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Antioquia buscará reducir consumo de agua para producir carne | Foto: Dinero.com

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Antioquia buscará reducir consumo de agua para producir carne

Según las cifras reveladas, para producir un kilo de la proteína se necesitan más de 15 mil litros del líquido.

31 de octubre de 2020

Uno de los mayores problemas del mundo es la falta de agua potable y por esa razón cada país elabora estrategias para proteger el líquido vital ya que la escasez podría generar graves consecuencias para a humanidad.

Y aunque el agua es fundamental para la producción agrícola, la Secretaría de Agricultura de Antioquia reveló que para producir un kilo de carne se gastan más del 15 mil litros del líquido, razón por la cual se están elaborando estrategias para reducir al máximo ese consumo que podría considerarse como un desperdicio.

El secretario Rodolfo Correa, contó que ha venido trabajando con ganaderos, productores lecheros y profesionales de distintas áreas para reducir la huella ecológica con metodología y tecnología 4.0 y al mismo tiempo aumentar la rentabilidad económica para las familias campesinas, microempresarios y emprendedores que viven de esta actividad.

“Antioquia sería el único departamento del país en cumplir con los ítems del protocolo de Quioto, que aborda los compromisos que el país adquirió para reducir el impacto ambiental de la agricultura. Los cálculos indican que, para poner un kilo de carne en nuestra mesa, entendiendo el consumo del bovino desde su crianza se requiere un uso de 15Mil litros de agua y para el caso de los animales doble propósito (leche y carne) mil litros de agua más”, dijo Correa.

En un comunicado se explicó que para detener y mitigar los efectos adversos derivados de la actividad ganadera, se están implementando en Antioquia los sistemas silvopastoriles como proyecto bandera en la protección del medio ambiente, sumado al soporte tecnológico para la puesta en marcha del modelo de ganadería de precisión.

“El propósito del Gobierno departamental es llevar la agricultura de Antioquia un paso adelante al futuro y ponerla a la vanguardia nacional en la protección del medio ambiente, mejorando la calidad de vida del animal y demostrándole al mundo que sí es posible producir oxígeno con la nueva ganadería”, reiteró Correa.

Dentro de las estrategias que se implementarán está la que asocia en un mismo lugar, a un componente de árboles, cultivos y ganado para que haya interacciones biológicas entre estos componentes, optimizando el uso que se le brinda a la tierra, protegiendo el ambiente al conservar la cubierta vegetal y para disminuir los efectos climáticos.

“Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno Departamental para atender unidos la emergencia climática y contribuir desde lo regional al mejoramiento de la calidad ambiental global”.

Ganadería, deforestación y agricultura han transformado cerca de 7,2 millones de hectáreas de humedales en Colombia. Instituto Humboldt propone varias acciones para respetar estos cuerpos de agua. Foto: Felipe Villegas/Instituto Humboldt. | Foto: Felipe Villegas, Instituto Humboldt.

De acuerdo con Naciones Unidas, la actividad ganadera es considerada una de las mayores fuentes de contaminación ambiental del planeta al generar el 18% de los gases que incrementan el efecto invernadero.

La idea es que este modelo de producción sea implementado en otras regiones del país para proteger el medio ambiente y el agua ya que la geografía de Colombia cuenta con varios lugares de producción agrícola.

La escasez de agua podría generar diversas enfermedades, hambre, desaparición de especies vegetales e incluso conflictos entre países. Por ejemplo, en 2020 se han registrado en La Guajira 28 muertes de niños wayuú en medio de la hambruna y la falta de agua potable por lo que en Antioquia quieren que se replique su modelo para evitar el desperdicio del líquido en la producción agrícola.

En medio de estas estrategias para proteger el agua, más de 130 organizaciones pidieron al presidente Iván Duque y al Congreso ratificar el Acuerdo Escazú que es el primer tratado internacional que reconoce el deber de los Estados de proteger a los defensores de derechos humanos y ambientales.