Andrés Mayorquín y su esposa, cerebros de millonaria trampa en contratación del Estado

El exasesor de la oficina de la jefatura del Gabinete de la Presidencia de la República Andrés Mayorquín está en el ojo del huracán.

La estrategia con la que jugó se derrumbó como un castillo de naipes al quedar al descubierto que, mientras estaba en la Casa de Nariño, su esposa, Karen Vaquiro Cuéllar, obtuvo 24 contratos con más de 15 entidades del Estado, firmados en dos años por más de 1.245 millones de pesos. Mayorquín logró entrar a la Casa de Nariño como asesor en 2019.

Su carta de presentación fue el trabajo que adelantó en el Congreso, y su hoja de vida lo respaldaba por el conocimiento de la columna vertebral del Legislativo desde 2014. Trabajó en la UTL del senador cristiano John Milton Rodríguez durante varios años y eso generó confianza. Por ahora, el también precandidato presidencial ha preferido guardar silencio y no respondió a las preguntas de SEMANA sobre este escándalo.

Paradójicamente, hace poco tiempo el dirigente político puso a Mayorquín como ejemplo en una intervención pública. “Otro de mis asesores es asesor del presidente de la república. Cuando veo que hay discípulos en todas las áreas, uno puede ver la bendición de Dios fluir”.

Claramente, Rodríguez no tenía por qué saber de las malas andanzas de Mayorquín. Se nota que no solo este hombre y su esposa le hicieron trampa al Gobierno, sino también a Rodríguez y, en general, a los colombianos.Durante todo este tiempo, Mayorquín y su esposa, Karen Vaquiro Cuéllar, fueron tejiendo una potente telaraña de contratos en varias entidades públicas.

La mujer tenía toda una estrategia. Por ejemplo, decía que no tenía pareja sentimental para no despertar sospecha ni alertar a las autoridades que hacen seguimiento a ese tipo de procesos. La lista de contratos es extensa. Entre las entidades con las que firmó, figuran: la Presidencia del Senado, la Agencia Nacional de Tierras, el Archivo General de la Nación, el Icetex, los ministerios de Cultura y de Justicia, la Aeronáutica Civil y la Registraduría Nacional. Pero lo que ha despertado indignación en Colombia es que, previo a suscribir los contratos, la única experiencia que certificaba Vaquiro era año y medio como gerente de una de las oficinas del Banco de Bogotá y unos meses en Link Consultores, empresa en la que ella y su esposo son representantes legales.

La mujer se había graduado de economista en 2017 y el último sueldo que devengó fue de 3,6 millones de pesos mensuales.Una vez estalló la controversia, la Presidencia de la República, por medio del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), tomó la decisión de desvincular a Mayorquín como asesor al considerar que era insostenible en ese cargo por cuenta de las denuncias.Karen Vaquiro Cuéllar estuvo en el periodo 2020-2021 en la Consejería Presidencial para la Discapacidad con un contrato de prestación de servicios. En el trámite de su contrato manifestó ser “soltera”, según estableció SEMANA.

De hecho, firmó bajo la gravedad del juramento que no tenía inhabilidad o incompatibilidad alguna para suscribir el requerimiento de prestación de servicios. Este documento se convertirá en una pieza clave para las investigaciones.La jefe de Gabinete de la Presidencia, María Paula Correa, entregó algunas explicaciones de lo ocurrido.

Dijo que se sentía asaltada en su buena fe.

Correa se declaró sorprendida por los múltiples contratos que tenía Vaquiro Cuéllar con entidades públicas, al indicar que no conocía esos convenios que suscribió la esposa de Mayorquín. También manifestó que no sabía que el exasesor tuviera una cónyuge con un vínculo laboral por prestación de servicios con la Consejería Presidencial para la Discapacidad.Es claro que Mayorquín y su esposa abusaron y traicionaron la confianza en la Casa de Nariño.

Mayorquín cazando contratos

Algunos ya se atreven a decir que el exasesor Andrés Mayorquín es el “rey de las corbatas”, y prueba de ello fue lo que le pasó al alcalde de Cartagena, Willian Dau, quien reveló en un video supuestas pruebas que demostrarían que el hábil funcionario intentó contactarlo vía WhatsApp para brindarle servicios de seguimiento a temas legislativos en el Congreso.

El mandatario de la capital de Bolívar sostuvo su denuncia con pruebas irrefutables que serían claves para desenmascarar a Mayorquín. Son varios pantallazos de los mensajes que le envió el exasesor a la red de mensajería, en los cuales le sugería el nombre de Karen Liseth (su esposa) para que llevara a cabo esos servicios que le estaba ofreciendo.“

Me comentan que estás en busca de un apoyo a seguimiento de temas legislativos del Congreso de la República aquí en Bogotá (enlace).

¿No sé si sea cierto y si podría sugerirle a alguien? Mi esposa ha trabajado en esto y puede serte de ayuda a lo mejor. Excúsame lejos de importunar (le di tu dato a mi esposa por si acaso)”, dice.

La Fiscalía y la Contraloría iniciaron las respectivas investigaciones.

El objetivo es identificar si se incurrió en un delito que podría estar relacionado con tráfico de influencias. La indagación determinará si la adjudicación de dichos contratos se realizó con transparencia o si hubo algún tipo de irregularidad.

La Contraloría reveló que se abrió una indagación preliminar a las entidades que contrataron a Vaquiro, como el Ministerio de Justicia, la Aeronáutica Civil, el Departamento para la Prosperidad y la Agencia de Desarrollo Rural, entre otros.

Ahora, Mayorquín pasará de codearse con funcionarios del Gobierno nacional y tener al Congreso en la mano a esperar la cita con las autoridades que adelantan los casos de investigación en su contra.

Allí tendrá que dar explicaciones sobre si se aprovechó de su cargo para facilitarle los contratos a su esposa. SEMANA conoció que, cuando uno de los superiores de Mayorquín le pidió explicaciones por lo ocurrido, habría empezado a llorar y reconoció la lluvia de contratos para su cónyuge. Los colombianos, con razón, están indignados y esperan que los organismos de control actúen prontamente.