Andrés Jaramillo, a responder por 'carrusel de contratos'

Se acabaron los tiempos de gloria del conocido empresario, expresidente de Conalvias, Andrés Jaramillo. Cinco meses después de apartarse de su cargo se sentará en el banquillo de los acusados por cuenta del escándalo conocido como ‘el carrusel de la contratación‘ en Bogotá.

Jaramillo está bajo la lupa de la Fiscalía desde hace más de tres años, cuando algunos de los involucrados en las irregularidades en la contratación del Distrito comenzó a ventilar su nombre como la persona que, gracias a sus vínculos con el concejal José Juan Rodríguez, terminó construyendo un tramo de la fase III de Transmilenio en la calle 26. Es la misma obra que destapó la corrupción en algunas entidades distritales y que terminó llevando a la cárcel a los primos Nule, a concejales, secretarios de despacho y a los hermanos Iván y Samuel Moreno.

Las investigaciones avanzaron y por eso este lunes el ente acusador anunció que el próximo 18 de mayo, ante un juez de Bogotá, acusará al expresidente de Conalvías, por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho, derivados de las irregularidades que se dieron tras el contrato de la obra de la calle 26 en Bogotá, transacción que habría generado sobrecostos al distrito por más de 100 millones de pesos. 

En una entrevista para Semana.com el empresario habló de su lío judicial y aseguró que no tenía relación alguna con el concejal José Juan Rodríguez. "Nunca hemos tenido intermediarios para alguna licitación. Llegué a ese contrato por una licitación pública. Generalmente, siempre que se abre una licitación lo primero que hacemos es mirar el pliego de condiciones. Si cumplimos esos requisitos, participamos con nuestra propuesta, de lo contrario, miramos otras alternativas. En ese contrato cumplíamos todos los requisitos", dijo.

En el desarrollo de las investigaciones por el ‘Carrusel de la Contratación‘ la Fiscalía investiga a 110 personas, entre funcionarios públicos, concejales de Bogotá y contratistas. Desde el año 2013 y hasta la fecha han sido proferidas 25 sentencias condenatorias.

El más reciente condenado fue Samuel Moreno quien recibió un duro golpe. Deberá purgar una pena de 18 años de prisión por el ilícito cometido con un contrato por 67.000 millones de pesos para la red pública de ambulancias del Distrito. La Fiscalía pudo probar cómo parte del dinero entró en una feria entre políticos y empresarios, cosa permitida por Moreno.