Mano dura contra los notarios que posesionen alcaldes sin requisitos legales

La polémica posesión del alcalde de Yopal (Casanare), John Jairo Torres, quien tiene un proceso penal en curso, abrió el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios partícipes en los actos de protocolización de llegada al cargo alcaldes y gobernadores. La advertencia es clara: mandatarios regionales que no cuenten con los requisitos legales para ser nombrados podría traer consecuencias disciplinarias y penales para los notarios que se presten para posesionarlos.
 
Así lo dejó entrever a Semana.com el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez. Por eso le hizo saber a los notarios del país que no le temblará la mano a la hora de iniciar investigaciones en contra de quienes no tengan en cuenta este llamado. Tampoco lo pensará más de dos veces para acudir a las autoridades judiciales, cuando los casos lo ameriten.
 
Y es que el respaldo del electorado no es el único requisito para ser alcalde. Una decisión judicial contra la legalidad de las elecciones o contra la persona que obtiene la victoria en ellas, impide a los elegidos posesionarse. Por eso, los funcionarios responsables de protocolizar la llegada al cargo de los candidatos ganadores se exponen a la destitución si omiten estos mandatos.
 
Así, por ejemplo, el acto por medio del cual un notario posesionó a John Jairo Torres como nuevo alcalde de la capital casanareña, por muy polémica que pueda sonar, no tiene ninguna objeción legal. No la tiene porque, a pesar de que el nuevo burgomaestre lleve a cuestas un proceso penal por urbanización ilegal, no tiene en su contra ninguna medida de detención.
 
En cambio, la posesión de Laura Marcela Herrera como alcaldesa de Curumaní (Cesar) no tiene esa misma connotación. Todo, porque su posesión por parte de un notario, se produjo sin tener en cuenta que el Tribunal Administrativo del Cesar emitió una medida cautelar que suspende desde la órbita judicial la elección de la mandataria.
 
De hecho, el superintendente ya tiene en la mira al titular de la Notaría responsable de este acto. El funcionario dijo que se podría abrir una investigación por estos hechos y que de comprobarse que hay una actuación irregular, podría haber lugar incluso a la destitución.
 
Además, no descartó que la propia Fiscalía inicie indagaciones frente a esta y otras situaciones similares. Casos como este, dice, podrían constituirse en prevaricato, que es el cargo que se le imputa a los servidores estatales que toman determinaciones manifiestamente contrarias a la Ley.
 
A un drama parecido podría enfrentarse el notario que participó en el acto de posesión de Daniel López Palencia, como alcalde de Purísima (Córdoba). No es para menos, pues sobre el dirigente político recae una orden de captura -que no se ha hecho efectiva- por su  supuesta complicidad en el escándalo de corrupción que tiene contra las cuerdas al sector educativo del departamento de Córdoba.
 
Esto significa que ese mandatario, elegido para el próximo cuatrienio, es un prófugo, lo que puede traer consecuencias no solo al elegido mandatario, sino a otros funcionarios. Según el superintendente, ya se han iniciado las investigaciones para establecer la probable responsabilidad disciplinaria del notario que lo posesionó.
 
Para Vélez, los notarios no se pueden convertir en cómplices de personas que quieren asumir sus cargos a como dé lugar. Por eso anuncia mano dura.