Apoyos y uso de recursos públicos: hay más de 200 denuncias por participación indebida en política

En medio del escándalo por la suspensión del alcalde Daniel Quintero, la Misión de Observación Electoral (MOE) dio a conocer que ha recogido 207 denuncias por posible participación en política por parte de funcionarios públicos.

Para esta elección, por medio de la plataforma ‘Pilas con el Voto’, la MOE viene recogiendo reportes ciudadanos de posibles delitos electorales desde el 13 de marzo de 2021, el momento desde el cual arranca de manera formal la agenda de los comicios del presente año.

Con corte al 10 de mayo, para las elecciones de Congreso y Presidencia se registraron 207 reportes de presuntas irregularidades en función pública. De estos reportes, 117 son sobre funcionarios que manifiestan sus apoyos por varios medios.

“Puede ser a través de las redes sociales privadas de los funcionarios públicos, eventos públicos o esas reuniones políticas que se hacen en los territorios”, explicó Danilo Sepúlveda, subcoordinador del observatorio de Justicia Electoral, en conversación con SEMANA.

Ahí, tal como el caso de Quintero, puede que el apoyo no sea directo o público, pero la ciudadanía reporta que se conoce de ese respaldo por parte del funcionario público.

“Esas reuniones, permisos especiales o promoción debajo de la mesa para un candidato”, agregó.

En total, 86 de estos reportes hablan de una intervención acompañada por presiones para votar por el candidato de preferencia del funcionario público.

“Hacen referencia, sobre todo, al fenómeno cuando esa intervención en política va amarrada a una presión o amenaza directa o indirecta en contra de una persona para que apoye una determinada candidatura”, explicó.

Esto incluye las presiones hacia empleados del Estado o contratistas para que asistan a reuniones o eventos políticos. También tareas como conseguir votantes, las cuales traerían repercusiones negativas para los subalternos del funcionario en caso de negarse.

“Si las personas no realizan este tipo de acciones, la consecuencia es que no puedan acceder a un bien o servicio del Estado o que se les cancele o no se renueve el contrato, cuando se trata de contratistas”, detalló.

Los otros cuatro reportes, por otro lado, tienen una connotación más grave, como violación directa a la Ley de Garantías.

“Principalmente, en eventos públicos como inauguración de una obra o entrega de elementos otorgados por la administración municipal, se aprovecha para promocionar una candidatura”, explicó.

Sepúlveda explicó también que estos delitos se dan de múltiples maneras, mientras avanza el calendario electoral, cambiando la modalidad de presión al elector por parte de funcionarios públicos.

“Al principio del proceso electoral, la ciudadanía reportó que los obligaban a llenar planillas que les entregan, porque si no hay repercusiones. En el día electoral, conocimos reportes de funcionarios estatales, municipales y contratistas que se hacían alrededor de los puestos de votación para ejercer presión sobre los votantes. Ahora se han visto manifestaciones de preferencia por un candidato”, complementó.

Esta elección es excepcional en su alto número de reportes de participación indebida en política. La MOE ya lo había advertido en una carta enviada a la Presidencia y a la Procuraduría.

“Hemos visto un incremento en la participación en política de funcionarios públicos. Si uno hace la comparación con 2018, han sido más reiterados los ejemplos de cómo los funcionarios han participado en política. La MOE ha hecho diferentes llamados con el fin de que los funcionarios públicos se abstengan de intervenir en política”, concluyó Sepúlveda.

Por el momento, son dos alcaldes suspendidos por la Procuraduría, de Medellín e Ibagué, por presuntamente participar en política. Mientras tanto, existen señalamientos contra el presidente Iván Duque, el general Eduardo Zapateiro y el fiscal Francisco Barbosa por presuntamente incurrir en la misma falla.