Nación
Ante la Corte Suprema acusan al gobernador de Cesar por supuestas irregularidades en alimentación escolar
La medida tiene que ver con un millonario contrato por 17 mil millones de pesos, firmado en 2015, para la alimentación escolar en el que se habrían presentado irregularidades.
Nuevamente las irregularidades en la entrega de contratos para garantizar la alimentación de los niños en edad escolar están a la orden del día. Esta vez fue en el departamento del Cesar, en donde la Fiscalía realizó la imputación de cargos contra el actual gobernador Luis Alberto Monsalvo, por irregularidades en un contrato de alimentación escolar por más de 17.000 millones de pesos. Sin embargo, este hecho no se realizó en la actual administración del gobernador, sino en 2015, cuando también ejercía este cargo.
Este lunes, en audiencia ante la Sala Especial de Primera Instancia la Fiscalía acusó a Monsalvo Gnecco por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado.
El contrato en el que la Fiscalía encontró las supuestas irregularidades fue celebrado con el Consorcio Alimentación Escolar A Salvo, tuvo un plazo de ejecución de dos meses (59 días), y su monto total fue: 17.140 millones de pesos.
Por presuntas irregularidades en contrato de alimentación escolar PAE durante su anterior periodo, @FiscaliaCol acusó ante #SalaDePrimeraInstancia al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado. pic.twitter.com/4CAdgEUk8b
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) October 25, 2021
“En las verificaciones, la Fiscalía identificó, por lo menos, nueve inconsistencias como falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación. Las investigaciones dan cuenta de que estas actuaciones habrían generado un peculado que asciende a $3.172′808.072″, señala la Fiscalía.
Tendencias
Por estas irregularidades, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, alto tribunal encargado de esta investigación por el fuero con el que cuenta un gobernador, fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.