Reviven los tres misterios judiciales de los ochenta

Suspendidos en el tiempo sin que la justicia reaccionara. Durante años un velo de impunidad pareció cubrir algunas de las tragedias que marcaron los años ochenta en Colombia. Sin embargo, como se trata de crímenes de lesa humanidad, los procesos por los asesinatos del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984, del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989 y la explosión del avión de Avianca, del mismo año, resurgieron ante la opinión pública. Y, lo más sorprendente, ahora tienen perspectivas nuevas, hasta el punto de que podrían reescribir la historia.

En las tres investigaciones aparecieron hipótesis que reinterpretan lo que la sociedad dio por verdadero en el momento. ¿Qué implica este revisionismo? No solo relee los hechos históricos a la luz de nuevos datos y evidencias, sino que pone en duda versiones aceptadas por consenso. Si bien los expertos coinciden en que una cosa es la verdad judicial y otra la social, las narrativas tienden a unirse y a crear un imaginario colectivo, que particularmente se apoya en las emociones del momento. Además, no solo sucede con los hitos, sino también con los protagonistas y los culpables: sin duda uno de los imaginarios de la época giraba en torno a Pablo Escobar como raíz de todos los males de Colombia.

Este revisionismo a veces es sano, cuando aparecen más datos, más pruebas y se usan más herramientas judiciales. Pero también puede ser más bien nocivo, cuando a veces niega –o tapa– lo que aconteció. Con respecto al primero, el exfiscal general Alfonso Gómez Méndez le dijo a SEMANA que “antes de la Constitución de 1991, que creó la Fiscalía General, la investigación criminal estaba muy dispersa. Los juzgados muchas veces trabajaban con las uñas y de manera aislada, sin respaldo sólido”. Como no existía realmente una criminalística técnica, los procesos penales dependían casi exclusivamente de la prueba testimonial.

En una coyuntura difícil, en la que Colombia estuvo cerca de ser un Estado fallido, “el patrón era que mataban a todos los autores materiales, a quienes habían intervenido en los crímenes, y borraban las pruebas”, afirma Gómez Méndez. Para nadie es un secreto que la salida más fácil después del asesinato de Lara Bonilla era atribuirle los crímenes a Pablo Escobar, al cartel de Medellín y a los autodenominados Extraditables. No obstante, es posible que esta salida, fácil en un momento de rezago criminalístico, no necesariamente fuera la verdadera. Por esta razón, revisar lo que se tuvo como verdad judicial, a veces ni siquiera mínimamente probada porque los casos prescribían por falta de evidencias, podría ser sano para la memoria histórica del país.

Pero el asunto se pone espinoso si se piensa que podría haber intereses, ambiciones políticas u objetivos particulares detrás del revisionismo. En Colombia, con un sistema judicial basado principalmente en las pruebas testimoniales, los testigos pueden rendir declaraciones falsas por razones que van desde la coacción hasta los beneficios judiciales.

Además, independientemente de la gravedad de los hechos, la propia decisión de declarar de lesa humanidad esos crímenes, para que jamás prescribieran, podría, según expertos, resultar nocivo para la justicia. Según ellos, la prescripción responde a un derecho democrático, en el cual, además de respetar la presunción de inocencia, se aceptan las dificultades para encontrar evidencias, en especial cuando han pasado muchos años.

El penalista Jaime Lombana le explicó a SEMANA que “la inmediatez es el principio rector del derecho procesal. La lejanía en el tiempo en la práctica de pruebas genera impunidad e inconformidad en la sociedad, que queda con una sensación de incertidumbre en vez de confianza en la norma y en las instituciones”. Si la justicia deja pasar decenas de años para judicializar a los responsables, la ciudadanía siente que el caso se está dilatando y duda de las intenciones del proceso.

Pero hay otro punto de vista. Cuando los hechos suceden en coyunturas sociales peligrosas, el paso del tiempo a veces contribuye a que la investigación penal fluya más fácilmente. La sociedad deja de lado el luto, y el sistema puede ver el hecho con mayor distancia y objetividad. Hay muchos casos de revisionismo fructífero en el mundo, como, por ejemplo, la relectura del papel de Stalin en la Unión Soviética y las diferentes teorías sobre el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy. Los años pusieron en perspectiva nuevas hipótesis sobre uno de los mayores magnicidios en Estados Unidos, a la vez que permitieron que la población conociera las atrocidades del otrora ‘gran hombre’ soviético.

Y Colombia no se queda atrás. En un caso histórico, el tiempo colaboró para encontrar, al menos, parte de la verdad del holocausto del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. En vez de perderse la memoria testimonial, los años permitieron que los testigos dejaran de temer eventuales amenazas. “Fue sorprendente ver cómo había una gran coincidencia de los testimonios. La verdad no fue manipulada ni parcial, y el transcurso de los años a los testigos y a las víctimas les dio tranquilidad de espíritu para relatar sin presiones”, dijo a SEMANA el abogado José Roberto Herrera, integrante de la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia.

Ahora bien, el tiempo también dirá si el revisionismo del asesinato de Lara Bonilla (ver recuadro 1), las investigaciones por el homicidio de Galán (ver recuadro 2) y las razones de la explosión del vuelo 203 de Avianca (ver recuadro 3) resultaron sanos o nocivos. Por lo pronto está claro que en los tres casos las nuevas hipótesis ponen en entredicho lo que se tuvo por cierto durante 30 años. Algunos no descartan las teorías de la conspiración –como en el caso de las investigaciones sobre la muerte de John F. Kennedy–, pero aunque ya exista una verdad procesal, no necesariamente hay que descartar nuevas formas de ver lo sucedido. Esto, sobre todo, tiene vigencia en Colombia porque los años ochenta marcaron una época dura, dominada por la crueldad de los narcos, y por la precariedad de los sistemas criminalísticos del país. Los errores, presiones u omisiones pudieron haber sido muchos. El meollo está en las pretensiones de ese revisionismo, que sin lugar a dudas deben ser exclusivamente de conocer toda la verdad. 

De dónde venían las balas

Aparecen nuevas hipótesis sobre cómo murió Rodrigo Lara Bonilla, crimen que detonó la guerra contra los Extraditables.

La historia oficial cuenta que el 30 de abril de 1984 el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, iba en su Mercedes-Benz por la calle 127 de Bogotá acompañado por un chofer y un escolta, seguidos por otro carro de protección. De repente apareció una moto conducida por un menor de edad y con un sicario en la parrilla, contratado por Pablo Escobar. El sicario, armado de una mini Uzi, disparó una ráfaga por el lado derecho del carro, e impactó a Lara en la cabeza. Cuando los escoltas los persiguieron, la moto se accidentó y el parrillero murió al instante. Luego de la llegada de la Policía y la Dijín, un médico de Medicina Legal documentó en la necropsia que Rodrigo Lara recibió cinco disparos.

Hoy, 32 años después, luego de que en 2012 la Fiscalía de Derechos Humanos declaró el caso de lesa humanidad, un juez pidió exhumar el cuerpo, por lo cual, más allá de pruebas nuevas, han surgido otras hipótesis y una relectura del caso. Con base en las fotografías de la Dijín y la documentación de Medicina Legal en 1984, fuentes que pidieron reserva de su nombre le expresaron a SEMANA las nuevas dudas e interrogantes. El periodista investigativo Alberto Donadío ya había recogido algunas de estas informaciones en su libro El asesinato de Lara Bonilla: la verdad que no se conocía, en el que plantea que el magnicidio tuvo carácter de “crimen oficial”.

Las fuentes aseguran, primero, que el médico que hizo la necropsia dejó por escrito que el cuerpo de Lara Bonilla recibió cuatro disparos desde el lado derecho, pero que hubo uno desde el izquierdo. Segundo, los expertos en balística no entienden cómo estaba sentado el ministro, pues la trayectoria de los disparos en las ventanas no coincidiría con los lugares del cuerpo impactados. Tercero, hay varias marcas de balas en las cabeceras de los asientos del piloto y el copiloto, pero no en los vidrios del carro. Cuarto, la cara del ministro presentó fracturas en el cráneo y la nariz, lo que plantea un posible forcejeo dentro del vehículo. Quinto, no se ha encontrado la fotografía de la Dijín del impacto de la bala del lado izquierdo, que permitiría salir de dudas. Tal vez estas hipótesis no lleguen a más y simplemente sean nuevas formas de releer el crimen. Sin embargo, la familia de la víctima ha insistido en descubrir toda la verdad, y aún existe la posibilidad de que se confirme la tesis de 1984 o que nuevas evidencias y testigos lleven a una nueva verdad judicial. El gran obstáculo es que, tantas décadas después, la memoria puede perderse y en el cuerpo exhumado solo quedan los huesos.

La caída del héroe

La investigación sobre el asesinato de Luis Carlos Galán no solo ha estado llena de altibajos, sino que además reescribió la historia del reconocido exdirector del DAS Miguel Maza Márquez.

El general (r) Miguel Maza Márquez en los años noventa era, o así lo entendía el país, el principal enemigo de Pablo Escobar y el único capaz de hacerle la guerra a los temidos Extraditables. Lo cierto es que en cinco ocasiones el cartel de Medellín atentó contra su vida, y su familia recuerda con tristeza la época en que fue objetivo militar de los narcos. Sin embargo, casi 30 años después, esa imagen de héroe nacional, destacado por el gobierno y organismos de seguridad, comenzó a desdibujarse.

En un giro insospechado, la Corte Suprema lo acusó de ser uno de los coautores del magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989. Según los magistrados del alto tribunal, el exdirector del DAS, hoy de 79 años, es responsable de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas en alianza con Henry Pérez, un paramilitar del Magdalena Medio vinculado al cartel de Medellín. Bajo estos cargos, hace un mes le dieron 30 años de cárcel. “Lo condenaron a muerte”, le dijo a SEMANA Isolda Álvarez, esposa de Maza.

Más allá del revisionismo del asesinato de Galán, en este caso sorprende la relectura de la imagen de un hombre. Tras declarar el homicidio de lesa humanidad justo antes de que prescribiera judicialmente, las autoridades detuvieron a Maza, y la corte reescribió su historia. Su familia ha denunciado hasta el cansancio un “complot” en su contra y ha hecho particular énfasis en lo que para ellos son irregularidades de la investigación. Y sostiene que la mayoría de testigos dieron declaraciones erradas para conseguir beneficios personales, particularmente el excomandante paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez y el jefe de sicarios de Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye.

¿Atentado o falla mecánica?

Una elaborada investigación periodística puso en duda que, como siempre se había asegurado, Pablo Escobar dio la orden de atentar contra el avión de Avianca en 1989.

La historia oficial fue aceptada casi por consenso. Gobierno, fiscales, ingenieros aeronáuticos, medios de comunicación, la opinión pública y hasta el propio FBI coincidieron en que el vuelo 203 de Avianca que explotó el 27 de noviembre de 1989 fue víctima de un atentado terrorista. El avión, un Boeing 727, despegó temprano del aeropuerto El Dorado con destino a Cali, pero estalló mientras sobrevolaba Soacha (Cundinamarca). Según cifras oficiales, murieron 107 personas entre pasajeros y tripulantes. Las investigaciones concluyeron que el cartel de Medellín plantó un pasajero que, sin saberlo, accionó una bomba. El objetivo habría sido asesinar al candidato presidencial César Gaviria, quien supuestamente viajaría en ese vuelo.

Sin embargo, una larga investigación realizada por el periódico El Espectador a finales del año pasado planteó una nueva teoría del siniestro: que no fue un atentado terrorista, sino producto de una falla técnica. Primero, sostiene que el agente del FBI encargado de investigar el caso fue acusado después por inventar evidencias y no tener suficiente experiencia en explosivos. Segundo, que las autoridades nunca encontraron el cuerpo del supuesto sicario Alberto Prieto. Tercero, que nadie entendió por qué habrían pensado que César Gaviria iba a viajar en ese vuelo, si acababa de regresar de Cali. Cuarto, que aunque un sicario de Pablo Escobar, alias el Arete, confesó haber plantado la bomba, en Estados Unidos la Justicia condenó a tres cadenas perpetuas a alias la Kika, pues consideró que la declaración del Arete era inconsistente ya que afirmaba que en la bomba había dinamita mientras el FBI reportó Semtex. Por último, que entre 1989 y 2001, varias aeronaves presentaron fallas en las bombas de combustible y los circuit breakers, incluido el Boeing del siniestro, que ya había reportado defectos en los meses previos.

Las publicaciones causaron revuelo. El presidente de Avianca, Hernán Rincón, expresó en una carta su malestar frente a las conclusiones del reportaje: “Lamentamos que haciendo caso omiso de la hipótesis comprobada (...), el periódico decida aventurar hipótesis no probadas sobre las causas del lamentable hecho, desconociendo con ello que se trata de cosa ya juzgada”. Por su lado, algunos de los familiares que perdieron a sus seres queridos dijeron sentirse revictimizados por la relectura del siniestro, sostuvieron que la posibilidad de una falla mecánica había sido desvirtuada en su momento y mantuvieron su decisión de creer en las investigaciones realizadas en 1989.