Apoyo al fiscal Barbosa: defensor del pueblo exige garantías de seguridad para funcionarios públicos en zonas rojas

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se declaró preocupado por el cierre temporal de la oficina de la Fiscalía en Tarazá, Antioquia, tras el secuestro de tres funcionarios de la entidad, y una secretaria de un despacho judicial en ese municipio.

“Esta circunstancia, pone en riesgo no solamente a los funcionarios que debieron abandonar el territorio, sino a todos los ciudadanos, por cuanto la Fiscalía es el motor de las investigaciones frente a hechos criminales y la información que reposa en sus oficinas es vital para luchar contra la delincuencia y la criminalidad en el país”, aseguró Carlos Camargo.

Camargo expresó su preocupación porque en varios territorios del país, las comunidades requieren protección institucional, y advirtió que los ciudadanos están siendo afectados gravemente por el accionar de grupos armados que estarían participando en diálogos con el gobierno nacional y en el marco de un cese al fuego bilateral.

“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que fortalezca la presencia institucional y las actividades que permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos, y de manera especial de los funcionarios públicos que trabajan en los territorios donde las acciones de los grupos armados ilegales generan temor en las comunidades”, sostuvo Camargo.

El Defensor del Pueblo les recordó a los grupos armados ilegales que deben mantener por fuera de sus acciones armadas a la población civil, además de mostrar verdaderos gestos de paz en el marco del proceso de diálogo propuesto por el Gobierno Nacional, particularmente con los grupos armados que se acogieron al cese bilateral.

Fiscalía anuncia cierre

Tras el secuestro de tres funcionarios de la Fiscalía y una secretaria de un despacho judicial en el municipio de Tarazá, en el departamento de Antioquia, el fiscal General Francisco Barbosa, advirtió que cerrarán la sede de la Fiscalía en esta zona del país por cuestiones de seguridad.

Dijo el fiscal que luego del secuestro, los funcionarios fueron trasladados por diferentes puntos de ese municipio e incluso pasaron por puestos de control de la Policía y el Ejército sin que se hiciera ningún procedimiento, de ahí que citarán a diligencia de declaración a las autoridades, para que expliquen qué operativos o procedimientos adelantaron en procura de rescatar a los funcionarios.

Barbosa aseguró que uno de los secuestradores de los funcionarios judiciales, sería alias Gonzalito, el máximo cabecilla del Clan del Golfo luego de la captura y extradición de alias Otoniel. Esa persona, alias Gonzalito, estaba en el listado que entregó el gobierno nacional para suspender las órdenes de captura lo que motivó un choque de trenes entre el ejecutivo y el ente acusador.

Después de escuchar a las víctimas se logró evidenciar que uno de los secuestradores fue José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, máximo cabecilla del Clan del Golfo, en esta zona y quien tiene orden de extradición vigente y hace parte de la lista con 16 nombres que pidió el Gobierno levantar las órdenes de captura, a esta petición no accedió la Fiscalía”.

Justamente con la evidencia y las declaraciones de los funcionarios que fueron secuestrados, que posteriormente liberados, delegados del ente acusador en el departamento de Antioquia acudieron ante un juez de control de garantías para solicitar una orden de captura en contra de alias Gonzalito, lo que suma una nueva orden de detención en contra de este peligroso delincuente.