Ante secuestro de magistrados, se pronuncia la Corte Suprema, advierte de un “bloqueo violento e ilegal”. Exigen al Gobierno garantías para la justicia

La Corte Suprema de Justicia, en cabeza de su presidente, el magistrado Gerson Chaverra Castro, dio las primeras declaraciones tras completar más de dos horas sitiados por protestantes que no les permiten entrar ni salir del Palacio de Justicia. Fue contundente y habló de un bloqueo violento e ilegal.

El magistrado Chaverra aseguró que la Corte “condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra casa de justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado”.

En un mensaje que parece dirigido al poder Ejecutivo, en cabeza del presidente Gustavo Petro, quien ha sido el que ha promovido y convocado a las protestas y marchas para presionar a la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Chaverra fue claro al advertir: “La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la Justicia. En un Estado de derecho como el colombiano, la función judicial sólo está sometida al imperio de la ley. Todo conflicto o diferencia deben ser tramitados por medio de los procedimientos institucionales consagrados en el orden jurídico”.

Y con contundencia agregó: “La Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamiento o amenazas”.

Por eso, el magistrado Chaverra aseguró: “La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la República. Situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país.