En suspenso ‘Plan B’ de Andrés Felipe Arias

Ya casi cumple un año prófugo el exministro de Agricultura Andres Felipe Arias -considerado de la guardia pretoriana del entonces presidente Álvaro Uribe-, condenado a 17 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia.

Se comprobó que el exfuncionario tenía conocimiento directo de las irregularidades que se presentaron en el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), una iniciativa destinada para entregar recursos económicos a pequeños y medianos agricultores, que terminó en manos de las más poderosas familias de la costa caribe.

Tras esta condena se conoció que Arias fue visto en Miami (EE. UU.) y que estaría tramitando con el gobierno estadounidense una solicitud de asilo de carácter político. Paralelamente a esta acción, su suegro decidió interponer una tutela en nombre de su yerno para tumbar su condena.

Semana.com conoció detalles de la acción interpuesta por el padre de la esposa del exministro en calidad de agente oficioso.

En ella señaló que existió “una clara violación al debido proceso por parte de la Corte Suprema de Justicia al condenar a Andres Felipe Arias a 17 años por las irregularidades derivadas en la entrega irregular de subsidios”.

Dentro de los principales argumentos de la acción, se destacan que la Corte interpretó que los convenios de ciencia y tecnología (empleados por Arias en AIS) venían de administraciones anteriores y habían sido avalados por los gobiernos de turno buscando incentivar a los pequeños agricultores.

De igual forma, el recurso indicó que la Corte Suprema fue selectiva en el momento de practicar las pruebas del proceso, lo que vulnera el derecho de defensa del exministro.

“Fue condenado por lo que hicieron durante muchos años todos los ministros de Agricultura, al hacer más de 130 convenios con el IICA. Ellos hicieron exactamente lo mismo sin que tuvieran ningún reproche”, detalló el texto.

La tutela llegó el viernes pasado a la Corte Constitucional y fue sometida al estudio de la sala de selección integrada por los magistrados María Victoria Calle y Luis Guillermo Guerrero. Para que fuese estudiada por la Corte de inmediato, se necesitaba que los dos magistrados estuviesen de acuerdo. Esta vez, no ocurrió.

Para el magistrado Guerrero, la tutela planteaba un tema jurídicamente interesante respecto a la posibilidad de que una persona en calidad de agente oficioso interponga una acción judicial en nombre de una persona que esta prófuga de la justicia. Por eso consideró conveniente estudiarla.

De otro lado, la magistrada Calle consideró innecesario el estudio de la acción, puesto que la misma corporación, mediante la sentencia de unificación 055 de 2015, había puesto las normas claras en ese aspecto.

“El hecho de que esté (Andres Felipe Arias) en una situación de contumacia no justifica por sí mismo el empleo de una figura como la oficiosa”, precisó dicha sentencia.

Ante la división de los magistrados, la Corte decidió no estudiar la acción. Sin embargo, todavía le queda un último cartucho al exministro Arias para tumbar el fallo de la Corte.

Por ello se radicará ante una nueva sala de selección un recurso de insistencia, en el cual se debe explicar la conveniencia de esa acción de tutela. Será el alto tribunal el que decida.