Andrés Felipe Arias: este es el fallo completo de la Corte Suprema de Justicia. “La pena impuesta no es injusta ni excesiva”

Por años, el caso de Andrés Felipe Arias ha sido uno de los más controvertidos del derecho penal. La condena a 17 años 5 meses y 8 días de prisión contra el exministro es una de las más altas que se ha impuesto a un alto funcionario. Y en su caso, no solo lo dejó por fuera de la carrera presidencial sino que lo convirtió en un símbolo judicial para el uribismo y en el ejemplo de la evasión de la justicia para sus antagonistas.

Lea el fallo completo:

La llegada de Arias, extraditado en agosto de 2019, fue un golpe político y jurídico. Tras pasar años buscando asilo en Estados Unidos, y luego estar preso en una cárcel en ese país, el exministro perdió su batalla y tuvo que volver a enfrentar la justicia colombiana.

Su caso siempre dividió al país. Por un lado, unos lo consideran inocente y piensan que su condena resultó del choque de trenes que tuvo lugar hace diez años entre el entonces presidente Álvaro Uribe y las Cortes. Otros estiman que sí hubo irregularidades en el manejo del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), pero que una condena de 17 años resulta excesiva. Y otros esperaban que le cayera todo el peso de la condena que inicialmente le fue impuesta.

La Corte Suprema de Justicia finalmente se definió por esta última tesis. En su sentencia, los magistrados aseguraron que en desarrollo del Programa Agro Ingreso Seguro AIS, el exministro desconoció los principios de contratación estatal de transparencia, planeación, economía y responsabilidad (contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo), y no evitó que particulares se apropiaran ilícitamente de recursos del AIS (peculado por apropiación agravado en concurso homogéneo).

Y rechazó de frente los argumentos de que la pena había sido excesiva. “La Corte también desvirtuó la inconformidad de la defensa frente al monto de la pena de prisión impuesta al exfuncionario (209 meses y 8 días). Concluyó que no es injusta ni excesiva, sino que, por el contrario, respeta el proceso de motivación, es proporcional, necesaria y fundada en los términos de la acusación formulada en su momento por la Fiscalía General de la Nación”.

El alto tribunal señaló que el entonces ministro concibió el Programa Agro Ingreso Seguro “como instrumento facilitador de sus aspiraciones políticas, mediante su intervención en los Comités y las Unidades Coordinadoras y Ejecutoras, integradas con personal del Ministerio de su confianza y del IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura)…”.

El fallo contra Arias

En la lectura de la sentencia, Gerson Chaverra, presidente de la Sala Penal, señaló que en el recurso de impugnación presentado por la defensa de Arias, no logró desvirtuar la responsabilidad y participación del entonces Ministro de Agricultura con la firma de convenios con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para el manejo de los subsidios económicos que le iban a ser entregados a campesinos.

En cambio, las pruebas documentales y testimoniales reseñan que, pese a estar advertido que estos recursos estaban siendo mal usados y habían llegado a familias adineradas, principalmente de la Costa Caribe, que habían fraccionado en el papel sus predios para recibir más subsidios, el entonces jefe de la cartera de Desarrollo Rural no tomó cartas en el asunto y se siguió con la celebración del convenio, omitiendo así sus funciones.

Andrés Felipe Arias Leiva fue condenado en julio de 2014 a 17 años de prisión por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos. En otras palabras, fue condenado por el escándalo de la adjudicación de subsidios millonarios del programa de Agro Ingreso Seguro (AIS) a personas adineradas que no necesitaban estos beneficios.

El exministro, quien se encuentra con detención domiciliaria desde el pasado 23 de agosto, fue deportado de los Estados Unidos el 12 de julio de 2019, después de estar en ese país por cinco años.

Cabe recordar que la Fiscalía General le solicitó a la Corte dejar en firme la condena, al considerar que se logró demostrar, más allá de toda duda razonable, que el exjefe de la cartera de Desarrollo Rural incurriera en las irregularidades en la celebración de los contratos del programa que tenía como objetivo principal apoyar a los pequeños y medianos agricultores frente a la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.

“Le solicito a la Sala de Decisión mantener la pena en los términos y condiciones establecidos en el fallo impugnado, frente a la evidencia que en ese proceso no se incurrió en error o desconocimiento de garantías”, precisa uno de los apartes de la petición firmada por el fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Carlos Mejía Abello.

En uno de los apartes del documento de 245 páginas, la Fiscalía indica que en el fallo de primera instancia se hizo “un análisis sobre la coparticipación criminal con la que habían actuado Arias Leiva, los funcionarios a su cargo, los funcionarios del IICA y los beneficiarios, quedando así demostrada la segunda circunstancias de mayor punibilidad que le fuere cuestionada al doctor Andrés Felipe Arias”.

Los subsidios que distribuía el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) ―resalta la Fiscalía― llegaron a manos de grandes empresarios que llegaron a presentar, en el papel, predios fraccionados para recibir más subsidios económicos: “La Sala concluyó que debido a su cargo de ministro de Agricultura y a la autoridad que ejercía en la cartera, conoció y estuvo al tanto de los procesos contractuales que se celebraron para la ejecución del programa AIS”.

El delegado del ente investigador señaló que, durante el extenso juicio, que se extendió durante cuatro años, se demostró la teoría de la Fiscalía General frente a las múltiples irregularidades en la celebración de contratos.

Por estos mismos hechos, la Procuraduría General, en el 2011, lo destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos. En el documento firmado por el entonces procurador General, Alejandro Ordóñez, se advirtió que Arias actuó con dolo puesto que tuvo conocimiento de las irregularidades.