Nación
Andrés Mayorquín, el exasesor de presidencia que repartía contratos a su esposa, fue suspendido por la Procuraduría
El funcionario del Dapre ocultó información sobre su relación conyugal con Karen Váquiro Cuéllar, una contratista, inhabilitada por ser su esposa, y le permitió que suscribiera dos negocios jurídicos con esa entidad.
Uno de los escándalos que sacudió el gobierno del presidente Iván Duque, fue la feria de contratos que venía entregando a dedo Andrés Mayorquín, un funcionario adscrito a al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien no tuvo reparos en entregarlos directamente a su esposa Karen Váquiro Cuéllar, sabiendo que estaba prohibido y, para mantener la corrupción a flote, ocultaron que eran cónyuges.
Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación suspendió por seis meses al exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Andrés Mauricio Mayorquín Bocanegra (2019-2021), quien incumplió su deber de informar a sus superiores que Karen Váquiro Cuéllar era su cónyuge, y por ello, estaba incursa en causal de inhabilidad para celebrar contratos con dicha entidad.
El ente de control evidenció que el disciplinado permitió la celebración de dos contratos de prestación de servicios profesionales: el 099/2020 por 54′800.000 pesos y el 271/2021 por 44′982.000 pesos, suscritos entre el Dapre y Karen Liseth Váquiro Cuellar, su esposa, afectando su deber funcional con el desconocimiento del principio de moralidad, sin justificación alguna.
Para hacerle conejo a la norma y poder asignar a dedo los contratos para su esposa, de un plumazo, se hicieron los locos y en papeles no aparecían como conyuges.
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“El exfuncionario debió poner en conocimiento de sus jefes la inhabilidad existente por haber una relación conyugal entre él y la contratista. Sin embargo, mantuvo en silencio su relación matrimonial con Váquiro Cuéllar, quien hizo lo mismo frente a sus supervisores, lo cual permitió que los contratos viciados de nulidad por la inhabilidad en que estuvo inmersa se desarrollaran y se ejecutaran”, subrayó el ente de control.
A juicio de la Procuraduría, el entonces asesor favoreció con su comportamiento, los intereses económicos de su cónyuge, pues en vez de advertir la inhabilidad en la que ella estaba incursa “prefirió guardar silencio para que esta pudiera contratar la prestación de sus servicios profesionales” y percibir los honorarios del Dapre.
Las jugaditas de la pareja Mayorquín - Vaquiro, que ocuparon titulares en la etapa final del gobierno Duque no quedaron impunes, la Procuraduría, luego de una larga investigación, tomó las medidas y sanciones contra el ex alto funcionario del Dapre.
“En el fallo de primera instancia, la falta de Mayorquín Bocanegra fue calificada como grave con culpa grave, por desconocer el principio de la moralidad administrativa hacia la exigencia de un comportamiento honesto, ético, recto y leal, alejado y desprovisto de intereses de carácter subjetivo para asegurar el ejercicio y la garantía de la función pública”, señala la Procuraduría en su decisión.
