Aníbal Gaviria seguirá detenido por orden de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia acaba de confirmar la medida de aseguramiento que se había proferido en contra el gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria. En el documento del alto tribunal, se lee: “la Sala confirmará la providencia de primera instancia, en cuanto, como se desprende del estudio precedente, no obran en la actuación argumentos suficientes que conlleven a su revocatoria, conforme ha sido solicitado por el defensor apelante”. En este caso, la decisión fue emitida por la sala penal que lo que hizo fue ratificar lo que ya se había ordenado.

“Además, para los efectos de la concesión de la libertad provisional por esta causal, no es suficiente considerar que la fiscalía encontró justificada la circunstancia de atenuación punitiva prevista en el artículo 401 del Código Penal, como quiera que el legislador agregó el requisito de la indemnización de perjuicios causados, exigencia que no es acreditada”, señala el documento de la Corte Suprema con ponencia del magistrado Fabio Ospitia. Y agrega: “Ello, sin contar que la medida de aseguramiento no sufriría modificación en lo que respecta al punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, al estar circunscrita la causal de libertad invocada a la delincuencia de peculado, como atrás se explicó”.

En junio, la Sala Especial de Primera Instancia había señalado, en la resolución de acusación, que se investigaba “la posible incursión en actos de corrupción relacionados con el contrato de infraestructura (...) cuyo objeto fue el mejoramiento y pavimentación de la troncal de La Paz, tramo la cruzada Caucasia, sector Nuevo Horizonte”. Y la Corte advirtió en ese momento que el contrato que se investiga fue celebrado el 22 de diciembre de 2005 por la Gobernación de Antioquia, con el Consorcio Troncal de la Paz, pocos días de finalizar el periodo de Gaviria.

“En concreto, como gobernador de ese departamento para el periodo constitucional 2004 a 2007, Aníbal Gaviria era el ordenador del gasto y delegó en la Secretaría de Infraestructura Física para la integración y desarrollo de Antioquia la celebración de dicho contrato, el cual fue pactado inicialmente en más de $41.663.432.778 con dos adiciones” una superior a 3 mil millones de pesos y otra de más de 16 mil millones, según advirtió la Corte Suprema.

A comienzos de este año, la Fiscalía acusó al gobernador de Antioquia generando un remezón en el poder político de la región y revivió un proceso judicial que data de hace más de 15 años: la Troncal de la Paz, entre la Cruzada y Caucasia. Por años, se ha señalado al mandatario de haber presuntamente cometido irregularidades en ese proceso de contratación, en especial en un otrosí en el marco de ese mismo proceso.

El ente acusador tiene la tesis de que en el 2 otrosí se contempló una obra que no era complementaria, por lo cual no se podía realizar por un otrosí. En este caso debió hacerse un nuevo contrato, con el respectivo proceso de asignación a través de licitación. Señala la decisión que aún cuando el gobernador hubiera delegado la contratación, él seguía siendo el representante legal del departamento.

Precisamente, a comienzos de este año, el fiscal del caso encontró que, en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz, en el tramo La Cruzada-Caucasia, suscrito en el año 2005 por $41.663′432.778, “se pactó inicialmente un anticipo del 25 % y luego se amplió al 29 %, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista”.