Árbol de Navidad de 330 millones de pesos y otros sobrecostos en Soacha, en la mira de la Procuraduría

El alumbrado navideño del municipio de Soacha (Cundinamarca) para este 2022 habría tenido un valor cercano a los 3 mil millones de pesos. Estos gastos solamente son comparables con los que se han gastado, históricamente, ciudades capitales en los últimos años para atraer al turismo.

Por considerar que los gastos son injustificados, la Procuraduría abrió una investigación preliminar contra un grupo de funcionarios por determinar de la Alcaldía que habría tenido participación directa en la celebración de estos contratos para el cierre de este año Para el organismo de control disciplinario se busca establecer si incurrieron en irregularidades en el presupuesto destinado al alumbrado navideño.

Entre estos sobrecostos se habría presentado la decoración que tuvo un valor de tres mil millones de pesos. Realizando una comparación con el año 2021 se determinó que la Alcaldía compró un árbol de Navidad por $303 millones, sin embargo, en este 2022 se decidió alquilar uno por cerca de 330 millones de pesos. Por estos hechos se pidió una respuesta a la Alcaldía.

Igualmente, se busca establecer los presuntos excesos en pagos por instalaciones y personal de seguridad. La Procuraduría General ya ordenó la práctica de pruebas documentales que permitan justificar los incrementos en las sumas destinadas por la administración para estos conceptos, así como lo pagado por alquiler arbolitos de plástico, animales de juguete, pastores y aldeanos.

La actuación disciplinaria busca determinar la ocurrencia de los hechos y, en especial, identificar a los servidores públicos comprometidos presuntamente en la situación irregular denunciada.

Semaforización en Neiva

La Procuraduría General de la Nación le pidió al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, un detallado informe sobre el plan de acción implementado por la administración para solucionar los inconvenientes que presenta la red de semaforización de la ciudad.

En desarrollo de una acción preventiva, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Neiva solicitó al mandatario indicar las razones precisas que han ocasionado los daños a la red, así como informar si actualmente se adelanta un proceso contractual con el propósito de lograr la normalización de ese servicio en la ciudad.

Con el requerimiento de información, el órgano de control busca hacer seguimiento y vigilancia sobre las acciones ejecutadas por la administración para solucionar los inconvenientes que actualmente se presentan.

Protección de las víctimas

En otro proceso, la Procuraduría General le abrió investigación formal al exalcalde de Sutatausa (Cundinamarca), Hugo Orlando Santana (2016 - 2019), por las presuntas deficiencias en la atención a víctimas del conflicto armado en los años 2016, 2017 y 2018, a quienes no se les garantizó el goce efectivo de sus derechos.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Zipaquirá señaló que el exmandatario tenía la obligación constitucional de garantizar la prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral y que el posible incumplimiento provocó que las certificaciones expedidas por la Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas obtuvieran un resultado definitivo “Nivel de contribución BAJA”.

La entidad buscará establecer si se presentó una omisión en el ejercicio de sus funciones legales y si hubo vulneración de los principios de moralidad y responsabilidad en acciones como implementar el Comité Territorial de Justicia Transicional, incluir la política en el plan de desarrollo municipal , adoptar el Plan de Acción Territorial, entre otras.

Asimismo, el exalcalde debía verificar cada uno de los criterios que eran objeto de ponderación para determinar el grado de contribución del municipio con relación al goce de los derechos de las víctimas. La falta cometida por el exfuncionario fue calificada provisionalmente como grave a título de culpa gravísima.