Nación
Ante posibles irregularidades en la contratación del PAE, Procuraduría investiga al secretario de Educación de Guaviare
Los retrasos presentados en este proceso habrían impedido que niños recibieran la alimentación desde el primer día de clases.
La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el actual Secretario de Educación de Guaviare, Luis Carlos Granados Gómez, debido a posibles irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2023.
El ente disciplinario está investigando las omisiones y retrasos en el proceso precontractual y contractual del PAE. La visita realizada por el Ministerio Público recientemente reveló que debido a los retrasos en este proceso, los complementos alimentarios no se entregaron desde el primer día del calendario escolar, sino hasta el 13 de febrero para la población indígena y el 20 de febrero para la población regular.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare acusa al funcionario de presuntamente haber omitido su deber de proteger los derechos de los menores beneficiados por este programa.
El Ministerio Público solicitó a la Secretaría de Educación toda la documentación relacionada con este proceso de contratación y ha anunciado que Granados Gómez será citado para una audiencia de versión.
Cargos contra alcalde de Fusagasugá por PAE
La Procuraduría General profirió pliego de cargos al alcalde de Fusagasugá, Cundinamarca, Jhon Jairo Hortúa Villalba, por supuestamente omitir su responsabilidad de garantizar el inicio oportuno del PAE durante los años 2021 y 2022. Según la investigación del Ministerio Público, en 2021, el contrato para el PAE comenzó a ejecutarse el 19 de marzo, a pesar de que la fecha prevista era el 1 de febrero. La Procuraduría sostiene que esto indica que Hortúa Villalba no habría cumplido con su deber de control y vigilancia.
El Ministerio Público también señaló que el proceso de selección para gestionar el PAE no fue oportuno ni tuvo la celeridad necesaria, lo que provocó un retraso de 34 días hábiles. Durante este tiempo, los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa dejaron de recibir el complemento alimentario sin que, aparentemente, el mandatario hubiera adelantado acciones para cumplir con el plazo.
En el caso de la vigencia 2022, el año escolar inició el 24 de enero, pero el contrato para el PAE solo comenzó a ejecutarse hasta el 11 de febrero. Esto, posiblemente, reiteró la conducta que materializó la demora en el desarrollo del programa, con las consecuencias ya mencionadas para los menores que esperaban recibir los alimentos.
Por estos hechos, la Procuraduría calificó, provisionalmente, la presunta conducta del alcalde como grave a título de culpa grave. Además, el organismo de control también presentó cargos contra el secretario de despacho de la Alcaldía Municipal, Giovanny Eduardo Villalobos Fernández, y la secretaria jurídica, Yuri Andrea Mora Chavarro, por su posible responsabilidad como ordenadores del gasto y su rol en la celebración de los contratos.
Indagación a Gobernación del Quindío por PAE
Por otra parte, la Procuraduría General abrió indagación preliminar para identificar a los funcionarios de la Gobernación del Quindío responsables de presuntas irregularidades en el proceso de contratación del Programa Escolar de Alimentación para el departamento para la vigencia 2023.
Al parecer, las clases escolares iniciaron el pasado 23 de enero, “sin que el PAE se encontrara suscrito de manera formal y sin las garantías necesarias para las niñas, niños y adolescentes del departamento”.
El Ministerio Público solicitó conocer, en detalle, a las personas que participaron en la etapa precontractual y contractual para el desarrollo de la iniciativa, las actuaciones que se han dado como parte del proceso y la copia del acto administrativo, por medio del cual se expidió el manual de contratación para 2022 y 2023.
La Regional de Instrucción de Quindío validará si las clases arrancaron sin PAE de manera formal.
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