidades, que son responsables de colaborar con Estados Unidos en esa lucha, son corruptas. Por estas razones yo pienso que le debería interesar al gobierno de Estados Unidos averiguar qué está pasando.

SEMANA: Usted ha dicho que el caudal de dinero que movió Odebrecht en Colombia es mucho mayor. ¿Por qué cree usted que no se ha ocupado la Fiscalía del grueso de ese monto?

L.F.A.: Nosotros hemos dicho que nos preocupa el trato diferencial que se está dando en estas investigaciones. En las confesiones iniciales no se involucraron, no se revelaron los pagos hechos desde las compañías Ruta del Sol o Consol. La información que se tiene hoy en día es que la mayor parte del dinero salió de esas empresas. Y en ese entorno se tiene imputación de cargos contra un funcionario ni del grupo Aval ni de Odebrecht que participaron en la aprobación de estos pagos o que pudieron haber sabido de los mismos. Eso nos parece preocupante.

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SEMANA: ¿Usted cree que las directivas del Grupo Aval no le han dicho toda la verdad las autoridades norteamericanas?

L.F.A.: Bueno eso es algo que se debe investigar, yo no quiero ser el juez de eso. Ellos han reportado al equivalente de la Superintendencia Financiera de Estados Unidos -Security and Exchange Commission- que no tenían ningún conocimiento de estos hechos sino hasta el mes en que se publica el acuerdo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y Odebrecht, lo cual ocurrió en el 2016. Lo que tendrían que ver las autoridades americanas es si el Grupo Aval tuvo conocimiento de sus hechos con anterioridad.

SEMANA: ¿Por qué considera usted que el fiscal general está impedido para instruir esta investigación?

L.F.A.: El fiscal general fue abogado para las empresas de Odebrecht en Colombia. El fiscal general o sus firmas trabajaron para la Ruta del Sol y también para Navelena. Y además ha sido uno de los principales abogados externos del Grupo Aval por dos décadas que también participan estas compañías. A mí me parece que una persona que tiene esos vínculos, tanto él con las subsidiarias de Odebrecht, como con el Grupo Aval no debería estar investigando este caso.

SEMANA: ¿Por qué cree que no se hace a un lado?

L.F.A.: El argumento él ha hecho es que los fiscales son totalmente independientes. Y por lo tanto no creen en la necesidad de hacerse a un lado. Ese concepto yo no sé si legalmente es correcto. Yo no soy abogado, pero en ninguna parte del mundo se considera una investigación independiente cuando el que investiga es un subalterno de alguien. Para que haya una independencia real se necesita que el que investiga no sea subalterno.

SEMANA: Dentro de la denuncia que hace por la falta de investigación de alto nivel a los responsables de hechos de corrupción, usted habla de un controller. ¿Por qué esa valoración sobre este testigo?

L.F.A.: Un tema que es importante entender es cómo era la asociación entre el grupo Aval y Odebrecht en las empresas Ruta del Sol y Consol. El líder y el mayoritario en esas empresas era Odebrecht. Pero el Grupo Aval, dado que tiene una participación muy significativa del 33 por ciento, buscó tener facultades para evitar que ocurrieran hechos irregulares en esas compañías. Y por eso, a través de esos acuerdos de accionistas, acordó con Odebrecht que la función de auditoría interna (ellos la llaman controller) fuera una función a cargo de un funcionario nombrado por el Grupo Aval, en este caso, el doctor Jorge Enrique Pizano. Y que los pagos que se hicieran de la empresa Consol, que era de donde salían la mayor parte de pagos a terceros, tenían que tener la aprobación de un funcionario también nombrado por el Grupo Aval.

Desde el inicio del contrato hasta el año 2014 esa función la ejerció el doctor Mauricio Millán. Y a partir de la salida de Millán esa función la asumió Javier Mejía. Entonces, lo que podemos ver es que el Grupo Aval no era un socio pasivo en la ejecución de este proyecto. Tenía posiciones en la junta directiva donde se tomaban las principales decisiones. Y tenía funcionarios nombrados por Corficolombiana para asegurarse que no se dieran hechos al interior de estas empresas sin su conocimiento.

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SEMANA: ¿Para usted qué probabilidad hay de que esto que han dicho estos testigos se traduzca en medidas de justicia en contra de estos ejecutivos?

L.F.A.: Yo personalmente creo que la Fiscalía no está actuando debidamente en la investigación de todos estos hechos. Por eso creo que la solución correcta sería que se nombrara un fiscal ad hoc para las investigaciones relacionadas a todo este tema de Odebrecht. No solo mi caso. Mi caso es una parte del tema. Todos los casos y toda la problemática general alrededor de Ruta del Sol, Consol, Navelena, todos estos hechos que se dieron en Colombia a raíz de las inversiones que hizo Odebrecht en el país.  

SEMANA: Se anunciaron nuevos cargos en su contra ¿cree que hay una persecución para evitar procesar a otros?

L.F.A.: No sé cuál es la motivación de la persecución pero sin duda está ocurriendo. A mí me imputaron ocho cargos y ya sabemos por los testimonios que se han dado ante la Procuraduría, la Corte Suprema y la propia Fiscalía. Se han entrevistado a los altos funcionarios del gobierno, de la ANI, a los interventores, a los asesores externos, e inclusive a los propios contratistas. En ningún testimonio hay una acusación que diga que yo actué de una manera indebida.

Entonces, yo estoy absolutamente seguro de que en estos cargos, después de que pase mucho tiempo porque así es la justicia, determinará que soy inocente. Y va a pasar lo mismo en los nuevos cargos porque los nuevos tienen menos fundamento que los anteriores, que ya no los tenían. Fíjese que en la suma de todo esto ya son 10 cargos los que me imputan. No hay ninguna otra persona a la que hayan investigado aquí y que le hayan puesto un número de cargos tan alto. Soy la única persona que no recibió u ordenó el pago de dinero. Y está comprobado que las decisiones que tomé le ahorraron dinero al gobierno. Es kafkiano como ya se los había dicho en otra entrevista.

SEMANA: Es claro que el momento político termina irradiando en la celeridad que tienen las investigaciones ¿cómo ve al nuevo gobierno frente al escándalo de Odebrecht?

L.F.A.: Me parece excelente que llegue un nuevo presidente con nuevos aires y con el deseo de que todo este tema de corrupción se ponga bajo control en Colombia. Me dio mucha satisfacción ver el nombramiento del gabinete, que fue un nombramiento de personas idóneas, que no obedeció a una repartición de la torta burocrática. Yo esperaría que en este nuevo gobierno se evitan muchas de las cosas que estamos viendo ocurrieron en los últimos años.

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SEMANA: Ha cuestionado los nuevos cargos de la Fiscalía, dijo que se hace porque ya estaba ad portas de recobrar la libertad ¿En que incide su libertad en el trabajo de la Fiscalía?

L.F.A.: Algo lógico es que si uno está libre se puede defender mejor, en la medida en que en una prisión la capacidad de defensa es muy inferior. Con seguridad, en algo de eso tiene que ver la capacidad. Puede ser que también les preocupe las comunicaciones es que mi esposa y yo estamos teniendo con el gobierno americano y quieran restringirlas.  

SEMANA: Cuéntenos cómo ha sido esta experiencia en permanecer en detención domiciliaria. ¿Qué ha sido lo más fuerte de todo este tiempo?

L.F.A.: Como todo en la vida tiene su lado malo y su lado bueno. Obviamente ha sido muy duro para mí porque no puedo trabajar, soy una persona que desde que cumplí los 15 años no he parado de trabajar y estar a horas poder hacerlo es muy frustrante; estar también acusado ante la picota pública como un corrupto que ha ayudado a Odebrecht es algo muy duro. Y el miedo que infunde la actuación arbitraria de las autoridades. Esto ha sido muy difícil. Ahora por el lado positivo. He tenido una solidaridad muy grande de amigos, familiares, gremios, me permite mantener el ánimo final. La verdad es que también me visitan todos los días. Siempre una dos o tres personas a darme su solidaridad y acompañarme. También ha sido muy gratificante ver cómo los medios están investigando. Porque a pesar de que la Fiscalía no quiere o parece no querer investigar ciertas cosas, los medios sí lo están haciendo y poco a poco está saliendo la verdad de los hechos.