Una luz de esperanza para Andrés Felipe Arias

Andrés Felipe Arias, solicitado en extradición, está preso en una cárcel de Estados Unidos bajo un régimen severo, pero se niega a claudicar frente a la sentencia de 17 años de cárcel que le impuso la justicia colombiana. Aunque hasta ahora solo ha acumulado derrotas legales, sigue pidiendo que le revisen su sentencia apoyado en una decisión no vinculante de Naciones Unidas. Esto podría representar la caótica reapertura de unos 250 fallos similares –todas las decisiones de única instancia en la Corte Suprema– pero la posibilidad no parece tan remota.  

A comienzos de año, cuando la agenda de la corte se concentraba en los impedimentos del fiscal y en la nueva parálisis por la repartición de la torta burocrática, Arias repitió su estrategia legal de acudir a la tutela. Antes había intentado con un recurso de este tipo, pero la Corte Suprema se lo negó dos veces y no le alcanzó tampoco para que la Corte Constitucional la seleccionara.

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Esta vez, Arias atacó por el frente rebelde de la Corte Suprema –la Sala Civil– que el año pasado fue  capaz de tumbarles a sus colegas de la Sala Penal la sentencia a 25 años contra el exsenador Martín Emilio Morales Diz. El político cordobés fue encontrado responsable de parapolítica y bacrimpolítica. Morales presentó una tutela alegando que le habían violado la garantía de la doble instancia. La Sala Civil tumbó el fallo en primera instancia y luego, la Laboral lo revivió. Después Morales logró llevar el expediente a la Corte Constitucional que dirá la última palabra.

El caso de Morales y el de Arias son diferentes. La sentencia del primero está en una especie de sándwich judicial porque su fallo fue de única instancia en un momento en que el Congreso ya había creado la doble instancia para aforados. Por medio de un Acto Legislativo los parlamentarios saldaron parte de la deuda histórica que entró en vigencia en enero de 2018. No obstante, la transición resultó tortuosa.

Los congresistas no previeron que la elección de nuevos juristas encargados de hacer realidad la doble instancia tomaba tiempo, de modo que los procesos quedaron en un peligroso limbo. La Sala Penal entonces decidió seguir trabajando con las mismas reglas de siempre mientras agilizaba la elección de nuevos juristas.

Después vinieron las acciones judiciales de quienes quedaron en la mitad de la transición, que se prolongó por seis meses. Y de esta colada, las tutelas de Morales y del exsenador Álvaro Ashton se convirtieron en las más representativas porque la Corte Constitucional ya seleccionó sus casos.

Arias espera salir favorecido del confuso momento de transición. Pero su caso tiene un obstáculo muy difícil de superar. Su sentencia condenatoria tiene fecha de abril de 2014, antes de los fallos de los políticos en cuestión.  

Esta semana, la Sala Civil tardó más de lo esperado pero volvió a negarle la acción de tutela. Aun así el exministro seguirá su rumbo en la Sala Laboral –donde es poco probable que tenga chance– e intentará llegarle otra vez a la Corte Constitucional. Es decir, la ruta del caso de Morales.

¿La oportunidad?

En el tribunal constitucional el caso de Arias seguramente contará con un aliado conocido. El magistrado Luis Guillermo Guerrero intentó seleccionar la primera tutela de Arias con el argumento de que tenía un tema interesante. Veía que la corte podía estudiar de fondo cómo proceder cuando un agente oficioso adelante una acción judicial en nombre de un prófugo de la justicia. El magistrado se quedó solo porque la exmagistrada María Victoria de Calle se negó a montarse en ese bus.

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En este impulso Guerrero perdió, pero después el magistrado fue el ponente de una sentencia hito en la Corte Constitucional. Se trata de la que le ordenó al Congreso garantizar el derecho de los colombianos en el artículo 29 de la Constitución: poder impugnar una sentencia condenatoria.

Muy pocos tienen claro en el país que este fallo marcó una diferencia crucial entre doble instancia e impugnación. La Corte Constitucional estableció que la doble instancia, un asunto de arquitectura judicial que garantiza el debido proceso, puede tener excepciones, y de hecho durante años los aforados tuvieron un sistema de única instancia por el privilegio que los juzgaban los más altos magistrados. Y al mismo tiempo, reconoció que la impugnación de una sentencia es un derecho en las democracias del mundo para cualquier persona condenada por primera vez, sin importar la instancia. En esta diferencia Arias y los aforados sentenciados ven su tabla de salvación.

Cuando el Congreso creó la doble instancia para aforados en 2018 no resolvió todo el problema. La reforma nunca dijo qué hacer con todos aquellos –aforados o no– que fueron condenados por primera vez y agotaron todas sus instancias.

La Corte Suprema –llenando el vacío legislativo– acaba de adoptar un modelo para conceder la impugnación a los condenados por primera vez, siempre y cuando estas sentencias sean posteriores a enero de 2018. Pero la clave en todo este meollo es que la Corte Constitucional está estudiando este mismo tema, y allí hay quienes quieren conceder esta garantía retroactivamente. El sueño de Arias estaría a punto de hacerse realidad.

La ponencia

Los magistrados constitucionalistas tienen en sus despachos una ponencia de su colega Antonio José Lizarazo, quien estudió el caso del exconcejal de Gigante (Huila) Róbinson Rodríguez Oviedo. Un juez archivó el proceso de este político regional por prescripción en septiembre de 2015; luego el Tribunal Superior de Neiva lo reabrió y lo condenó por primera vez. Aunque intentó apelar el fallo que lo encontró responsable del delito de falsedad ideológica en documento público, la Corte Suprema solo le abrió las puertas de la casación. Por ello, decidió acudir a una tutela para alegar que la Sala Penal decidió en forma “caprichosa y arbitraria”.

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Lizarazo cree que a Rodríguez Oviedo le violaron su derecho constitucional a la impugnación y –con el argumento de que las normas evolucionan– planea ordenarle a la Sala Penal de la Corte Suprema estudiar el caso en impugnación, no en casación. El borrador de fallo estaba listo para que lo votaran nueve magistrados de la Corte Constitucional pero a última hora decidieron pedir un concepto a la Sala Penal de la Suprema.

Cabe recordar que la Sala Penal ha sido enfática en que si los condenados reciben el principio de favorabilidad cada vez que cambie la ritualidad de los procesos en Colombia, estos serán interminables.

Ahora bien, en este propósito también se montó el Centro Democrático. El expresidente Álvaro Uribe anunció que buscaría la segunda instancia retroactiva, iniciativa que lleva el nombre de Andrés Felipe Arias. El borrador del proyecto está listo para ser radicado después de Semana Santa y todo parece indicar que acertarán en el punto.

Mientras la Corte Constitucional se pronuncia, el proyecto de acto legislativo anunciado por el expresidente  Uribe está listo para ir al Congreso.

Varios abogados están puliendo el proyecto, de nivel constitucional, en el despacho de uno de los autores de la iniciativa, el representante Juan David Vélez. SEMANA conoció que no reclamarán la doble instancia –que existe desde enero de 2018–, sino que le apuntarán a la garantía universal y constitucional de la impugnación.

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También propondrán que tres magistrados de la misma Sala Penal –que no hayan participado en la sentencia condenatoria– se encarguen de revisar las decisiones en apelación. La iniciativa completa será polémica pero sobre todo un punto en particular: algunos juristas consideran que el superior jerárquico no tiene de manera obligatoria que resolver el recurso de la impugnación. Otros creen que sí.

Detrás de esta maraña jurídica se le está encendiendo una pequeña luz de esperanza a Arias. Y en medio de tantas batallas judiciales perdidas, hay que decir que este año tiene varios astros alineados.