Ante el riesgo de perder uno de sus brazos, trasladaron a Bogotá a una menor de edad que sufrió accidente

Una menor de edad de 15 años, que sufrió un traumatismo grave con lesión en los principales nervios y vasos sanguíneos de su brazo izquierdo tras un accidente el pasado 18 de mayo, fue trasladada desde Guaviare hasta Bogotá, tras la gestión adelantada por la Defensoría del Pueblo.

Según la valoración de los médicos del Hospital de San José del departamento del Guaviare, de no ser atendida por un especialista vascular periférico para su cirugía de manera urgente, esta joven tendría un alto riesgo de perder el brazo.

Luego de conocerse el estado de salud y la necesidad de atención especializada, la Defensoría del Pueblo, desde su Regional Guaviare y su Delegada para la Salud, adelantaron los requerimientos y trámites necesarios que permitieron que le ordenaran la remisión prioritaria a un hospital de alto nivel de complejidad para su atención el pasado 4 de junio.

“Desde el primer momento hemos hecho seguimiento a este caso, con requerimientos a la Nueva EPS, la red hospitalaria y la Superintendencia de Salud”, señaló el titular de ese despacho, Carlos Camargo.

El funcionario destacó que, “tras las múltiples gestiones, se logró el traslado al Hospital Simón Bolívar, en donde le hicieron la valoración médica especializada correspondiente. Sin embargo, solicitamos que se continúe con la atención médica necesaria y se realice el tratamiento que requiera para mejorar su pronóstico”.

En tal sentido, la Defensoría del Pueblo coadyuva en una tutela para la protección del derecho a la salud de esta menor de edad. La entidad requirió a la Nueva EPS para que garantice la atención de la joven y evitar que sigan ocurriendo esos casos.

Además, la entidad solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud que se tomen las medidas preventivas tendientes a evitar la vulneración del derecho a la salud de pacientes que requieran atención médica urgente y especialmente los sujetos de especial protección.

Finalmente, solicitó al Ministerio de Salud dotar con los servicios y tecnologías de salud necesarias a los hospitales regionales para que puedan mejorar la oferta de los servicios de salud para el goce de los derechos de los habitantes al máximo grado de satisfacción posible.

“La niña sufrió el accidente hace 20 días. A los tres días, después de que el médico y la EPS no me decían nada, yo fui a la Defensoría y ellos me ayudaron para poner una tutela y allá me han colaborado. Me enviaron acá. He tenido el acompañamiento de ellos”, dijo la cuidadora de la menor.

Y agregó: “Espero que ellos me puedan ayudar para que mi niña quede bien de su mano, porque ella perdió la movilidad de sus dedos, por lo que perdió sus tendones. Que los médicos le hagan todo lo que tengan que hacerle. Que le hagan la cirugía que tienen que hacer y que ella quede bien para poderme irme bien para la casa”.

Defensoría pide mayor protección para alcaldes en Norte de Santander

De otra parte, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante las amenazas a alcaldes y algunos de sus familiares en cuatro municipios de Norte de Santander, por lo que solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) avanzar en la revisión de estos casos y fortalecer las medidas de protección.

“Es preocupante la situación que se viene presentando en la región, nuestros equipos en territorio han escuchado a los mandatarios locales en declaraciones privadas, a la vez que adelantan permanente acompañamiento a sus familiares”, dijo Camargo.

Añadió que “los alcaldes están solicitando permisos para despachar fuera de sus municipios y salir de sus territorios ante el temor por las permanentes amenazas de grupos armados ilegales”.

Ante este escenario, ese despacho señaló que se mantiene atenta a la celeridad y avance de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación y solicita a las autoridades redoblar esfuerzos para contener esta situación y prevenir hechos que lamentar.

El funcionario hizo un llamado urgente a las autoridades y entidades a todo nivel, para que se tomen las medidas necesarias y conducentes a brindar seguridad a la población en general, en especial a sus mandatarios locales y sus núcleos familiares, con el fin de preservarles su vida e integridad.

“Esto resulta fundamental para garantizar el ejercicio de las funciones para las que fueron elegidos los alcaldes y mantener la presencia permanente de la institucionalidad del Estado en regiones con presencia de grupos armados ilegales. Esto es un imperativo para mantener una democracia fortalecida”, añadió el defensor del Pueblo

Ese organismo señaló a través de la Alerta Temprana 050 de 2020 sobre la circulación de mensajes amenazantes por redes sociales, llamadas y panfletos de grupos armados ilegales.

Así mismo, reiteró a las autoridades tener en cuenta las recomendaciones contenidas en dicha alerta para prevenir la consumación de los riesgos advertidos.