JUSTICIA
Gobernador encerrado: la historia de la orden de captura contra Aníbal Gaviria
La obra de infraestructura soñada para acabar con la historia de guerra del Bajo Cauca antioqueño vino a poner en jaque, 15 años después, el segundo mandato del gobernador de Antioquia. ¿Se le fueron las luces a la Fiscalía?
Pocas cosas en Colombia pueden generar consenso entre Álvaro Uribe, Claudia López e Iván Duque. Esto lo logró el respaldo que le dieron al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, al conocerse la orden de captura que le dictó la Fiscalía el pasado viernes. Gaviria es uno de los dirigentes más respetados que ha tenido el país. Ha ganado el premio al mejor gobernador que otorga Colombia Líder y fue exaltado como uno de los mejores alcaldes del mundo. Por eso sorprendió tanto la decisión de la Fiscalía.
¿De qué lo acusan? En su primera gobernación entre 2004 y 2007, Gaviria firmó el contrato para unas mejoras a la troncal de la Paz, en el tramo La Cruzada-Caucasia. El propósito era arreglar la vía y pavimentar algunos sectores, pero la obra, tasada en 41.990 millones de pesos, terminó con dos adiciones que suman 29.000 millones. Al cumplir seis meses en su nuevo periodo, un fiscal delegado ante la Corte Suprema ordenó detener a Gaviria y suspenderlo del cargo mientras lo procesan por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.
SEMANA conoció el escrito que plantea la situación jurídica de Gaviria. La Fiscalía cuestiona, en primer lugar, por qué, si la Contraloría alertó sobre los hechos en 2011, no se enviaron los informes con los hallazgos antes de 2018. El ente investigador, para fundamentar la orden de captura, señala que el gobernador tiene cercanía con la región antioqueña, lo que le permitiría incidir en testigos del caso. Pero, al mismo tiempo, indica que las pruebas no corren riesgo, pues ya están en el expediente desde el año pasado. Gaviria no podrá por ahora alegar esa contradicción, ya que, como los hechos datan de hace más de 15 años, la orden de captura no requiere la aprobación de un juez de garantías.
En diciembre de 2005, el gobernador suscribió el contrato en cuestión con el Consorcio Troncal de la Paz. Para la Fiscalía son inexplicables los cambios a los pliegos licitatorios del contrato principal. Allí quedó establecido un anticipo del 25 por ciento del valor del contrato y “sin que mediara fundamento alguno” el porcentaje se elevó al 29 por ciento.
La Fiscalía cuestiona, en primer lugar, por qué, si la Contraloría alertó sobre los hechos en 2011, no hubo actuación alguna antes de 2018.
Además, del plan de inversión del anticipo que debía entregar el departamento en los cinco días siguientes, solo hay pistas dos meses después, el 21 de febrero de 2006. Este incluía la adquisición de maquinaria cuya titularidad recaía en el consorcio, una movida que se salió de las reglas de juego, puesto que las condiciones del contrato establecían que el consorcio solo podía destinar los recursos para instalar campamentos, comprar materiales, y transportar y pagarles a los trabajadores. El contratista debía suministrar el equipo necesario sin costos adicionales.
El escrito reconoce que los anticipos fueron amortizados a lo largo de la ejecución del contrato y del otrosí dos. Pero para la Fiscalía el peculado no desaparece, aunque sí se atenúa punitivamente. Una segunda parte del escrito cuestiona los dos otrosíes asociados. El primero, por 16.000 millones de pesos, se pactó con el fin de acortar en cinco meses la entrega de esta obra para beneficio de la comunidad. El dinero iba destinado a ofrecer mejores condiciones de liquidez a los contratistas. Gaviria firmó el segundo cuatro días antes de dejar la gobernación. Con esta adición contrató el diseño y construcción de un puente sobre el río Nechí, a favor de la comunidad de El Bagre, que hasta ese momento solo podía cruzar en ferri.
En la indagatoria previa, Gaviria aseguró que delegó el proceso en el Comité Asesor de Contratación, del que no hacía parte. Al cierre de esta edición, el gobernador aún no había hecho ningún pronunciamiento.
La determinación causó gran sorpresa, pues precisamente esta semana el fiscal general expidió una circular con la que aboga por aplicar medidas de aseguramiento solo cuando sea estrictamente necesario. Y nadie en Colombia cree que el gobernador sea un peligro para la sociedad ni que se le ocurra evadir la justicia si es requerido. Más allá de los artilugios jurídicos, esta decisión llega en el peor momento: cuando un país necesita a sus mejores gobernantes para hacerle frente a la crisis más compleja del último siglo, y cuando Antioquia y Medellín se habían convertido en un ejemplo de coordinación política y eficacia epidemiológica para Colombia y el hemisferio. Los antioqueños solo esperan que este capítulo se resuelva lo más rápido posible por el bien del departamento. La Corte Suprema de Justicia tiene la palabra.
