Aparece otro escándalo de corrupción en la justicia. ¿Jueza y fiscal se juntaron para amañar proceso contra exdirectivo de la DNE?

SEMANA conoció en su integridad la queja disciplinaria presentada por el exsubdirector jurídico de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Carlos Enrique Robledo Solano, en contra de la jueza 41 penal del circuito de conocimiento de Bogotá y la fiscal 60 de la Dirección Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General por presuntamente amañar el proceso judicial que se adelantó contra el exdirectivo. Para esto, crearon un grupo privado de WhatsApp para intercambiar información, pese a que estaba totalmente prohibido.

En la queja, radicada ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se señala que en la etapa de juicio que terminó con una sentencia se presentaron varias irregularidades, entre las que se destacan el extravío de elementos materiales probatorios, un chat privado entre la jueza y la fiscal, una “burda copia” de la acusación y el fallo condenatorio. A lo que se suma que la jueza no prendió la cámara en el juicio, que se tuvo que llevar a cabo de forma virtual por las restricciones propias de la pandemia.

Cuando se presentaron los recursos para alegar por la pérdida de expedientes digitales de la carpeta la defensa del exdirectivo del CNE se encontró con múltiples anomalías, entre estas, que las carpetas estaban mutiladas o incompletas. Igualmente, se topó con las conversaciones por un grupo alterno al que se había creado para realizar las notificaciones y citaciones dentro del extenso proceso judicial.

“Sostuvo conversaciones privadas y ocultas con la fiscal del proceso mediante WhatsApp el 18 de octubre y el 9 de noviembre de 2022 y el 18 de abril de 2023, en las cuales recibió la asesoría de la señora fiscal del caso para direccionar el proceso frente a la nulidad, la recusación y la reconstrucción del expediente”, se alega en la queja.

En este cruce de mensajes, indica la queja, se cuadró el expediente de manera totalmente irregular con el fin de ocultar los yerros. “Las conversaciones de WhatsApp y las comunicaciones por correo electrónico, que entre la señora fiscal Deyanira Quevedo y la juez 41, Laura Barrera Coronado, existieron conversaciones directas y privadas, ocultas para los demás sujetos procesales e intervinientes”.

Estos mensajes representan, para el abogado del exdirectivo condenado, un asesoramiento legal que está totalmente prohibido entre jueza y fiscal. “¿Por que la asistente de la fiscal se reunió en el despacho judicial conforme a la conversación por WhatsApp del 18 de abril de 2023? ¿Estaban arreglando o complementando el expediente judicial? ¿Estaba entregando documentos o información cuya trazabilidad no querían que quedara por correo electrónico o WhatsApp? No lo sabemos”.

Estas acciones fueron calificadas por el abogado como irregulares y una clara violación al debido proceso. “Deja un sinsabor que tales situaciones se hubiesen presentado, porque es evidente que las mismas se llevaron a cabo de forma oculta a los demás sujetos procesales o las conversaciones se hubieran llevado a cabo por el chat de WhatsApp del proceso judicial y no de manera oculta y soterranea”.

Robledo Solano fue condenado por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión, por la entrega irregular de bienes incautados a la mafia a particulares, empresarios y dirigentes políticos para que los administraran pese a que no contaban con los requisitos.