Judicial
Aunque sigue pagando su pena de 17 años en casa por cárcel, el exministro Andrés Felipe Arias ya tiene un trabajo y podría hasta viajar
El pasado 23 de agosto recibió el beneficio de la detención domiciliaria por cumplir las tres quintas partes de su condena por Agro Ingreso Seguro (AIS).
El exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leiva recibió otro beneficio judicial. En esta oportunidad, el juzgado 16 de ejecución de penas le otorgó el permiso para poder trabajar fuera de su casa. La decisión se tomó tras revisar la petición presentada por su abogado, realizar las visitas correspondientes y verificar que cumple con todas las condiciones.
Una fuente cercana indicó que Arias ha demostrado un comportamiento ejemplar en el tiempo en el que ha estado privado de su libertad. Igualmente, ha adelantado actividades de estudio y trabajo, así como la escritura de varios libros y el apoyo a diferentes procesos académicos.
El pasado 23 de agosto, el exministro recibió el beneficio de casa por cárcel por considerar que ya cumplió tres quintas de la condena de 17 años y cinco meses de prisión impuesta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad en el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).
Andrés Felipe Arias Leiva fue condenado en julio de 2014 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por el escándalo de la adjudicación de subsidios millonarios del programa de AIS a personas adineradas que no necesitaban estos beneficios.
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El exministro, quien se encontraba privado de su libertad en la Escuela de Caballería del Cantón Norte, fue deportado de los Estados Unidos el 12 de julio de 2019, después de estar en ese país por cinco años.
Antes de conocer el sentido del fallo, el exministro salió del país junto a su familia reclamando falta de garantías procesales y una persecución política por parte de la justicia colombiana por su mera cercanía con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En diciembre pasado, SEMANA estableció que la Sala Penal de la Corte Suprema empezó formalmente la revisión del recurso de impugnación del caso del exministro Andrés Felipe Arias. Esto atendiendo un fallo de tutela de la Corte Constitucional que ordenó otorgarle la segunda instancia a los aforados constitucionales, entre estos, el exministro de Agricultura.
En este estudio, la Fiscalía General le solicitó ya a la Corte dejar en firme la condena al considerar que se logró demostrar, más allá de toda duda razonable, que el exjefe de la cartera de Desarrollo Rural incurriera en las irregularidades en la celebración de los contratos del programa que tenía como objetivo principal apoyar a los pequeños y medianos agricultores frente a la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.
“Le solicito a la Sala de Decisión mantener la pena en los términos y condiciones establecidos en el fallo impugnado, frente a la evidencia que en ese proceso no se incurrió en error o desconocimiento de garantías”, precisa uno de los apartes de la petición firmada por el fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Carlos Mejía Abello.
En uno de los apartes del documento de 245 páginas, la Fiscalía indica que en el fallo de primera instancia se hizo “un análisis sobre la coparticipación criminal con la que habían actuado Arias Leiva, los funcionarios a su cargo, los funcionarios del IICA y los beneficiarios, quedando así demostrada la segunda circunstancias de mayor punibilidad que le fuere cuestionada al doctor Andrés Felipe Arias”.
Los subsidios que distribuía el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) ―resalta la Fiscalía― llegaron a manos de grandes empresarios que llegaron a presentar, en el papel, predios fraccionados para recibir más subsidios económicos. “La Sala concluyó que debido a su cargo de ministro de Agricultura y a la autoridad que ejercía en la cartera, conoció y estuvo al tanto de los procesos contractuales que se celebraron para la ejecución del programa AIS”.
El delegado del ente investigador señaló que durante el extenso juicio se demostró la teoría de la Fiscalía General frente a las múltiples irregularidades en la celebración de contratos.