Andrés Felipe Arias: ¿Condena exagerada?

Perdido el partido contra Brasil, el tema que quedó sobre el tapete pasó de ser James a Andrés Felipe Arias. En círculos políticos y jurídicos la magnitud de su condena fue considerada absurda. Muchos creían que era totalmente inocente y los que lo consideraban culpable creían que sus faltas eran de mucho menor gravedad que el prontuario que le endilgó la Corte Suprema de Justicia.  

Cuando la revista Cambio denunció que una exreina de belleza y un puñado de terratenientes millonarios se hicieron fraudulentamente a subsidios del Estado, el caso de Agro Ingreso Seguro se convirtió en un escándalo nacional. No era para menos en un país en donde la inequidad entre el campo y la ciudad ha atizado el conflicto armado por décadas. Por cuenta de este el exministro Andrés Felipe Arias fue capturado y la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía abrieron procesos en su contra. 

El fallo que dio a conocer la Corte Suprema la semana pasada es el punto final del proceso penal que duró tres años. Andrés Felipe Arias fue condenado por dos delitos que pueden dar lugar a amplias discusiones jurídicas. El primero es peculado por apropiación en favor de terceros y el segundo celebración de contratos sin el debido cumplimiento de los requisitos legales. Ambos en un escenario favorable podrían darle siete años de cárcel, de los cuales ya ha pagado casi tres, y en el peor de lo casos 33 años de prisión. Aunque la Corte Suprema lo declaró culpable, todavía no se ha determinado a cuántos años ascenderá su pena.

Contrario a lo que muchos creen hoy Agro Ingreso Seguro no era un programa para favorecer a los campesinos más pobres. Fue creado en 2006, por el mismo Arias, y fue aprobado por el Congreso en pleno, con el objetivo de preparar a los agricultores colombianos, grandes y pequeños, para los Tratados de Libre Comercio que vendrían. Eso en la práctica significaba apoyar a los grandes empresarios, ya que en el mundo globalizado la única forma de competir es a través de agroindustria, pues el minifundio no tiene chance.  

Por lo tanto, los subsidios que recibieron los grandes agricultores y que desataron amplias polémicas en la prensa no eran un delito. El problema comenzó cuando estos últimos decidieron fragmentar sus predios para obtener más ayudas de las permitidas. Ese fue el caso de las familias Dávila, Vives, y de otras seis familias que fragmentaron sus predios e hicieron todo tipo de piruetas para lograr subsidios del orden de 26.400 millones, según dijo en su momento la fiscal Viviane Morales. La exreina Valerie Domínguez, novia de Juan Manuel Dávila, acabó convirtiéndose en el símbolo de ese escándalo por cuenta de haber prestado su nombre para uno de esos malabares. 

Esos ocho casos y los 26.000 millones de pesos generaron una gran indignación nacional y se convirtieron en uno de los mayores escándalos del gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, en términos generales el programa Agro Ingreso Seguro funcionó. Los goles del escándalo no representaron ni siquiera el 3,5 por ciento del total de los recursos invertidos. Y aun en esos casos está probado que sí se invirtió para el riego de los cultivos. El otro 96,5 por ciento cumplió con los objetivos trazados. El programa benefició a 316.000 familias campesinas, la mayoría de bajos recursos, y alcanzó a impactar cultivos en más de 1 millón de hectáreas.

Por todo lo anterior, ha creado cierto desconcierto que el exministro de Agricultura esté ad portas de pasar muchos años tras las rejas sin haberse robado un centavo. Más sorprendente aún si se tiene en cuenta que los que se beneficiaron de ese engaño al Estado han sido condenados a penas irrisorias y casi no han pasado ni un solo día en la cárcel. Los delitos que la Corte Suprema de Justicia le imputó a Arias son dos: 1) Peculado por apropiación a favor de terceros y 2) Celebración de contratos sin los requisitos legales. 

El primero, el peculado, se debe a la utilización de testaferros para fraccionar los predios de tal suerte que cada uno no supere el tope legal permitido. La Corte Suprema determinó que si bien Arias no se benefició económicamente de esas maniobras, “los términos de referencia de las convocatorias de riego y drenaje para imponer reglas sí favorecían a sectores específicos del sector agrícola”. Con esto quiso decir que el exministro sí conocía de esos subsidios irregulares y había diseñado un programa que los permitía. 

La Corte asegura que Arias tuvo injerencia directa en la entrega de estos subsidios pues quienes los otorgaban eran de su “mayor confianza”. Los magistrados incluso van más allá y aseguran que “era evidente la existencia del fraccionamiento” y que Arias no reaccionó porque “su objetivo era ubicar los subsidios en determinados sectores”. Esta presunción es debatible. El exministro siempre ha sostenido que se enteró de estas irregularidades cuando los medios de comunicación las hicieron públicas. Eso puede o no ser verdad, pues el exministro estaba más encima del otorgamiento de esos créditos de lo que ha reconocido. Sin embargo, el que tomaba las decisiones no era él, sino el IICA que es la agencia de la OEA a la cual se le había delegado esa función. 

El segundo delito por el cual condenan a Arias es el de celebración de contratos sin requisitos legales. Este tema es muy complejo y hay argumentos tan válidos para condenarlo como para absolverlo. El eje de la controversia es que el programa Agro Ingreso Seguro se contrató de manera directa y no por licitación pública. El contrato se hizo con el IICA, que es la entidad adscrita a la OEA especializada en ese tema. Todos los ministros anteriores a Arias, incluso los que lo sucedieron como Juan Camilo Restrepo, han contratado con esa entidad de ese mismo modo. 

Independientemente de si esa modalidad de contratación es legal o ilegal, lo que es un hecho es que era una práctica aceptada. La normatividad colombiana permite que los contratos de “ciencia y tecnología” sean hechos de manera directa. Muchos creen que el sistema de riego de los cultivos, que era para lo que estaban diseñados los subsidios, pertenece a esa categoría y que por eso, Arias y todos los funcionarios públicos han tenido razón al realizar ese proceso de ese modo. Para la Fiscalía, el calificativo de “ciencia y tecnología” no era más que un disfraz para saltarse un requisito legal. La Corte se fue por esa última interpretación.

Teniendo en cuenta que el exministro no se robó un solo peso y que hizo lo que habían hecho sus antecesores su condena ha sido considerada injusta. “Es una injusticia terrible con él, con el país y con todos los que somos servidores públicos”, dijo Juan Ricardo Ortega, saliente director de la Dian. “En Colombia los criminales que roban de verdad tienen miles de millones en su patrimonio y ahora Arias, que no se robó un peso, es nuestro gran criminal”.

El hecho de que su culpabilidad haya sido fallada casi al mismo tiempo que otros dos casos, que han sido percibidos como injustos por la opinión, como el de Andrés Camargo (ver entrevista de María Jimena Duzán) y el del general Uscátegui, plantea por lo menos un interrogante sobre el funcionamiento de la justicia en el país. Fallos como ese hacen que muchas personas honestas a quienes les interesaría ser servidores públicos se abstengan de serlo.