Ante irregularidades en convenio entre Ecopetrol y la Corporación Red País Rural, Contraloría deja en firme fallo fiscal por $12.475 millones

La Contraloría General de la República confirmó un fallo con responsabilidad fiscal por $12.475 millones contra la Corporación Red País Rural y dos funcionarios de Ecopetrol -Regional Llanos-, por un detrimento patrimonial ocasionado por la ejecución de un Convenio de Colaboración en el que se incumplieron el 84% de las obligaciones.

De acuerdo con la Contraloría, además, se entregó en un solo desembolso el 100% del valor del contrato y no se devolvieron los recursos no ejecutados. También se dio un incremento injustificado del patrimonio del ejecutor de las obras y servicios.

El Convenio de Colaboración No. 5213357, suscrito en enero de 2014 entre la Corporación Red País Rural y Ecopetrol, tenía por objeto realizar obras que nunca se adelantaron, como la rehabilitación de vías veredales y la construcción de un complejo turístico, cultural y deportivo, así como inversiones en 73 internados en el departamento del Meta.

La Contraloría verificó que no se reintegraron las sumas desembolsadas, se dio un evidente incumplimiento de buena parte de las obligaciones pactadas y se incumplió el compromiso del ejecutor, según el cual, dentro de los diez días siguientes a la liquidación bilateral del convenio, celebrada en octubre de 2015, devolvería los recursos no ejecutados que sumaban $8.423 millones.

El fallo, con responsabilidad fiscal a título de culpa grave y en forma solidaria, fue confirmado contra la Corporación Red País Rural, Claudia Patricia Velásquez Mantilla, funcionario autorizado por Ecopetrol para la suscripción del Convenio de Colaboración, y Julio César Zuleta Fuentes, administrador del Convenio de Colaboración.

La Contralora Delegada Intersectorial No. 4 confirmó parcialmente la decisión de primera instancia adoptada por la Gerencia Departamental de la Contraloría de la República en el Meta.

Por otro lado, un tercer implicado es la compañía Seguros del Estado S.A. y, de acuerdo con la entidad, se mantuvo como “tercero civilmente responsable” en virtud de la expedición de la póliza de cumplimiento, buen manejo y correcta inversión por $10.256.881.344, cuyo tomador fue la Corporación Red País Rural, ejecutor del convenio y como asegurado Ecopetrol. A la aseguradora se le extendió la obligación de pagar ese valor.

Además, la Contraloría ordenó el traslado de los hechos y diligencias a la Unidad de Intervención Judicial de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, con el fin de que la Contraloría General se haga parte como víctima en el proceso penal que lleva la Fiscalía General de la Nación.

Contraloría le puso la lupa a obras en Tolima

En los últimos tres años (2020-2022), la Contraloría General de la República ha realizado 10 actuaciones de vigilancia y control fiscal en relación con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y las Entidades Territoriales ejecutoras en casi todos los departamentos del país.

Como resultado de estas acciones, se han encontrado más de 177 hallazgos fiscales que suman un total de $23.256 millones, principalmente relacionados con deficiencias en la ejecución contractual de la infraestructura.

En el caso del departamento del Tolima, durante el año 2020, de acuerdo con la Contraloría General, se llevó a cabo una Auditoría de Cumplimiento que generó 16 hallazgos administrativos, implicando un monto de más de $164 millones con posible incidencia fiscal.

Ante estos hallazgos, la Contraloría General le puso a finales de abril de 2023 la lupa al Tolima y está realizando una Auditoría de Cumplimiento en el departamento, así como en las ciudades de Ibagué y Melgar, donde se están revisando las inversiones realizadas en infraestructura educativa, deportiva, cultural y en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI).

Se espera que los resultados de esta auditoría sean presentados en junio de 2023.