Ante la Corte Penal Internacional denuncian supuesto entrampamiento a Santrich

En un documento de 15 páginas, congresistas de oposición denunciaron ante la Corte Penal Internacional al exfiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira por lo que calificaron como hechos contra la paz de Colombia.

La comunicación fue enviada tras el debate que se adelantó en la Comisión Primera del Senado por un supuesto entrampamiento a Jesús Santrich dentro de una investigación por la venta de cocaína.

En dicho debate, Martínez Neira aseguró que todas las acusaciones en su contra tuvieron origen en la divulgación por parte de la defensa de Santrich de piezas procesales “de manera selectiva”, a las cuales habría tenido acceso el abogado del ahora disidente de la guerrilla de las Farc.

”Cómo le convendría al país que esos 24.000 audios de los que se habla se colgaran en la nube para que todos los colombianos pudieran conocer las monstruosidades de las acciones que se estaban encarnando por parte de personas vinculadas a la dirigencia de las entonces Farc”, manifestó en ese momento el exfiscal.

A pesar de esas explicaciones, se conoció este viernes que los congresistas Iván Cepeda, Gustavo Petro, Roy Barreras y Antonio Sanguino solicitaron a la fiscal Fatou Bom Bensouda que se incluya la información que relacionan dentro del examen preliminar que adelanta la CPI sobre Colombia y, si procede, abrir investigación por la actuación de Martínez Neira.

“Néstor Humberto Martínez al atacar el proceso de paz y a la JEP, no solo asumió el papel de enemigo de la paz, sino también de enemigo de las víctimas y sus derechos”, señaló el senador Iván Cepeda. Además agregó que “desde esa perspectiva, hay recordar que la JEP es, en Colombia, una instancia que puede garantizar a las víctimas del conflicto armado verdad, justicia y reparación con relación a hechos que son objeto del Estatuto de Roma, que es, digamos, la carta que rige la Corte Penal Internacional”.

Así mismo dijo que “por lo tanto le remitimos a la fiscal que Martínez Neira ha atentado gravemente contra la justicia en Colombia y por lo tanto contra los derechos de las víctimas”.

Según el documento a la CPI, durante el ejercicio de su cargo como fiscal general, hizo reiterados pronunciamientos contra la Ley Estatutaria de la JEP, desconociendo el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc.

Entre los hechos mencionados en la comunicación a la fiscal de la CPI se relacionan las interceptaciones y seguimientos ilegales contra los negociadores y facilitadores del Acuerdo de Paz que habrían sido ordenados por el entonces jefe del ente acusador.

Por otra parte, en la denuncia detallan lo que consideran son “las inconsistencias en lo relacionado con la elaboración de falsas pruebas en el proceso que debía conducir a la extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, acusado de narcotráfico y quien fue negociador en el proceso de paz. Al momento de la captura de este excombatiente de las Farc, Martínez Neira les aseguró a los medios de comunicación que contaba con “copiosa prueba que da cuenta de estos delitos de narcotráfico, de pruebas electrónicas, de pruebas documentales, de videos, que dan cuenta de la intervención de todos estos sujetos en actividades de narcotráfico”.

Sin embargo, dicen los firmantes del mensaje a la CPI que “en realidad se habría tratado de una operación de entrampamiento” en contra de Santrich, “de la que habría tenido conocimiento la Fiscalía General de la Nación y en la que se habría permitido que participaran agentes de la DEA, que no tendrían autorización de funcionarios nacionales para operar en el territorio nacional”.

Entre los argumentos se señala que en esa operación “se habría permitido que participaran agentes provocadores, figura proscrita por el ordenamiento jurídico colombiano” y que Martínez Neira le habría entregado información a una agencia de inteligencia extranjera sin consultar al entonces presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, “lo que constituiría además un asunto de seguridad nacional”.

Indican, además, que en su momento la JEP concluyó que “resulta entonces desconcertante que la Fiscalía General de la Nación defendiera esa actuación en nuestro territorio y avalara tales intromisiones, siendo claro que en Colombia no pueden actuar, por falta de competencia, autoridades extranjeras o particulares bajo la dirección de aquellas, sin previa autorización de los funcionarios nacionales”.

Otro de los hechos relacionados en la comunicación es el allanamiento realizado por la Fiscalía General de la Nación a la sede de la JEP el 4 de octubre de 2018, específicamente en el caso 001 relacionado con la investigación sobre “la retención ilegal de personas por parte de la extinta guerrilla de las Farc”. Y “se le informa a la Fiscal Jefe de la CPI que esa diligencia no fue comunicada a JEP y que se obtuvo una copia digital del expediente, “con lo que se habría violentado la reserva judicial de las investigaciones”.

Para ilustrar los hechos dados a conocer a la fiscal Fatou Bom Bensouda, los senadores enviaron copia del debate de control realizado el pasado 26 de noviembre en el que se concluyó que, el exfiscal Martínez Neira, actúo premeditadamente en contra de la Paz de Colombia utilizando métodos que incluso tendrían implicaciones de carácter penal, y con los que habría afectado gravemente la soberanía de nuestra Nación.

En la parte final del documento hacen un balance de las acciones judiciales adelantadas en Colombia por el accionar de Martínez Neira. Es el caso de la denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes que, por su composición política, históricamente ha mostrado ser un organismo inoperante en materia de justicia.

Los congresistas enviaron adicionalmente a la Comisión de Acusación una ampliación de denuncia contra el es fiscal Martínez Neira.