Tras votación de la JEP, Santos definirá permanencia de Cambio Radical en el Gobierno

 El lunes, casi al filo de la medianoche, el Congreso estuvo a punto de condicionar la participación en política de las Farc, y restringirles a los antiguos jefes del secretariado de la guerrilla la posibilidad de ser candidatos en las elecciones de 2018. La situación podría ser un dolor de cabeza añadido para el Gobierno en la implementación del proceso de paz.

El proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz fue aprobado en su primer debate por las comisiones primeras de Senado y Cámara. Pasó raspando, con las mayorías justas, y por falta de votos el capítulo de participación política incluido en la ley estuvo a punto de ser eliminado del texto.

Todo sucedió cuando la senadora Claudia López (Alianza Verde) presentó una proposición para restringir la participación de los jefes de las Farc en las próximas elecciones hasta tanto no cumplieran las sanciones de la justicia transicional, se comprometieran con la verdad y la reparación de sus víctimas.  

La propuesta podría considerarse un incumplimiento a lo acordado en La Habana, donde precisamente el propósito de la negociación era que las Farc cambiaran las balas por los votos. López, sin embargo, defendía que su propuesta no iba en contra de lo pactado entre el Gobierno y la guerrilla.

“Le hace más daño al proceso de paz que los colombianos vean al señor Iván Márquez inscribiendo un partido, cuando no hemos escuchado una palabra diciendo que se compromete a someterse a la JEP, a dar la verdad, a reparar a las víctimas y que haya justicia, no puede ser que no podamos redactar algo en ese sentido”, justificó.

La propuesta de López se sometió a votación pero no hubo votos suficientes para tomar la decisión. La primera votación quedó 9-3 en el Senado,  mientras que en la Cámara quedó 10-12. La proposición no fue aprobada. Entonces el capítulo de participación política quedaba excluido de la JEP.

Al ministro del Interior pareció importarle poco. Si no se aprobaba la participación en política de las Farc en el texto de la JEP no tendría consecuencias porque ya estaba consagrado en la Constitución, en el acto legislativo para la paz.

“Una ley no puede modificar la Constitución y lo que está vigente es lo que está en la Constitución. Así que a nuestro modo de ver, los miembros del partido político de las Farc podrán inscribirse como candidatos para las elecciones del próximo año”, dijo Rivera.

Pero los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti pusieron el grito en el cielo y consideraron que el Congreso, con esa decisión, había minado el proceso de paz.  “Esto es grave, tantos años de negociación. Estamos mandando un mensaje funesto y estaríamos ante la explosión de disidencias (de las Farc). Eso es lo que quiere el Centro Democrático, que no tengan participación política. Es un golpe al corazón de la paz”.

Benedetti, por su parte, calificó la situación de lapidaria y responsabilizó directamente al presidente Juan Manuel Santos por su liderazgo en el parlamento. Responsabilizó a Cambio Radical, cuyos congresistas se ausentaron de la votación, de haber puesto en riesgo la participación en política de las Farc.  

“El mensaje es funesto, es lapidario, como así que el Gobierno tiene las mayorías para aprobar el proceso de paz. ¿Qué pasó con Cambio Radical que hoy no está?, ¿qué sucede con el Gobierno que no es capaz de liderar?, esto es una crisis política. El Gobierno no tiene la fuerza política para aprobar lo más importante de la JEP”, reclamó Benedetti.

El ponente del proyecto, Hernán Penagos, rechazó lo afirmado por Barreras y Benedetti al señalarlos de irresponsables al mandar mensajes equivocados e irresponsables: “Es ridículo decir que por este artículo, que simplemente es una remisión normativa, se vaya a acabar el proceso de paz”.

Pero las palabras casi temerarias de Benedetti y Barreras provocaron la reapertura de una votación. En ese intento se aprobó el artículo de la participación en política. El Centro Democrático ya no se encontraba en el recinto.

Para conseguir los votos, que a esa hora ya escaseaban, el ministro Rivera se comprometió a garantizar que las Farc aporten verdad plena como requisito para su participación en política.

Este impase que tuvo la aprobación de la JEP provocó una nueva arremetida del ministro y el Partido de la U contra Cambio Radical. Los congresistas del partido de Germán Vargas Lleras no participaron de las votaciones, y por esa circunstancia el proyecto tuvo apuros.

“Nosotros habíamos advertido que el Gobierno contaba con las mayorías aún sin Cambio Radical. Hubiéramos querido que nos acompañaran. Pero ellos con esa decisión lo que están es retirándose de la cualidad de Gobierno y eso debe tener consecuencias, así que son asuntos del fuero del presidente de la república. Lo que hicieron es claramente retirarse de la coalición”, dijo Rivera.

“Los votos de Cambio Radical evidentemente no hacen falta. Lo que no sirve que no estorbe, lo que espero es que el Gobierno tome nota para que lo que no sirve tampoco estorbe en el Gobierno. Después de siete años de pelechar en el Gobierno, intentar quebrarle la columna vertebral a la paz, es un acto inaceptable. Es hora de que sigamos avanzando los que queremos un país distinto”, consideró Barreras.

“El Gobierno nacional demostró que no tenía liderazgo en su bancada, que no ha sido capaz de resolver la crisis política, vaticino que en la plenaria será peor”, sentenció Benedetti.

Antes el Congreso había aprobado las principales exigencias del fiscal Néstor Humberto Martínez al proyecto, que se concentraban en que testaferros, aquellos terceros que no están en los listados de las Farc, que oculten o no denuncien la existencia de bienes, perderán los beneficios del sistema transicional de justicia.

También los perderán aquellos desmovilizados que sean propietarios de esos bienes y que se estén usufructuando de ellos. El Congreso determinó que eso sería una falta al compromiso de la verdad por lo que debe ser retirado de la JEP.

Otra de las preocupaciones del fiscal general tenía que ver con el tratamiento a los desertores. En principio el Gobierno contemplaba para estos disidentes la máxima sanción de la justicia transicional, cárcel de 20 años, pero las mayorías en Senado y Cámara decidieron que deben perder los beneficios de la JEP y ser competencia de la justicia ordinaria.

Si los desertores que inicialmente se acogieron a la JEP se van a un grupo rebelde, pierden los beneficios y salen del sistema. Pero si esos desertores se van, no a constituir una organización rebelde, sino a conformar o hacer parte de una banda criminal, también pierden los beneficios y serán juzgados por la justicia ordinaria. En estos casos la Fiscalía los investigará, pero no solo por lo que hicieron después de desertar, sino por todos los delitos que hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016, que es la fecha que se acordó en La Habana como corte de cuentas.  

Voces de Paz, quienes vigilan que lo que apruebe el Congreso esté en sintonía con el texto del acuerdo firmado en el Teatro Colón, se opusieron. Jairo Estrada, uno de sus voceros, aseguró que se estaba renegociando el acuerdo de paz. “El espíritu de la jurisdicción especial para la paz no puede ser revisado y afectado sensiblemente cuando de por medio hay otro tipo de discusiones”.

Otra de las que sacó petróleo fue la senadora Viviane Morales. Aunque votó negativamente en la mayoría de artículos, y calificó la JEP como un monstruo, consiguió que se aprobara su proposición para que ningún abogado extranjero pudiera litigar en la jurisdicción especial. El español Enrique Santiago, abogado de las Farc, no podría representar a ningún jefe del secretariado en esa jurisdicción.  

Ahora serán las plenarias de Senado y Cámara las que en menos de 15 días empezarán a discutir el proyecto.