Arias extraditado: ¿Y ahora qué pasa con Santrich?

Cuando a Andrés Felipe Arias lo condenaron por el caso de Agro Ingreso Seguro, en julio de 2014, Jesús Santrich se paseaba frente a las cámaras de televisión por el centro de convenciones de El Laguito, en La Habana, como uno de los negociadores de paz de la guerrilla de las Farc. El primero parecía poner fin a su carrera política tras la sentencia a 17 años y 5 meses de prisión, después de haber sido ministro y el precandidato presidencial de la entraña de Álvaro Uribe. El segundo esperaba todo lo contrario, estrenarse en la política y llegar al Congreso una vez firmado el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.  

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Aunque Arias y Santrich no tienen nada en común y pertenecen a orillas políticas opuestas, las jugadas del destino terminaron por hacerlos coincidir en circunstancias similares. Ambos están privados de la libertad y a la espera de que les resuelvan el pedido de extradición que tienen encima. Arias, detenido en una cárcel federal de Florida, recibió este viernes la noticia de que el departamento de Estado había autorizado su traslado a Colombia.

La decisión se conoció a través de una carta firmada por el asesor de ese Departamento, Tom Heinemann. El documento sugiere que no se encontraron razones que indiquen una posible tortura u otro tipo de peligro una vez el exministro llegue al país. Y con esa misiva, al gobierno colombiano le quedan dos meses de plazo para ir a recogerlo.

La imagen del exministro llegando a Colombia en calidad de presidiario tendrá un impacto político enorme. Y quizás ese efecto dominó que seguramente desencadenará tendrá un impacto en el proceso de Santrich. Al exnegociador de las Farc, quien se encuentra recluido en La Picota, lo reclama Estados Unidos por cuenta de su presunta responsabilidad en el envío de 10 toneladas de cocaína a carteles mexicanos.

En las relaciones internacionales existe un principio básico: la reciprocidad. Se trata en términos sencillos de que ningún país puede esperar de otro, lo que este no estaría dispuesto a hacer. Ese argumento era usado en los pasillos de la Corte Suprema para decir que no veían viable el envío de Santrich, si Estados Unidos no hacía lo propio con Arias.

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Para ese alto tribunal, la extradición de Arias tiene un enorme peso simbólico. Por años, el exministro se ha encargado de promover la hipótesis de que su fallo es el resultado de una persecución política. La misiva del Departamento de Estado, a ojos de los magistrados, confirma que esto no fue así.

Arias llegará al país en las próximas semanas, aun cuando el gobierno colombiano hizo expreso su interés en frenar esa extradición. La carta de Francisco Santos dejó en evidencia que desde la Casa de Nariño no se ejercía ninguna presión para que el exministro viniera a pagar su condena en Colombia. Todo lo contrario. El presidente Iván Duque manejó el tema con prudencia, pero en campaña había dejado saber lo que pensaba del asunto. “Lo que se cometió con Arias fue una gran injusticia. A uno le da dolor que una persona que nunca se robó un peso esté con 17 años de condena y uno ve criminales de lesa humanidad llegando ahora al Congreso de la República, con condenas por esos crímenes”, dijo.  

Ya como primer mandatario, Duque explicó que no podía retirar la solicitud de extradición pues esa acción era “improcedente” por razones procesales. Hace unos días, en su visita a Washington, el presidente se encontró con Catalina Serrano, la esposa del exministro. Aunque no se sabe el contenido de la conversación, se sabe que hubo gran cordialidad entre ambos.  

El caso de Santrich es totalmente independiente, pero tiene presiones similares. La Justicia Especial para la Paz debe decidir en pocos días si pasa ese expediente a la Corte Suprema de Justicia. Técnicamente la Sala de Revisión de ese alto tribunal solo debe determinar si la fecha de los hechos por los cuales se pide a Santrich en extradición sucedieron después del Acuerdo de Paz.

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Sin embargo, la situación es mucho más complicada. La nueva jurisdicción le ha pedido a Estados Unidos enviar las pruebas del caso, y ese país no las ha enviado, argumentando que nunca se han necesitado para adelantar ese trámite. Cuando se venza el plazo que tiene el alto tribunal, es necesario que se haga el traslado de todas las pruebas y que se abra un tiempo para que las partes presenten sus alegatos. Solo después de todo ese trámite se toma la decisión. Para todo eso, se necesitan mínimo cinco semanas.

La JEP tiene con ese caso una gran encrucijada. Cualquier decisión que tome será polémica. Y en el caso de autorizar la extradición de Santrich, se podría poner en riesgo la credibilidad de la JEP frente a los demás líderes guerrilleros. Un tema esencial para que ese nuevo organismo cumpla la misión que de los acuerdos de paz con éxito. Pero negar la extradición de Santrich también tendría un efecto político que le daría argumentos a todos los que aseguran que la justicia transicional es sinónimo de impunidad.

En las últimas semanas, en la justicia había tomado fuerza la idea de que aún en el caso de que la JEP autorizara la extradición, esta no se daría pues la Corte Suprema la frenaría. Con la extradición de Andrés Felipe Arias, esa posibilidad se complica. Existen dos argumentos adicionales que la corte ha esgrimido en privado para dejar a Arias en Colombia. El primero es que la justicia en el país funciona y que no habría razón para que fuera juzgado en el exterior. El segundo, que es el de más peso, es que en medio del proceso de paz, las víctimas necesitan que personajes como Santrich entreguen la verdad de lo qué pasó. Este último punto fue muy destacado en la sentencia de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria de la JEP.

Aún así, el peso de Arias podría tener implicaciones en el Palacio de Justicia. Aunque es una decisión jurídica, políticamente –aun para la Corte- sería muy difícil no extraditar a Santrich después de que ese país dio el aval para el regreso de Arias.  

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El proceso de Santrich había sido utilizado por el mismo Arias. En un mensaje, a propósito de los 500 días de su detención, el ex ministro aseguró que había sido tratado peor que el líder guerrillero. “Me pregunto, qué hubiera sucedido si el dictamen de Naciones Unidas que ordena al Estado colombiano a concederme una segunda instancia y a restaurarme los derechos políticos no hubiera sido a mi favor sino a favor de Santrich”, dijo. “También me pregunto ¿qué hubiera sido de mi vida si yo hubiera pertenecido a un grupo armado? Quizá me hubiera ido mucho mejor, no exagero. En el caso de Santrich hasta sus mismos jueces en Colombia abogan por su libertad. En mi caso, cuando alguien se atreve a pedir por mi libertad los jueces colombianos se rasgan las vestiduras y lo califican de disparatado, el doble rasero”.