Archivan investigación contra oficiales vinculados al escándalo de policías disfrazados de nazis

Cuando un grupo de estudiantes, en un escuela de formación de la Policía en Tuluá, se disfrazaron de nazis para un evento académico, el entonces presidente Iván Duque, advirtió que “rodarían” cabezas y efectivamente ocurrió. Los comandantes de curso, de la misma escuela fueron llamados a calificar servicio y otros suspendidos. Ahora se conoció que no existía mérito para dichas sanciones.

La Procuraduría archivó, de manera definitiva, la investigación contra los sancionados por la Policía, tras concluir que no hubo faltas disciplinarias y que los uniformados, disfrazados de nazis, cumplían una actividad académica, organizada por la dirección de escuelas y con previo conocimiento del alto mando en la Policía.

“Los mismos antecedentes dan cuenta que las actividades incluían un componente histórico del país referente y que la organización y desarrollo estaba a cargo de los estudiantes que conformaban cada una de las compañías. A dicho evento, asistía como invitada la comunidad académica, léase, personal directivo, funcionarios administrativos y estudiantes”, dijo la Procuraduría.

Los sancionados, por la policía fueron el coronel Jorge Ferney Bayona y los mayores Edinson Rodolfo Aux Mora y Laura Lesly Cruz Carreño, al primero lo llamaron a calificar servicios, en otras palabras salió de la Policía. A los otros dos los suspendieron por una supuesta falta disciplinaria que ahora la Procuraduría, advierte, no existió.

“Todo lo anterior permite concluir, que la actividad realizada por los estudiantes de la escuela de policía Simón Bolívar, el 18 de noviembre de 2021, corresponde a una actividad académica, entendida como aquella acción que hace parte del proceso formativo orientada a que estos alcancen los resultados de aprendizaje, por tanto, amparada dentro del contexto de la libertad académica y autonomía universitaria inherente a ese tipo de institución educativa”, señaló el ministerio público.

Para la Procuraduría era claro que las actividades académicas estaban bajo el amparo de la  “autonomía de las instituciones académicas” y que la misma funciona como garantía para que las instituciones de educación superior “cumplan su misión y objetivos de producción y difusión del conocimiento”. Así las cosas las actividades desarrolladas en la escuela de policía estaban bajo ese principio.

“También resulta contrario a la libertad académica y a los derechos interdependientes, cualquier medida estatal encaminada a imponer limitaciones discrecionales o fomentar tabúes con respecto a cualquier campo del conocimiento, personas, ideas, o cualquier aspecto reconocido dentro del ámbito de protección descrito en el principio relativo a la no discriminación”, explicó la Procuraduría.

Para los delegados del ministerio público es claro que si bien los oficiales investigados hicieron parte de la directivas de la institución, llegaron al evento como invitados y solo hasta ese momento conocieron el contexto de la actividad y la escenografía que se montó, sin que la misma tuviese como objetivo convertirse en una alegoría al nazismo, todo lo contrario, los estudiantes eligieron los atuendos y los detalles del evento.

“Por lo expuesto, considera esta procuraduría delegada, que la prueba documental y testimonial obrante en el expediente es amplia y suficiente para concluir a partir de su apreciación integral y reglas de la sana crítica, que los hechos que dieron origen a la investigación disciplinaria no pueden atribuirse a los aquí investigados, en la medida en que, si bien las imágenes difundidas por la oficina de comunicaciones estratégicas de la Policía Nacional pudieron dar origen a múltiples interpretaciones”, explicó la Procuraduría.

Insistieron desde la Procuraduría, con el archivo de la investigación, que no existe prueba documental, ni testimonial de que los estudiantes o las directivas del centro educativo de la Policía, hubiesen promovido, “exaltado o justificado discurso tendiente a insultar u ofender a la comunidad judía o promover la violación a los derechos humanos o prácticas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia”.

Al final la reflexión que queda, de unas decisiones por demás apresuradas de la Policía en contra de los oficiales, mientras se pedía “rodar” cabezas, y que se traduce con el archivo de la investigación, son las consecuencias legales, el daño reputacional y moral a los investigados, que con seguridad se redactará en una demanda contra el Estado.