Judicial
Antonio Navarro y otros tres exgobernadores del Nariño a rendir declaración ante la JEP por uso de glifosato durante el conflicto
Los exmandatarios departamentales deberán entregar testimonio sobre la fumigación de cultivos de uso ilícito mediante aspersión aérea con este químico.
Los exgobernadores del Nariño, Parmenio Cuéllar Bastidas, Eduardo Zúñiga Eraso, Antonio Navarro Wolff y Raúl Delgado Guerrero fueron citados por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que testifiquen por el uso del glifosato para fumigar cultivos ilícitos en el departamento.
La solicitud fue hecha en medio del Caso 02 que investiga los graves crímenes presuntamente cometidos por la Fuerza Pública en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en el departamento del Nariño. En una de las líneas de investigación los cuatro exmandatarios deberán entregar testimonio sobre la implementación e impacto de la estrategia de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito mediante la aspersión aérea con glifosato en estos municipios durante los años de 2000 y 2013.
Las audiencias convocadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad se desarrollarán entre el 17 y 25 de junio, fueron citados Parmenio Cuéllar Bastidas (2001-2003), Eduardo Zúñiga Eraso (2004 – 2007), Antonio Navarro Wolff (2008 – 2011) y Raúl Delgado Guerrero (2012 – 2015).
El caso se relaciona con los crímenes cometidos presuntamente por la guerrilla de las Farc, así como por integrantes o exintegrantes de la Fuerza Pública, agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública y terceros civiles en esta región, entre los años 1990 y 2016.
Lo más leído
En este macrocaso, la Sala de Reconocimiento de Verdad desarrolla dos líneas de investigación “por actores, con una metodología territorial que incorpora los enfoques de género, étnico racial y territorial y ambiental”. Por esto, ya se han identificado cera de 400 hechos graves y representativos presuntamente cometidos por agentes del Estado integrantes de la Fuerza Pública, de los cuales, 98 se ejecutaron en el marco de la implementación de la estrategia de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, mediante aspersión aérea con glifosato.
Teniendo en cuenta los informes aportados por las organizaciones de víctimas, indígenas, afrocolombianas, campesinas y de derechos humanos y otras fuentes de información disponibles en el expediente judicial, la JEP concluyó que estos hechos generaron daños graves, diferenciados y desproporcionados sobre la población civil, sus bienes, el Territorio y la Naturaleza. En específico, precisan que se generaron daños directos en la salud de las personas y afectaciones ambientales graves, incluyendo la destrucción de cultivos de pan coger, plantas medicinales y contaminación de ríos y quebradas.
Igualmente, han relatado ante la Justicia Transicional Restaurativa que estas operaciones provocaron desplazamientos forzados y comprometieron las condiciones de vida de las comunidades, exacerbando las situaciones de vulnerabilidad y conflictividad social.
En este caso, la JEP invitó a las víctimas de los tres municipios mencionados que sufrieron graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cometidas durante la erradicación de cultivos de uso ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato, a solicitar su acreditación.
La Sala de Reconocimiento de Verdad ya emitió una primera decisión en el que determinó los hechos y conductas presuntamente cometidas por las extintas guerrillas de las Farc en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño.
