Árbitro de caso Odebrecht confirma que frente a su oficina sí hubo una operación de inteligencia

Jorge Enrique Ibáñez fue el presidente del tribunal de arbitramento convocado para resolver la cuantiosa pelea entre el Consorcio Ruta del Sol 2 y el Estado por los estragos que causó la corrupción en la ejecución de la megaobra. Contra viento y marea, la decisión final salió a mediados de este año anulando el contrato y negando las millonarias pretensiones que tenían el consorcio y los bancos; la orden de restitución se tasó en 1 billón de pesos por debajo de lo que esperaban. 

Cuando los árbitros intentaban una carrera contra el tiempo para proferir el laudo, Ibáñez denunció a través de este medio de comunicación cómo se instaló en frente de su oficina un operación de seguimientos e interceptaciones a sus líneas telefónicas. Entre las evidencias aportadas por el presidente del tribunal de arbitramento estaban las fotografías de tres vehículos parqueados permanentemente frente a su oficina y la constatación de que dos eran conducidos por una agente de la policía, que confirmó estar haciendo un operativo de inteligencia.

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Este capítulo volvió a cobrar relevancia esta semana, luego de que la columnista de SEMANA María Jimena Duzán reveló detalles de las declaraciones de implicados en el caso de chuzadas: el exfiscal Martínez Lugo y el excoordinador de la Sala Diamante de interceptaciones Luis Carlos Gómez Góngora entregaron detalles de cómo desde el búnker de la Fiscalía y bajo las órdenes del exfiscal Néstor Humberto Martínez se habrían interceptado a los negociadores de paz. Ambos aspiran entrar a la Jurisdicción Especial de Paz. 

Duzán, por información aportada por estos exfuncionarios, explicó también que desde la Fiscalía se habrían interceptado ilegalmente cerca de diez abogados. Uno de ellos habría sido Jorge Enrique Ibáñez, el arbitro clave en pleito contra Odebrecht. 

Hasta ahora ninguna de las investigaciones en este caso han dado frutos, pero Ibáñez sigue recabando sobre los detalles desconocidos de este acontencimiento que ambientó negativamente la expedición del laudo. Entre los detalles hasta ahora ocultos, está la celebración de una reunión entre Ibáñez y el director de la Dirección de Inteligencia de la Policía, general Jesús Alejandro Barrera Peña. El abogado acudió al oficial para pedir explicaciones e información del operativo de inteligencia desplegado en la puerta de su oficina, pero la respuesta terminó por abrirle más interrogantes que fueron puestos en conocimiento de las autoridades.   

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Dipol en el norte de Bogotá. El general Barrera le confirmó a Ibáñez que en efecto sí se desplegó un operativo de Inteligencia que involucraba a la mujer policía que Ibáñez consiguió identificar al igual que los tres vehículos que documentó tener por horas parqueados frente a la oficina. 

"Una de las personas que abordé manifestó ser una agente de la Policía, por eso pedí entrevistarme con el director de la Dipol, quien me recibió para decirme que efectivamente sí había un operativo por los lados de mi oficina. Me dijo que era operación reservada que se adelantaba con intervención de otro país y que lamentaba que estuviera en ese sector pero que no tenía nada que ver conmigo", relató Ibáñez. 

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No obstante la información que entregó el director de la Dipol terminó resultando contradictoria para Ibáñez pues aunque le afirmó que los seguimientos no eran en su contra, el general no le descartó que pudieran tener intervenidas sus comunicaciones. 

"Él (el general Barrera) me confirmó que era probable que hubiera una intervención de mi teléfono o de gente a mi alrededor. Es más, me aseguró que esa intervención pudo estar dada desde la Fiscalía o desde la propia Policía". 

La posibilidad de que sin ser el blanco de la operación le tuvieran intervenidas sus líneas telefónicas abrió serias dudas para este abogado, quien puso estos detalles en conocimiento de las autoridades. Como la operación de Inteligencia que se desarrollaba tenía reserva, Ibáñez le pidió al general que pusiera el caso en conocimiento de la Procuraduría y la Fiscalía.

Además de los interrogantes manifestados, el jurista recalca que hay varios vacíos frente a lo sucedido en su caso. El primero es que cuando hizo pública su denuncia, la Fiscalía envió a dos agentes de la Policía a tomarle declaración en el mes de abril. Extrañamente, la Fiscalía pidió repetir la declaración con el argumento de que la primera había sido tomada por miembros de la Policía y como la investigación estaba orientada a investigar la actuación de la misma Policía no había certeza de que se haría una investigación a fondo. En la segunda oportunidad, la declaración la toma un fiscal adscrito al despacho de la vicefiscal María Paulina Riveros, a finales del mes de abril.

Ibáñez también encuentra sospechoso que una vez se hizo pública la denuncia la operación fuera levantada inmediatamente del lugar. Por esos días, acababa de expedir un auto de pruebas, en el que pedía que el Ministerio de Comercio entregara la información completa del trámite que se le dio al contrato de Estabilidad Jurídica, mediante el cual el Consorcio Ruta del Sol 2 consiguió un alivio tributario por los años de ejecución del contrato. Está demostrado que el contrato fue tramitado por las vías de la corrupción; y el abogado que representó a la Concesionaria fue Néstor Humberto Martínez. 

Ibáñez afirma que al sol de hoy desconoce si él fue el objetivo de una operación de Inteligencia y si estaba enmarcada en un trámite legal. No obstante, las versiones que han entregado los dos exfuncionarios de la Fiscalía entrarían a confirmar todos sus temores.