crimen
“Hay una falla evidente del Inpec”: Claudia López revela que una de las víctimas de la masacre estaba en detención domiciliaria
La alcaldesa entregó detalles del asesinato de tres colombianos y un venezolano. “Un macabro ajuste de cuentas”, señaló.
Los hechos que rodearon la macabra matanza que se registró en Bogotá el pasado viernes se han ido esclareciendo poco a poco. La misma alcaldesa Claudia López reveló los detalles de la investigación por el hecho que estremeció a la capital. Cuatro cuerpos fueron encontrados, asesinados y con signos de tortura, en el baúl de una camioneta Toyota en la calle 223 con Autopista Norte.
Vea las declaraciones de Claudia López
La alcaldesa contó algunos detalles del crimen. Se cree que fue cometido fuera de Bogotá y que los maleantes trasladaron los cuerpos a la capital del país. Ya se identificaron las cuatro víctimas, tres colombianas y un venezolano. Las víctimas salieron a las 10:48 de la mañana del jueves de Bogotá y retornaron ya sin vida a la capital a las 3:00 de la tarde de ese mismo día. Posteriormente, sobre las 3:30, el automotor fue dejado abandonado en la Autopista Norte.
“El ajusticiamiento criminal es inaceptable”, dijo la alcaldesa. López informó que quien asesinó a estas personas iba exclusivamente detrás de Juan Carlos Useche, un expolicía con un pasado turbio.
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“Un ciudadano colombiano retirado de la Policía desde 2006 siendo patrullero en Cali. Desde entonces, tuvo varios antecedentes por concierto para delinquir por vinculación con actividades de narcotráfico, estuvo preso en dos ocasiones, tenía una vida en el crimen de muchos años. La Fiscalía y la Policía han establecido que él seguía en actividades criminales de narcotráfico y lavado de activos”, destacó la mandataria.
Además de Useche, también fueron identificados Leonardo Sanabria y Leidy Alejandra Betancourt como víctimas del hecho. El venezolano fue identificado como José Perozo. En el caso de este último, López reveló que tenía antecedentes criminales. Había sido capturado y judicializado y estaba supuestamente en pena privativa de la libertad domiciliaria.
“Aquí hay una falla evidente del Inpec”, reclamó la alcaldesa. “Tenía un preso en su custodia en detención domiciliaria y no la hizo efectiva. “El señor Perozo ni estaba detenido en su domicilio ni estaba cumpliendo su pena”, advirtió.
La mujer que estaba en los hechos, Leidy Alejandra Betancourt, al parecer era la pareja de Useche, pero no tenía ninguna vinculación con actividades criminales.
Así fue la investigación por la masacre en Bogotá
La escena de la masacre ocurrida en Bogotá era espeluznante. En plena Autopista Norte, por donde día tras día pasan miles de bogotanos, yacían dentro de una camioneta cuatro jóvenes. Nadie se había dado cuenta durante las horas que el vehículo estuvo parqueado allí, sin razón aparente, en medio de la noche. Sin embargo, alguien advirtió que una camioneta de esa envergadura, tirada en la calle, solo podía ser un signo para desconfiar.
Ahí surgió la primera señal de uno de los crímenes más atroces vistos en la capital: una llamada desprevenida a la línea 123. Tras el reporte del vehículo dejado en la vía, las autoridades enviaron a los primeros investigadores, quienes pensaron que se trataba de un carro con explosivos. El equipo de criminalística llegó vestido de blanco, de pies a cabeza, y acompañado de expertos perros pastores alemanes. Por la hora (eran las diez de la noche) y por el hecho de que la camioneta era blindada, los expertos duraron más de tres horas en determinar que no existía en el vehículo esta amenaza.
Sin embargo, cuando abrieron finalmente la camioneta, ya seguros de que no era un carro bomba, encontraron en el baúl una imagen escalofriante. Cuatro cadáveres, tres hombres y una mujer, se encontraban uno tras otro. Uno de ellos con una bolsa negra que le envolvía la cabeza. Y los otros, con sus rostros y cabezas impactados por los disparos.
Por los estrictos protocolos que existen para este tipo de casos, que impiden que se rompan las cadenas de custodia de una investigación penal, nadie los tocó. Contactaron a la Policía Judicial y a criminalística. Lo primero que llamó la atención es que ninguno de ellos tenía documentos, ni joyas, ni relojes, ni plata ni billetera. Pero sí señales muy fuertes de que con su muerte lo que se quería era enviar un mensaje. ¿Una venganza? ¿Una rencilla entre bandas? La intención de una advertencia era evidente.
Por la bolsa en la cabeza se pensó inicialmente que los responsables eran miembros de la banda delincuencial Tren de Aragua. Se trata de sanguinarios criminales que aterrorizan el sur de la ciudad y se consideran responsables de 17 asesinatos, en los que las víctimas fueron envueltas en bolsas negras. La violencia que ejercen contra sus víctimas es extrema: suelen filmar sus asesinatos y el sello definitivo es dejar los cadáveres completos en plástico. La orden de ellos ha sido eliminar la competencia de maleantes y apropiarse de Bogotá como sede de sus fechorías. El viernes en la mañana, el coronel Herbert Benavides, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que la hipótesis más fuerte que se manejaba, por el momento, era un “ajuste de cuentas” de grupos de microtráfico.
Sin embargo, en cuestión de horas, esa hipótesis y ese grupo, el Tren de Aragua, se comenzaron a descartar. Muchos elementos se sumaron para que se identificara rápidamente que el crimen estaba enmarcado en un contexto más duro de lo pensado inicialmente. Lo primero que se supo era el nombre del propietario del vehículo, una camioneta Toyota color gris xerus, con placas CJE 835: Carlos Mauricio Navarro.
Pronto quedó claro que se trataba de un colombiano que reside hoy en España, hijo de la reconocida empresaria de los cosméticos Stella Durán, mejor conocida como la reina de las televentas. Navarro le dijo a la Policía que había dejado el carro en una concesionaria hace ya un buen tiempo y que este quedó en un traspaso abierto, con lo cual él aparecía como propietario, aunque ya no tenía en poder el vehículo. La presencia de Navarro, al ser hijo de la polémica y conocida empresaria, y la crueldad del crimen, le dieron una connotación nacional a la historia.
“Se viene haciendo la trazabilidad sobre el último propietario. Tendría un traspaso abierto, se busca establecer quién fue su último dueño y a partir de ahí se realiza una investigación”, dijo el coronel al respecto. Con eso quedó claro que este tema de la propiedad del carro sería uno de los espinosos asuntos por resolver. Pero Navarro dejó de ser rápidamente el protagonista de la historia.
Otro nombre saltó a la investigación: Juan Carlos Useche. Este expolicía fue la primera víctima confirmada del crimen. Se supo que estuvo vinculado varios años a la Policía; sin embargo, salió en medio de polémicas por mala conducta. Estuvo luego preso en la cárcel La Picota por concierto para delinquir. Las pesquisas comenzaron, entonces, a jalar por ese lado. De Useche se saben algunas cosas que pueden ser determinantes para descubrir a los responsables.
Lo primero es que se presentaba como un comerciante de San Andresito o como prestamista, pero no es claro que se dedicara efectivamente a algunas de esas actividades. También se cree que la mujer que estaba en el carro con él, igualmente asesinada, era su pareja o su empleada. Y que los otros dos podrían ser sus escoltas. Hay dos elementos que hicieron descartar al Tren de Aragua como responsable y pusieron los reflectores en otras mafias, probablemente mexicanas.
Por un lado, la bolsa de plástico sobre la cabeza de las víctimas, pues ellos dejan el cuerpo completo. Por otro lado, los disparos en la cabeza, poniendo de manifiesto que los cuatro habían sido asesinados a sangre fría y que los responsables querían dejarlo claro. Los cadáveres tienen impactos de una pistola 9 milímetros hechos sin compasión en los rostros. De inmediato, un nuevo ajedrez comenzó a configurarse y la tesis de la investigación giró hacia el ajuste de cuentas en grandes negocios de narcotráfico.
En muy pocas horas, las autoridades ya tenían decenas de elementos probatorios que apuntaban a resolver el crimen. Por ejemplo, una serie de recibos y facturas que les permitieron reconstruir qué pudo haber sucedido con esas cuatro personas horas antes. Se analizan también videos de la Autopista Norte y cámaras de seguridad de sitios públicos a fin de rastrear a las víctimas. Se utilizó para este fin una técnica para rebobinar todos los videos y así establecer exactamente el curso del vehículo. En este material hay algunas reuniones en las que se ve algo clave: la misma chaqueta roja que le encontraron a la mujer fallecida que estaba en el automóvil.
Sobre el vehículo, todo parece indicar que la camioneta fue puesta en la orilla de la vía y quienes iban manejándola se trasladaron a otro carro que los esperaba en el camino. Se estudia si el plan original era dejarlos fuera de la ciudad, pero ante la presencia de un retén en la vía decidieron abandonar el vehículo con los cadáveres en el camino.
Cuando las autoridades llegaron, las personas llevaban ya más de seis horas muertas. La Policía ofrece una recompensa de 25 millones de pesos. La investigación coincidió con un evento clave de esa institución: la transmisión de mando en la Escuela de Cadetes General Santander, que oficializó el cambio de la cúpula tras la barrida de 21 generales, incluido el que estaba al mando en Bogotá.
La alcaldesa Claudia López apenas se pronunció con dos trinos. “Independientemente de dónde los asesinaron y si luego abandonaron los cuerpos a la salida de la ciudad, ese ajusticiamiento criminal es inaceptable”, dijo. Se espera que en los próximos días se conozcan muchos detalles del crimen. ¿Quién está masacrando en Bogotá? ¿Qué mensaje querían dar con estos macabros asesinatos? ¿Quiénes debían recibir esa advertencia? Las preguntas quedan abiertas.