Archivan investigación contra un exviceministro por “carrusel de contratos”

Una compulsa de copias o solicitud de investigación de 2014 fue el origen de un proceso que se abrió en contra del exvicepresidente ejecutivo de la ANI y exviceministro de Transporte, Javier Hernández López. La Fiscalía investigó las presuntas irregularidades en una licitación convocada por Transmilenio en 2009 para la concesión de las 13 zonas donde operaría el Sistema Integrado de Transporte Sitp en Bogotá.

La investigación se ordenó no solo contra el ex viceministro, otros funcionarios fueron sumados a ese listado de indagados: Claire Marcela Carrascal, Martha Constanza Coronado, Rigoberto Lugo, Clara Elena Zabarain y Jairo Fernando Páez Mendieta.

La Fiscalía entró a resolver una pregunta en este proceso: ¿los mencionados funcionarios incurrieron en el delito de interés indebido en la celebración de contratos, que atenta contra la administración pública, por presuntas irregularidades presentadas en la licitación pública convocada por Transmilenio?

La indagación preliminar se formuló con el objetivo de establecer la comisión de delitos en la firma y sesión de este contrato que, según el denunciante, tenía para los interesados el pago de sobornos por casi un millón de dólares, de ahí las diligencias de la Fiscalía.

“Mediante inspección en la Personería de Bogotá y en la Procuraduría General de la Nación, obtener información sobre las investigaciones que adelantaron estas dos entidades sobre las posibles irregularidades ocurridas con la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público – S.I.T.P., a través de la licitación 004 de 2009 que realizó la empresa Transmilenio S.A.” señala el documento que sirvió para archivar la investigación contra el exviceministro y el resto de ex funcionarios investigados.

La Fiscalía investigó por más cuatro años, recuperó testimonios, realizó inspecciones a otras entidades como la Procuraduría, Contraloría y Personería Distrital, todo con el objetivo de obtener información relevante para definir si era necesario continuar con la investigación y llegar a una eventual imputación de cargos. El resultado fue todo lo contrario, en criterio de la Fiscalía no se hallaron indicios de la comisión de delitos.

Entre las diligencias se incluyeron algunas declaraciones de las llamadas cabezas del “carrusel de contratos” como el abogado Manuel Sánchez y el contratista Emilio Tapia, también conocido como el testigo estrella de la Fiscalía en este escándalo de corrupción en Bogotá.

“Emilio Tapia Aldana se refiere que el señor Álvaro Dávila Peña era quien tenía a cargo el tema de contratos y nombramientos en la Secretaría de Movilidad y Transmilenio, pero esta persona era decidida en acuerdo con los hermanos Moreno Rojas, y a su vez el señor Dávila después de cierto tiempo le comunicaba a el declarante los detalles para de esa manera transmitirselos a señor Iván Moreno”, señala el documento de la Fiscalía.

El mismo Tapia le dijo a la Fiscalía, que “nunca” tuvo conocimiento de presuntas irregularidades en el contrato para la concesión de las 13 zonas del Sistema Integrado de Transporte Sitp en Bogotá.

“El declarante manifiesta que nunca tuvo conocimiento de irregularidades en el proceso de evaluación y adjudicación de la licitación pública TMSA – LP – 004 – 2009, cuyo objeto era la explotación preferencial y no exclusiva, de la prestación de servicio público de transporte de pasajeros dentro del esquema del SITP”, se lee en la decisión y el resumen de las declaraciones recuperadas por la Fiscalía.

Con estas declaraciones y pruebas recuperadas la Fiscalía se inclinó por el archivo de la investigación. Consideró el ente investigador que no se encuentran claros los presupuestos para considerar que una conducta, en este caso cometida por el ex viceministro Javier Hernández y los otros funcionarios, encaja en el rango de delito.

“Luego de realizado este análisis, no se observa a la fecha indicio de posible irregularidad con trascendencia penal, por el contrario, se observa que las adiciones se encuentran en pro de garantizar la sostenibilidad del sistema”, señala la Fiscalía en su decisión de 124 páginas.