Ocho años después, la Anla impone multa a Hidroituango

Mediante la Resolución No 01444 del 4 de septiembre de 2018, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le impuso una multa a la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. por 2.419 millones de pesos, en un proceso sancionatorio que empezó en 2010 y que estuvo estancado por ocho años.

Según el documento, son dos los cargos que llevaron a la multa, el primero es que la empresa no implementó oportunamente las medidas de manejo ambiental autorizadas en la Licencia Ambiental “para la ejecución de las obras asociadas a la rectificación de la vía San Andrés de Cuerquia-El Valle, en ejecución del Proyecto ‘Construcción, llenado y operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero-Ituango’”.

Por otro lado, y más grave, está la instalación de una planta de trituración y una planta de concreto cerca al corregimiento de El Valle, de San Andrés de Cuerquia, “sin contar con la respectiva autorización o modificación de la Licencia Ambiental otorgada para el desarrollo del Proyecto”.

Esta sanción no está relacionada con la contingencia actual que vive el proyecto energético. La Contraloría había señalado en un informe detallado que la Anla no le había dado trámite a nueve procesos sancionatorios, entre ellos la presunta construcción de dos túneles en 2016 sin licencia ambiental.

La resolución también señala que la decisión se comunicó a Isabel Cristina Zuleta, por ser un tercero interviniente dentro de este procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio. Zuleta hace parte del movimiento Ríos Vivos y hace tres años empezó a tramitar ante la Anla dichos procesos sancionatorios: “Pero cuando fuimos no había sucedido nada, eso era una carpeta con un archivo, pese a había pasado el tiempo ni siquiera habían hecho visitas en la zona”.

Debido a lo demorado del proceso, Zuleta en cabeza del movimiento Ríos Vivos en Antioquia, presentó una denuncia penal porque Hidroituango “tenía incumplimientos de las obligaciones ambientales. Tocó demandar porque, como dice el hallazgo número 21 del informe de la Contraloría, la Anla nos ha negado el derecho a la participación, incluso en contra del concepto que emite el Ministerio de Ambiente donde dice que se debe realizar la audiencia pública de seguimiento antes de la audiencia pública de modificación de licencia, y ellos nos negaron ese proceso”.

Una de las falencias de esta resolución, dice Zuleta, es que la Anla no especifica cuál será el destino del dinero con que es sancionado Hidroituango, “que además es un monto muy bajito, ha puesto sanciones más altas Corantioquia”.

Hasta el momento Hidroituango sigue siendo un caso abierto, y lo que parecería una concatenación de irregularidades se viene a conocer después de la emergencia vivida hace unos tres meses.