Arias y Santrich: dos caras de una moneda

Cuando a Andrés Felipe Arias lo condenaron por el caso de Agro Ingreso Seguro, en julio de 2014, Jesús Santrich se paseaba frente a las cámaras de televisión por el centro de convenciones de El Laguito, en La Habana, como uno de los negociadores de paz de la guerrilla de las Farc. El primero parecía poner fin a su carrera política tras la sentencia a 17 años y 5 meses de prisión, después de haber sido ministro y el precandidato presidencial de la entraña de Álvaro Uribe. El segundo esperaba todo lo contrario, estrenarse en la política y llegar al Congreso una vez firmado el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.  

Aunque Arias y Santrich no tienen nada en común y pertenecen a orillas políticas opuestas, las jugadas del destino terminaron por hacerlos coincidir en circunstancias similares. Ambos están privados de la libertad y a la espera de que les resuelvan el pedido de extradición que tienen encima. A Arias, detenido en una cárcel federal de Florida, Estados Unidos, lo reclama la Corte Suprema de Justicia para que pague su condena en Colombia. Mientras tanto, a Santrich, preso en La Picota, lo afecta una solicitud de Estados Unidos que lo investiga por su presunta responsabilidad en el envío de 10 toneladas de cocaína a carteles mexicanos.

Los dos se han convertido en figuras emblemáticas y casi en una especie de mártires para los sectores políticos a los que pertenecen. Y el uribismo y las Farc, dos sectores tan radicalmente opuestos, coinciden en calificarlos como víctimas de montajes o de persecuciones judiciales. Además, les han dado el calificativo de presos políticos.

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En el caso de Arias, el uribismo afirma que al exministro lo condenó la Corte Suprema de Justicia en retaliación por los choques de esta con el presidente Álvaro Uribe, mentor de Uribito. Incluso, cuando el presidente Juan Manuel Santos firmó la extradición de Arias, el propio Uribe lo acusó de haber presionado a la justicia norteamericana para traer al exministro al país como parte de su “obsesión” de perseguir a sus adversarios políticos. Esa versión hizo carrera en el uribismo, pero carece de fundamento.

tanto el uribismo se opone a la extradición de Andrés Felipe Arias a Colombia como las Farc a la de Jesús Santrich a Estados Unidos.

Las Farc, por su parte, califican la captura de Santrich como un montaje de quienes consideran “enemigos de la paz”. Y formaría parte de la estrategia de hacer “trizas” el acuerdo. Los dirigentes de esta organización, en concreto, culpan al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y dicen que no tiene las pruebas suficientes para ordenar la captura de uno de los diez congresistas del partido Farc. El funcionario, sin embargo, insiste en que hay evidencias para relacionar al exjefe guerrillero con el delito de conspiración para exportar cocaína.

Lógicamente, tanto el uribismo se opone a la extradición de Andrés Felipe Arias a Colombia como las Farc a la de Jesús Santrich a Estados Unidos. No solo los consideran inocentes, sino que reclaman su libertad inmediata.

La suerte de Arias está en manos de la justicia norteamericana. Este mes deberá resolver los recursos que interpuso su defensa luego de que el juez federal John O’Sullivan le dio luz verde a su extradición a Colombia. El exministro argumenta que no existe un tratado de extradición vigente que permita deportarlo al país para cumplir su pena. La carta que se está jugando Arias tiene pocas posibilidades de éxito, pues decenas de colombianos han sido extraditados.

Aunque Arias esperaba que con el presidente Iván Duque su situación se resolviera a su favor, para el gobierno el asunto es muy complejo. A primera vista podría haber retirado la solicitud de extradición, como había pedido el Centro Democrático, y esperar que la justicia de Estados Unidos resolviera sobre el asilo político que el exministro reclamó desde que llegó a ese país. Sin embargo, el propio presidente ha dicho que a estas alturas es “improcedente” porque ya se surtió el proceso que culminó con el aval a la extradición de Arias. Y el jueves pasado, un juez de Florida le negó nuevamente una solicitud de libertad bajo fianza.

Pese a ello, el gobierno colombiano ha intercedido por Arias. El 18 de diciembre Francisco Santos, embajador en Washington, le envió una carta al Departamento de Justicia de ese país para abogar por la libertad bajo fianza del exministro por razones humanitarias.

La audiencia definitiva de Arias tendrá lugar en las próximas semanas. De no obtener el asilo, el exministro espera por lo menos recuperar su libertad y en esa condición regresar al país para ser juzgado en segunda instancia. Entre otras, así lo decidió el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que consideró que no se le había garantizado ese derecho universal. Pero si la justicia de Estados Unidos ratifica su extradición, Arias tendría que regresar al país en condición de preso para cumplir su condena. Eso generará indignación en el uribismo, pues considera injusto que una persona que no se robó un peso pague una pena de prisión exagerada, mientras que los miembros de las Farc pagan penas alternativas y están haciendo política.

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Santrich y el proceso de paz

A diferencia del caso de Arias, el escenario de la extradición de Jesús Santrich tendría mayores repercusiones sobre el proceso de paz con las Farc y lo podría poner en jaque. De hecho, el propio Timochenko ha confesado que, si Santrich termina en Estados Unidos, las reglas de lo acordado en La Habana cambiarían. Dice que en su criterio la espada de Damocles de la extradición pendería sobre todos los desmovilizados, simplemente con el reclamo de la DEA.

La suerte de Santrich, y en últimas del proceso de paz, está en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tendrá que determinar si contra Santrich procede el proceso de extradición. Ese nuevo organismo formalmente solo debe ratificar que los hechos por los cuales lo investigan las autoridades norteamericanas sucedieron después de la firma del acuerdo de paz, es decir, del 1 de diciembre de 2016 cuando se refrendó en el Congreso. Para los hechos cometidos antes, el texto acordado en La Habana garantiza que ninguno de los guerrilleros podrá ser enviado a Estados Unidos.

Esta decisión de la JEP, sin embargo, mucho más de fondo que la fecha, ha estado en un limbo desde el 7 de junio del año pasado, cuando Estados Unidos pidió oficialmente a Santrich. La JEP reclamó su competencia y solicitó a la Fiscalía y a la justicia de Estados Unidos las pruebas para tener los elementos suficientes para determinar si Santrich había reincidido tras la firma del acuerdo de paz.  

La Fiscalía envió un expediente que la JEP calificó de insuficiente, mientras que la justicia norteamericana aún no ha remitido el dosier, y es muy probable que no lo haga, ya que para los gringos eso significaría poner en tela de juicio la autonomía de su jurisdicción. La JEP fijó un plazo de 40 días para recibir esas pruebas, que se cumplirá el 28 de enero. En ese momento deberá definir si Santrich se mantiene o queda excluido de la justicia para la paz y debe pasar a la órbita de la jurisdicción ordinaria.

 la extradición del exguerrillero, detenido desde el pasado 9 de abril, quedaría en manos de la Corte Suprema de Justicia que ya se ha pronunciado

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En este escenario, la extradición del exguerrillero, detenido desde el pasado 9 de abril, quedaría en manos de la Corte Suprema de Justicia que ya se ha pronunciado, en varias sentencias de jefes paramilitares, privilegiando los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación sobre la figura de la extradición. En ese caso, la corte puede considerar que primero están las obligaciones del exguerrillero con las víctimas y determine que deba permanecer en el país hasta que eso ocurra. En ese organismo también ha venido ganando peso la tesis de que la extradición debe ser un mecanismo recíproco, y que Colombia no debería enviar a Santrich cuando Estados Unidos no ha hecho efectiva la extradición de Arias.

Pero en caso de que la corte avale la extradición de Santrich, el último trámite para enviarlo a Estados Unidos será la firma del presidente de la república. Duque, en consonancia con su política del que la hace la paga, ha sido enfático en que no le temblará la mano para autorizar la entrega del exguerrillero si se demuestra que cometió un delito después de la firma del acuerdo de paz.

El uribismo y las Farc, adversarios por naturaleza, ahora coinciden en la incertidumbre sobre la suerte judicial de dos de sus figuras emblemáticas. Arias y Santrich, dos caras de la misma moneda.