Ante el Consejo de Estado demandan la elección de uno de los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales

Aunque en Colombia poco se presta atención a la elección de los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales, estos cargos resultan fundamentales para los gobiernos departamentales, locales e incluso nacional, por lo que son entidades con una robusta burocracia que podría ser mal utilizada.

Desde el mes de octubre se ha venido haciendo la elección de algunos de estos directores y ya 13 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible tienen a los encargados para la vigencia 2024-2027, quienes se encargarán de implementar las políticas ambientales en las diferentes regiones de Colombia.

La elección se hizo a través de diferentes procesos reglamentados que garantizaron una participación plural y de manera abierta para que los colombianos estuvieran al tanto.

Sin embargo, y en medio de todo este proceso, llegó al Consejo de Estado la primera demanda contra una de dichas elecciones. Se trata de Óscar Javier Vargas Urrego, quien fue elegido como director de la Corporación para el Desarrollo del Norte y Oriente Amazónico (CDA) para los departamentos del Guainía, Guaviare y Vaupés.

El documento que llegó al Consejo de Estado asegura que no se cumplieron los requisitos establecidos para acceder a la dirección de la CDA y por eso se solicita una nulidad electoral, al considerar que no se acreditaron todas las disposiciones para estar en la disputa por la dirección. Supuestamente, Vargas acreditó una experiencia laboral con la que no cuenta, por lo que se afirma, según la demanda, que se habría incurrido en una falsedad en documento privado.

La demanda asegura que el proceso de elección es claro e indica que los aspirantes deben contar con una experiencia relacionada con temas medioambientales, porque justamente son los temas sobre los que trabajarán, y Vargas habría presentado en la hoja de vida un trabajo que supuestamente no desarrolló.

Varias personas que fueron citadas como experiencia laboral han dicho que no existe tal trabajo y el Consejo de Estado tendrá que determinar la veracidad de la información.

El abogado William Romero fue quien presentó la demanda y explica que, supuestamente, las certificaciones de Vargas no corresponden realmente a su experiencia laboral. “La certificación de Óscar Vargas Urrego, mediante la cual pretende acreditar la experiencia específica es falsa, que el mismo en su cuerpo contiene situación que no corresponde a la realidad”, señaló en la demanda.

En otro documento, Sebastián López Reina, representante legal de ASOCATIS TEXAS, asegura que su empresa no ejecutó proyecto alguno con Óscar Javier Vargas, por lo que podría ser citado como testigo.

En diálogo con SEMANA, Vargas señaló que fue notificado este miércoles de dicha demanda ante el Consejo de Estado y que en los próximos días hará uso de los recursos a los que tiene derecho para responder a las pretensiones de esa petición de nulidad electoral. Así mismo, indicó que cuando envíe la respuesta al tribunal la hará pública para que se conozca sin problema alguno.

Además, indicó que no es amigo personal de la ministra de Ambiente Susana Muhamad y que esas versiones que se mueven en redes sociales sí apuntan a hacerle daño para vincularlo como cercano al Gobierno Petro.

La ministra puso unas fotos en sus redes sociales donde está Vargas, pero fue en una fecha posterior a su elección. Finalmente, Vargas indicó que no tiene conocimiento de que haya una denuncia en la Fiscalía en su contra por presunta falsedad en documento público y que esta información que se ha conocido, sin duda, tiene intereses políticos.

¿Quiénes han sido elegidos?

Camilo Agudelo, como director de la Corporación autónoma del Huila (CAM), Julio Álvarez Month (Carsucre), Alfredo Martínez Gutiérrez, Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpomag), Juan Carlos Reyes Nova (CDMB), Bucaramanga; Marcos Manuel Urquijo Collazos (Corpoguavio), Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón (CAR), Cundinamarca; Ángelo Bacci Hernández, Corporación Autónoma Regional del Canal de Dique, (Cardique); Germán Alonso Páez Olaya (Corpocaldas).

Jesús León Insignares, Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), Rafael Humberto Camacho Carrillo, Corporación Autónoma Regional para la Frontera Nororiental, (Corponor), Óscar Javier Vargas Urrego (CDA), Claudia Milena Caballero Suárez (CSB), y Giovannis Medrano Martínez (Corpomojana).

El pasado 11 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación advirtió que grupos con intereses políticos estarían utilizando maniobras para dilatar la elección de directores de las CAR en todo el país.

De acuerdo con el Ministerio Público, las elecciones de los directores generales de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible CAR se han visto afectadas por la recurrente interposición de recusaciones y acciones de tutela. En muchos casos, previamente resueltas o que no cuentan con la carga argumentativa y probatoria suficiente, maniobras que, según la Procuraduría, son “de mala fe, con el objetivo de dilatar dichos procesos”.

Ante este panorama, el Ministerio Público, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, pidió a los miembros de los consejos directivos evitar emprender o tramitar recusaciones y acciones de tutela en las que medie temeridad o mala fe.

“Encontramos con mucha preocupación que en varios de los procesos de elección de las corporaciones se han venido interponiendo de manera sistemática, incluso casi que con las mismas minutas, con los mismos argumentos, una serie de tutelas. Todas las que nosotros conocemos han sido denegadas, han sido rechazadas, por improcedentes o se han denegado las pretensiones, pero incluso habiéndose fallado, se vuelve a interponer la misma tutela, pero por otra persona. Esto denota un ánimo dilatorio del proceso electoral. Lo mismo hemos visto en muchas recusaciones, sobre todo recusaciones que bloquean el quórum decisorio de los consejos directivos, impidiendo la elección”, le explicó a SEMANA Gustavo Guerrero, procurador delegado para asuntos ambientales, mineroenergéticos y agrarios.