Aprobaron la ley que hará que los derechos de petición sean contestados 15 días después de recibidos

En medio de la emergencia sanitaria por los primeros casos de covid-19 en Colombia, con el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 se adoptaron varias medidas de urgencia en el marco de la prestación de servicios para responder a la proliferación del virus. Entre las determinaciones, el documento con fuerza de ley amplió los plazos para responder a derechos de petición.

Según el decreto, estas tenían plazo hasta por treinta días siguientes a la fecha de recepción. Esto, según la representante Juanita Goebertus, afectó el acceso a la información y a la libertad de expresión.

“Hoy, a más de un año, es una restricción desproporcionada frente al ejercicio ciudadano de acceso a la información. Afecta la posibilidad de hacer veeduría ciudadana y periodismo independiente e investigativo, que para llevar a cabo sus tareas debe solicitar información a autoridades públicas”, indicó, en su momento, la representante de la Alianza Verde.

Ahora, mediante el proyecto de ley 448 de 2020, la congresista derogó los artículos 5 y 6 del documento de Presidencia. Este martes, el Senado de la República aprobó por unanimidad en último debate que el tiempo de espera se deberá reducir hasta 15 días después de la recepción del documento.

De acuerdo con la Sentencia C-242/20 de la Corte Constitucional, la ampliación de los términos solo responde a la adaptación que debían llevar a cabo las entidades públicas y privadas en el marco del inicio de la pandemia.

“A saber, al día de la radicación de esta ponencia, se han aplicado más de 30 millones de vacunas en Colombia, con un poco más de 13 millones de personas con esquema de vacunación completa. De la misma manera, al prever que ya hubo tiempo suficiente para la adecuación de las entidades a la virtualidad. Asimismo, resultan ser perjudiciales al hacer la comunicación entre los ciudadanos y las entidades públicas y privadas más lenta e ineficaz”, reza el documento del proyecto de ley.

Además, la Procuraduría, frente al decreto de la emergencia por covid-19, también explicó que la restricción era “desbordada” y consideró que, tal como lo argumenta la representante, se vio afectado el derecho a la información.

“Un año y 8 meses después del inicio de la pandemia los tiempos del derecho de petición seguían duplicados. Hoy le ponemos fin a esa restricción al acceso a la información pública y la libertad de prensa”, expresó la representante en Twitter.

Iván Name Vásquez, senador de la Alianza Verde, fue el ponente del proyecto ante los parlamentarios. Por decisión unánime, se apoyó la determinación de acabar con los plazos extendidos y, en esta fase, espera sanción presidencial para que la derogatoria sea establecida oficialmente.

Por otro lado, la iniciativa ‘Dejen de fregar’ fue aprobada el martes pasado en su primer debate en la comisión primera de la Cámara de Representantes. Esta, que busca mejorar la calidad de vida de los colombianos, evitaría que las entidades bancarias llamasen a sus clientes por fuera de horarios hábiles.

El texto estipula también que las referencias puestas por el usuario, el codeudor y deudor podrán ser contactados hasta después de treinta días de entrar en mora, y no al día siguiente, como sucede actualmente, y también en los horarios mencionados.

Por el momento, al proyecto de ley, iniciativa del congresista Juan Carlos Wills, tiene otros tres debates que deberá superar si se quiere convertir en ley.

“Acabamos de aprobar en comisión primera el proyecto de ley ‘Dejen de fregar’, protegiendo el derecho a la intimidad a todos los colombianos para que las entidades financieras dejen de estar llamando en horarios no hábiles a molestar a sus consumidores financieros”, dijo el representante conservador, quien también es ponente del proyecto.