ANI debe proteger derechos de víctimas en canal del Dique: la advertencia de la JEP

En una decisión clave, la JEP ordenó a la ANI garantizar la búsqueda, recuperación, identificación y entrega digna de víctimas desaparecidas en el canal del Dique.

En este caso, fue la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR) la que ordenó específicicamente a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al futuro concesionario del megaproyecto del canal del Dique, la necesidad de adoptar protocolos técnicos encaminados a asegurar la búsqueda, recuperación, identificación y entrega digna a sus familiares de los cuerpos de las víctimas desaparecidas.

Las cifras son verdaderamente escalofriantes. Este pronunciamiento de la JEP se da en el marco de las medidas cautelares sobre el canal del Dique, lugar en el que, según un estudio del Grupo de Análisis de la Información (Grai), habrían ocurrido aproximadamente, unas 9.638 desapariciones forzadas, entre los años 1991 y 2015.

El tema no es de poca monta. El canal del Dique es un megaproyecto que ha tenido muchas demoras. La licitación que ahora se le deja al gobierno entrante supera los tres billones de pesos y es una necesidad para la región Caribe.

En concepto de la JEP, es muy importante responder a la preocupación por el riesgo “que puedan correr los lugares en los que se presume podrían estar los cuerpos de familiares y seres queridos de las comunidades aledañas al canal”. Por ello, el pasado 14 de julio convocó a una audiencia pública, a celebrarse los días 21 y 22 de octubre de 2022 en Cartagena, con miras a escuchar a las comunidades afectadas, a los expertos, y a las autoridades públicas competentes, con el fin de evaluar las medidas de protección y recuperación de los cuerpos en medio del proceso de licitación de esta obra de infraestructura.

Las recientes advertencias de la Contraloría señalaron: “Los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones definitivo y sus adendas, presentan una relación de inconsistencias y/o deficiencias detectadas en la Oferta presentada por la firma Sacyr Concesiones Colombia, relacionadas con algunos de los soportes incluidos en la documentación presentada por esta empresa para la Licitación Pública”.

Aplazada licitación del canal del Dique

Desde la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmaron que la adjudicación de la licitación del canal del Dique, que lleva diez años en boga, sin que se logre su estructuración, tampoco se hará ni este 4 ni el 5 de agosto, como estaba previsto.

El director de la ANI, Manuel Gutiérrez, dijo que la recomendación que le hacen al nuevo gobierno es que “continúe y adjudique”.

No obstante, en la mitad hay varios cuestionamientos, algunos de los cuales están en un informe presentado por la Contraloría General, el cual, según dijo el funcionario, habría sido uno de los temas que motivó al aplazamiento de la adjudicación.

Desde hace varios días, ante la inminente adjudicación de la licitación, por parte de la ANI, varios voceros del Pacto Histórico, el partido del gobierno que asumió las riendas del país el 7 de agosto, venían lanzando alertas y peticiones para que las decisiones sobre el trascendental proyecto se dejaran a la nueva administración.

En particular, pusieron en el tapete el incumplimiento del oferente, de presentar, socializar, y garantizar la participación ambiental de las comunidades y autoridades territoriales. De igual manera, incumplieron con la obligación de la licitación de la licencia ambiental, sin contar con que no han definido las medidas para mitigar los graves impactos que causará el aumento de sedimentos en los parques Nacionales Corales del Rosario y San Bernardo, Corales de Profundidad, Santuario Fauna y Flora Corchal Mono Hernández, en pastos marinos y ecosistemas estratégicos.

¿Qué dicen las comunidades?

Los habitantes de los municipios de Soplaviento, Gambote y Calamar, se han manifestado por las afectaciones que traería la obra a su forma de vida.

De hecho, los residentes de otras zonas que están cerca del canal (Bolívar, Atlántico y Sucre), se oponen a la adjudicación de los contratos para iniciar la construcción.