Apenas 16 % de las víctimas del conflicto han sido indemnizadas

Cuando se cumple una década de la Ley 1448 de 2011 (de víctimas y restitución de tierras) y cinco años de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, las víctimas del conflicto, que en el papel eran el centro de lo pactado, en su mayoría no han recibido la reparación esperada.

Así lo indica el más reciente informe multipartidista que le hace seguimiento a la implementación del acuerdo con las FARC. Según el documento, apenas 1,2 millones de los más de nueve millones de personas afectadas por la guerra incluidas en el Registro Único de víctimas han recibido indemnizaciones, es decir cerca de 16 % de quienes tienen este derecho.

A estos rezagos se suma el hecho de que, como lo indica un reciente informe de la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, los 135,5 billones de pesos destinados por el Gobierno desde el año 2012 para reparar a las víctimas y devolverles sus predios van a ser insuficientes, por lo que se requerirán 328,3 billones adicionales de aquí a 2031, año hasta el que fue prorrogada la Ley de víctimas.

De acuerdo con el informe multipartidista, firmado por varios congresistas y liderado por la representante Juanita Goebertus, quien hizo parte del equipo negociador del Gobierno en La Habana, anualmente se han indemnizado en promedio 101.732 víctimas. Antes de la firma del Acuerdo (2012-2016) se indemnizaron en promedio 99.482 personas al año, mientras que -después de la firma del Acuerdo (2017-2021)- esta cifra se elevó a 103.982, lo que implica un aumento de 4,5 % en el ritmo de indemnización anual.

“A pesar de esta muy leve mejoría, de continuar el ritmo de indemnización de los últimos cinco años, nos tomaría aproximadamente 59 años indemnizar a todas las víctimas”, indica el documento.

Las cuentas de la Unidad de Víctimas

Frente a este panorama, la Unidad de Víctimas reveló que a la fecha, de un universo de 9.189.839 personas que se encuentran incluidas en el Registro Único de Víctimas, se han entregado 1.272.873 indemnizaciones administrativas y judiciales.

Es de anotar que 555.603 de estas indemnizaciones se entregaron durante la implementación del Acuerdo de Paz, de las cuales 537.283 corresponden a indemnizaciones administrativas y 18.320 a indemnizaciones judiciales.

Los 555.603 giros de indemnización entregados han beneficiado a 519.982 víctimas, de las cuales 50,9 % son mujeres, 48,6 % son personas que en la actualidad tienen más de 60 años y 15,6 % se autorreconocen con alguna pertenencia étnica.

En el balance, Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas, aseguró que “la labor de estos tres años de ejecución de la Política de Paz con Legalidad del presidente Iván Duque ha permitido la materialización de la reparación integral. Los proyectos de vida de miles de personas víctimas se han transformado gracias a la gestión y el compromiso del Gobierno a través de la Unidad para las Víctimas”.

Cabe aclarar que las demoras en la reparación de víctimas, tal como lo reconoce el informe multipartidista sobre el acuerdo de paz, no corresponden solo a cuestiones administrativas del Gobierno, sino también a la “profundización” de la violencia en algunas regiones, que no deja de generar víctimas y dificulta los procesos en los territorios.

Por ejemplo, según el documento que se basa en cifras del Gobierno nacional, en el período de enero a agosto de 2018 y 2021 hubo un incremento de 78,6 % en el número de víctimas de masacres; y en el primer semestre de 2021 crecieron en 256 % las víctimas de desplazamiento frente al mismo período en 2020.

Uno de los puntos de alerta sobre la implementación de lo pactado en Cuba con las FARC tiene que ver con la búsqueda de personas desaparecidas.

De las 98.820 personas dadas por desaparecidas, se ha establecido un estado de búsqueda para 3.958 (4 %). De estas, 1.040 están incluidas en los planes de búsqueda.

“Solo 1 % (de los desaparecidos) está incluido en un plan de búsqueda de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, indica el documento.

Sobre las leyes que se necesitan para la implementación del Acuerdo, están pendientes 33,6 % y el punto más rezagado es el de la Reforma Rural Integral, con 58 % sin tramitar.

En todo caso, el informe reconoce que el proceso de paz tuvo un impacto muy positivo para el país: “Se logró la desmovilización de 13.609 excombatientes, de los cuales 94,9 % están activos y cumpliendo con su proceso de reincorporación; las FARC entregaron 8.894 armas en un tiempo récord de seis meses; en 2017 se tuvo la tasa más baja de homicidios en más de treinta años, 24,8 por cada 100.000 habitante; entre 2012 y 2019 se redujeron los secuestros en 70 %; entre 2013 y 2017 se redujeron los ataques contra la infraestructura en 81,2 %; entre enero y agosto de 2011 y 2021 se redujeron los asesinatos contra la Fuerza Pública en 74,6 %”.

En este noveno informe multipartidista, se incluyeron los hallazgos de las 27 visitas a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza en las 16 subregiones PDET, los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR).

El informe es informado por los congresistas Juanita Goebertus, Angélica Lozano, Antonio Sanguino y Wilmer Leal, de la Alianza Verde; Angela María Robledo, del Estatuto de la Oposición; Iván Cepeda, del Polo Democrático; Luis Fernando Velasco, Guillermo García Realpe y Carlos Ardila, del Partido Liberal; Temístocles Ortega y José Daniel López, de Cambio Radical; John Jairo Hoyos y John Jairo Cárdenas, del Partido de la U.