Sin tribunal de aforados, reforma a la justicia supera primer debate

El Gobierno superó el primer escollo del proyecto de reforma a la justicia. La iniciativa, presentada el pasado mes de septiembre fue aprobada por la comisión primera del Senado aunque sin una de las principales propuestas del Ministerio de Justicia. La de crear un nuevo tribunal de aforados para que investigue y juzgue a magistrados de las altas cortes, congresistas, jefes de organismos de control y a quien ocupe la vicepresidencia de la república.

La propuesta del gobierno, defendida por la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), señalaba que el Tribunal de Aforados conocería las causas penales y disciplinarias contra estos servidores públicos. Tendría dos salas, una de primera instancia y otra de segunda instancia, cada una integrada por tres magistrados.

Aunque en principio había consenso en la creación de este nuevo tribunal, los partidos no se pusieron de acuerdo en la forma como se escogerían a los magistrados que investigarían a los aforados. Y ahí se cayó el tribunal. 

La propuesta de Paloma Valencia establecía que un magistrado lo escogiera la rama judicial (de una terna de candidatos postulados por el procurador general, el contralor y el defensor del pueblo), otro el presidente de la república (de una terna postulada por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional) y el tercero la Comisión de carrera judicial, pero de una terna postulada por el Senado y la Cámara de Representantes). El mismo procedimiento se seguiría para la elección de magistrados de la sala de segunda instancia.

Esa fórmula fue rechazada por varios congresistas que consideraban que dos de los magistrados que juzgarían a los aforados serían del bolsillo del presidente de la república o del Congreso de turno. Circunstancia que fue interpretada por algunos como una especie de golpe a los magistrados de las altas cortes.

Por ejemplo, el senador Gustavo Petro dijo que el espíritu del Tribunal de Aforados es saludable pero censuró lo que llamó “la intención del uribismo de pensarlo como un plan de salvamento”, insinuando que el propósito del Centro Democrático sería doblegar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que actualmente mantienen procesos abiertos contra el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Rodrigo Lara, senador de Cambio Radical, coincidió en que la reforma a la justicia le entregaría al presidente de la república la designación de los magistrados que investigarían a los aforados, primero porque elegiría uno directamente, y otro a través del Congreso, en el entendido que cuente con mayorías parlamentarias y podría decidir en esa designación.

“Este no es un proyecto para la justicia, es para someter a la justicia, para amordazar. Para sustituir a la Corte Suprema por una nueva corte designada por el presidente de la república que terminará naturalmente arrodillando la independencia y la libertad de la justicia”, aseguró Lara.

Paloma Valencia rechazó la afirmación de Petro y lo que llamó la “teoría de la conspiración” de Rodrigo Lara. Primero aseguró que la reforma "no tiene el nombre de Álvaro Uribe en ninguna parte", y por eso su propuesta establecía que el Tribunal de Aforados entrara en vigencia después de que se acabara el periodo de los actuales magistrados. “Para que no quedara ninguna duda”.

Y sobre la insinuación del senador de Cambio Radical, aseguró que el propósito no es arrodillar a las cortes frente al gobierno y el Congreso, sino acabar con lo que denominó “justicia de tráfico de favores”, que en su criterio está configurada por el hecho de que la Corte Suprema de Justicia es la que investiga a los congresistas, y es el Congreso el que adelanta el antejuicio político a los magistrados. “Este es el régimen del tu me investigas yo te investigo y hagámonos pasito”.

 Aunque el Tribunal de Aforados es una de las prioridades para el gobierno, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, aseguró que no se trata de un punto de honor. Y que si no fue aprobada en este primer debate, buscará fórmulas para alcanzar un consenso entre los partidos políticos para el segundo debate que tendrá lugar en la plenaria del Senado.

La reforma que parecía embolatada y que aún cuenta con un calendario que no permite margen de error superó su primer escollo. Aún le quedan siete debates de aquí al 20 de junio del 2019.