Ángela Robledo pide a CPI investigar a FF. MM. por casos de violencia sexual

La representante a la Cámara Ángela María Robledo pidió al fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), James Steward, y a la asesora especial en género de ese mismo tribunal, Patricia Viseur Seller, que continúen el seguimiento relacionado con violencia sexual y de género en las Fuerzas Armadas del país, caso sobre el cual están recopilando información en el marco de un examen preliminar frente a la situación en Colombia.

La solicitud fue elevada en medio de la Asamblea Consultiva de Parlamentarios sobre la Corte Penal Internacional y el Estado de Derecho, en conjunto con el Grupo de Parlamentarios para la Acción Global (PGA), del cual Robledo forma parte.

El equipo de prensa de Robledo explicó que Margareta Cederfelt, presidenta del PAG, y Boris Dittrich, presidente del Grupo Nacional de GPA en Países Bajos, invitaron a la congresista de Colombia Humana a participar en el evento como coautora de la Ley 1719 de 2014, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas en especial de la violencia sexual asociada al conflicto armado interno.

La congresista también le pidió a la Corte Penal Internacional que extienda al Estado colombiano una solicitud de información, con el fin de examinar en detalle la situación de crímenes cometidos por todos los actores del conflicto armado, especialmente por las fuerzas de seguridad del Estado.

Esto con el fin de que se pueda tener un análisis independiente e imparcial “bajo el principio de complementariedad”, relacionado con las problemáticas que se presentan en el acompañamiento, restablecimiento de derechos y acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, muchas de las cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad y son parte de poblaciones étnicas, por lo cual merecen especial protección.

La parlamentaria dijo que su solicitud a la CPI está dirigida “no solo para que Colombia siga siendo un país observado, sino para que ojalá puedan realizar una recomendación a los integrantes de las Fuerzas Militares en Colombia, en virtud de su presunta responsabilidad en casos de violencia sexual, que tienen un alto grado de impunidad”.

Así mismo, la representante a la Cámara remitió a la corte, adjunto a la solicitud, un breve informe actualizado que contiene algunas de las afectaciones sistemáticas que sufren las mujeres, jóvenes y niñas a partir de las distintas formas de violencia en Colombia.

Parte de ese documento fue construido y presentado por ella y la senadora Aída Avella a la relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, Dubravka Šimonović, con quien ambas parlamentarias adelantaron un “diálogo constructivo” junto a mujeres y lideresas de todas las regiones del país, como parte de una estrategia para coordinar acciones que prevengan la violencia contra la mujer.

Ese informe hace énfasis en la violencia sexual y armada en el marco del conflicto, la violencia política que se evidencia en las agresiones contra defensoras de derechos humanos, junto con la exclusión y el silenciamiento de las mujeres de la oposición y la violencia social vinculada a la estigmatización y a las difíciles condiciones que enfrentan las mujeres para acceder a sus derechos, incluidos el acceso a la justicia y a la verdad.

Vale aclarar que la PGA es una red internacional, no gubernamental y multipartidista de legisladores que agrupa a más de 1.200 miembros de 138 parlamentos de todo el mundo para promover el Estado de Derecho, la democracia, la seguridad humana, la inclusión y la igualdad de género.

En tanto, la XI Asamblea del PGA se desarrolló en forma virtual y en ella participaron el fiscal adjunto del CPI, James Steward, y la asesora especial en Género del tribunal, Patricia Viseur Sellers.