Aprobado: manifestantes que dañen patrimonio público tendrán que pagar con su dinero

Hasta el momento, la discusión sobre el estatuto anticorrupción, que ya superó sus cuatro debates en el Congreso, ha girado en torno al polémico artículo que aumenta las penas de prisión y las sanciones económicas para quienes incurran en injuria y calumnia contra funcionarios públicos, lo que es considerado una mordaza a la prensa.

Sin embargo, la iniciativa, de 68 artículos, tiene otros puntos que también han generado duras discusiones en el Congreso.

Uno de los puntos más polémicos es el que convierte en responsables fiscales a quienes dañen el patrimonio del Estado; es decir, quienes rompan una estación de TransMilenio, por ejemplo, tendrán que pagar no solo con su libertad, sino con su propio dinero.

“Los particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción de daños al patrimonio público y que, sin ser gestores fiscales, con su acción dolosa o gravemente culposa ocasionen daños a los bienes públicos inmuebles o muebles, serán objeto de responsabilidad fiscal”, indica el texto aprobado.

Esto aplica, por ejemplo, en los desmanes que se presentan durante algunas manifestaciones, en las que resultan afectadas estructuras que son consideras patrimonio público, como estaciones de servicio público, edificios de organizaciones del Estado, infraestructura vial, entre otros.

Actualmente, estos daños son cubiertos bien sea con dineros públicos o por medio de seguros que las entidades públicas contratan ante este tipo de afectaciones, pero para los ciudadanos que son capturados por atentar contra el patrimonio del Estado no se contemplan sanciones económicas tan severas. Esta realidad podría cambiar con la aprobación de este proyecto.

“Hoy en día un particular que participa en hechos que dañen el patrimonio público, responde penal y civilmente, pero no responde fiscalmente, es decir, no se vuelve objeto de recuperación de recursos. Con el proyecto lo que hacemos es hacer extensiva esa solidaridad para que los particulares también respondan fiscalmente por el daño del patrimonio”, explicó el congresista José Daniel López, quien defendió este punto del proyecto, aunque se opuso a otros de los artículos de la iniciativa.

Otros puntos

El denominado estatuto anticorrupción, una iniciativa construida entre 25 entidades del Estado, establece duras sanciones económicas tanto a las empresas como a las personas que atenten contra el patrimonio público.

La iniciativa contempla atacar los bienes de los corruptos, la responsabilidad administrativa de las empresas, agilizar la extinción de dominio y castigar a quienes afectan el patrimonio del Estado.

Para las empresas involucradas en corrupción se establecen, por ejemplo, multas de hasta 200 mil salarios mínimos mensuales vigentes. Inhabilidad para contratar con el Estado, publicación en medios de comunicación de la sanción impuesta, prohibición de recibir subsidios por parte del Estado 10 años y destitución de administradores y otros directivos.

Otro punto muy importante tiene que ver con los programas de alimentación escolar. Se establece que cuando una empresa tenga dos sanciones por incumplimiento en programas de alimentación escolar va a quedar inhabilitada por 10 años para volver a contratar con el Estado.

Actualmente, el proyecto se encuentra a la espera de la conciliación entre los textos aprobados en Senado y en Cámara, luego de lo cual pasará a la sanción presidencial.