ANI autorizó pago por 627.000 millones a los bancos acreedores de la Ruta del Sol 2

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) autorizó este jueves un segundo pago por 627.000 millones de pesos al sistema financiero como acreedores y terceros de buena fe del proyecto Ruta del Sol sector 2. Sin duda, una señal positiva con la que el gobierno busca fortalecer la confianza de la banca y los financiadores en los proyectos de infraestructura.

“El gobierno nacional está convencido de la necesidad de fortalecer la confianza de la banca nacional e internacional, de los inversionistas y financiadores en general, en los proyectos de infraestructura de transporte que está reactivando el Gobierno Nacional, así como anunciar medidas de estabilidad para el sector y de solución de controversias”, afirmó la Ministra de Transporte, Ángela Orozco.

Puede leer: El lío de los megapuentes

Este pago se sumará al más de un billón de pesos que la entidad ya ha pagado, dentro de los compromisos que se habían adquirido con proveedores, contratistas, acreedores de buena fe y, especialmente, con la liquidación de los cerca de 3.000 trabajadores que estaban contratados por el concesionario del Proyecto Ruta del Sol, sector 2, en 2017 y 2018.

El pago beneficia a los bancos: Popular, Bogotá, Occidente, AVVillas, Itaú, Davivienda y Bancolombia. Y constituye el segundo pago que se le ha hecho a las entidades que financiaron el proyecto de Ruta del Sol 2. Ya se le había hecho un pago hacia finales del 2017 por un poco menos de 800 mil millones de pesos.

Le recomendamos: Presidente de la ANI revisará la liquidación de Ruta del Sol tramo II

Según el Ministerio, con este pago se reconoce el valor sobre las obras que se alcanzaron a construir dentro del contrato de concesión conforme al concepto emitido por la interventoría del proyecto, y está dentro de la disponibilidad de recursos existentes en el fideicomiso.

El pago se hace en cumplimiento de las medidas cautelares expedidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de la acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación. Este proceso ha tenido el acompañamiento y la vigilancia permanente de los organismos de control, y fue avalado también por el Comité Interinstitucional del Sector Transporte.