Nación
Ante el cerco de las autoridades, traficantes de migrantes han creado nuevas rutas para pasar personas rumbo a Estados Unidos
La denuncia la hace la Procuraduría General de la Nación y reclama atención del Gobierno para reforzar la presencia estatal y el control sobre el transporte marítimo.
Se calcula que en lo que va corrido de 2023 ya son cerca de 400 mil los migrantes que han llegado a Colombia y que han pasado por el Tapón de Darién, en su camino hacia Estados Unidos. Todos son llevados por redes de tráfico de migrantes que les cobran por ayudarlos a pasar la frontera, pero, según las denuncias, estos mismos “coyotes” los atracan, los ultrajan y hasta cometen abusos sexuales contra mujeres.
Las autoridades han puesto la lupa sobre estas bandas de coyotes, bloqueando varios de los caminos que acostumbran a tomar. Sin embargo, según señalaron desde la Procuraduría, gracias a esta presión los traficantes de personas están diseñando nuevas rutas para pasar a los ciudadanos, muchos de ellos venezolanos, otros colombianos e incluso de origen africano.
“Ahora el paso para evadir los controles de las autoridades inicia desde el puerto de Buenaventura llegando a Bahía Solano, luego hasta Juradó y, finalmente, desembocar en Jaque, ya en estado panameño”, informó Javier Sarmiento, procurador delegado para los Derechos Humanos.
El nuevo camino trazado por los ilegales se conoció durante una reunión sostenida con autoridades locales y nacionales en Acandí, Chocó, en donde el Ministerio Público hizo seguimiento a compromisos asumidos por entidades para el control de la situación.
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Durante la mesa de trabajo, el delegado del Ministerio Público insistió en reforzar la presencia del Estado no solo con pie de fuerza sino con aumento de funcionarios de Migración Colombia, ICBF y otras entidades competentes.
Según la investigación realizada por el equipo de Derechos Humanos de la Procuraduría, “desafiando la muerte, diariamente, por allí transitan entre 300 o 400 personas, muchos de ellos niños, niñas, adolescentes y madres gestantes, quienes deciden emprender está ruta para llegar a los Estados Unidos”.
Entre enero y octubre de este año, según datos de Migración Colombia, solo por Necoclí y Turbo, en el golfo de Urabá, la cifra de migrantes en tránsito fue de 393.193.
Ante la crisis vivida, el delegado de la Procuraduría demandó mayor control de las autoridades con las labores de inspección y vigilancia marítima en el golfo de Urabá, ya que aún persisten problemas con embarcaciones que, sin cumplir los requisitos, ponen en riesgo la vida de estas personas.
En San Andrés
Uno de los puntos que más preocupación genera es el paso que se viene dando de migrantes que usan como puente para llegar a Centroamérica a la isla de San Andrés en el Caribe colombiano. De acuerdo con el Ministerio Público, entre 2022 y 2023, han sido rescatados en altamar al menos 977 migrantes irregulares que se dirigían hacia costas nicaragüenses y se evidenciaron rutas denominadas VIP que usan traficantes ilegales.
“No deja de ser muy preocupante, porque entre los riesgos que afronta esa población migrante encontramos realidades como por ejemplo lanchas pequeñas, lanchas inseguras y casi que básicas con un solo motor; ausencia de chalecos salvavidas, ausencia de instrumentos de navegación en esas naves y ausencia de instrumentos de comunicación. Incluso hemos encontrado y detectado la potestad de que esa población migrante sea víctima de redes de tráfico irregular que no tienen consideración alguna en la seguridad personal de esa población y terminan incluso asaltándolas y quitándolas y quitándoles todas sus pertenencias”, advirtió la procuradora Margarita Cabello durante la presentación del informe, en octubre de este año.
“Este año han existido seis naufragios, en los cuales han desaparecido al menos, que se tenga conocimiento, 59 personas. Es decir, es claro que esto no es un tema menor. Si hay un tema grande y mayor en el Tapón del Darién, hay que ponerle atención a este nuevo flujo de migrantes a través de la vía marítima”, agregó la procuradora Margarita Cabello.
El delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, explicó cómo empresas legalmente constituidas, dedicadas a operaciones de turismo, estarían ofreciendo “paquetes turísticos” dirigidos a la población migrante, cubriendo la ruta entre San Andrés y Centroamérica, cuyo costo oscila entre 1500 y 5.000 dólares.
