“La Policía debe separarse del Ministerio de Defensa”: Ariel Ávila

SEMANA: ¿Por qué en su libro usted considera que para consolidar la paz se necesita reformar las fuerzas de seguridad, en especial a la Policía Nacional?

ARIEL ÁVILA: En este momento el país atraviesa por una coyuntura que apunta a que el gobierno debe reformar los sistemas de seguridad. En primer lugar la Ocde, organización a la que Colombia aspira a entrar prontamente, recomendó que la Policía debe dejar de ser parte del Ministerio de Defensa y abandonar las tareas militares. Segundo, las Farc salieron de 242 municipios y la Policía tiene que ocupar ese espacio, antes de que las bandas criminales lo hagan. Y por último, el número de sus efectivos es insuficiente para llegar a todos los rincones del país, en especial a las zonas rurales. Fíjese en este dato: en las 26 ciudades más importantes del país, que ocupan el 1 por ciento del territorio nacional, está desplegado el 49 por ciento de la Policía, lo que significa que el resto de los efectivos debe cuidar el 99 por ciento del país, una labor imposible. Por todas estas razones en el libro consideramos que llegó el momento de llevar a cabo una reforma.

SEMANA: ¿En qué consiste?

A.A.: Nuestra investigación muestra que la Policía debe tener dos jefaturas, una urbana y otra rural. Nos centramos en la segunda porque es la que va a afrontar los retos del posconflicto. En este sentido, sugerimos que la jefatura rural se cree a partir de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (Dicar). Hoy esta división tiene 10.000 policías para todas las zonas rurales. Lo que planteamos es que en cinco años se llegue a 50.000 efectivos que deberán ocupar 300 zonas rurales neurálgicas en términos de seguridad.

SEMANA: ¿Esto implicaría que la Policía se separaría del Ministerio de Defensa?

A.A.: Sí, para nosotros no hay discusión al respecto. La pregunta esencial es a dónde va y aquí hay tres escenarios: crear el Ministerio de la Convivencia, anclarla al Ministerio del Interior o establecer una figura intermedia, una especie de alta consejería de la que dependa. Personalmente me inclino por un nuevo ministerio.

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SEMANA: Esta es una propuesta radical. ¿Cree que los militares y policías la respaldan?

A.A.: En general, el gobierno y algunos militares y policías son conscientes de la urgencia de esa reforma, pero sufren de una parálisis, precisamente para no incomodar a los sectores mayoritarios de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa que no ven con buenos ojos ese revolcón institucional. Y esto me preocupa, porque la transformación de las fuerzas de seguridad debía haber comenzado hace dos o tres años para evitar lo que está pasando ahora en Tumaco o en el Bajo Cauca antioqueño, en donde los índices de criminalidad han aumentado.

SEMANA: Pero eso sucedió porque reformar las fuerzas de seguridad se convirtió en un tabú del que nadie quiere hablar…

A.A.: Sí, porque cuando uno plantea un revolcón en las Fuerzas Militares y de seguridad el uribismo sale a decir que es una concesión a las Farc. Además, el presidente Santos, para acallar a Uribe y tranquilizar a los militares, vendió la idea de que una transformación de la fuerza pública no se iba a tocar en los acuerdos de paz. Pero existe otro factor: detrás de la resistencia a este tema se encuentra una cuestión de presupuesto. Plata no hay para implementar la reforma y hay que sacarla de otros lados como del presupuesto de las Fuerzas Militares, y eso no le agrada de a mucho al estamento castrense.

SEMANA: Otro punto de su investigación es incluir a miembros de las Farc en la policía rural. ¿Por qué lo considera necesario?

A.A.: Hay estructuras de esta guerrilla que estuvieron dedicadas únicamente al combate militar. Para el éxito de un proceso de paz la experiencia internacional dicta que estas personas deberían tener un proceso de adoctrinamiento y cumplir alguna función en las fuerzas de seguridad. A un mando medio de las Farc, que manejaba 600 o 700 hombres y 4.000 millones de pesos, el gobierno le ofrece 600.000 pesos y un proyecto productivo de 8 millones por desmovilizarse. Esa oferta es difícil de aceptar, es como si una persona que hoy gana 15 millones de pesos aceptara un sueldo de 600.000 pesos por apoyar la paz. Esta es una propuesta dirigida a los mandos medios y no implica que ellos alcancen el grado de generales o coroneles. Además, conocen a la comunidad donde operaban, un conocimiento útil para la nueva policía rural.

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SEMANA: Pero es una propuesta polémica que a nadie le gusta…

A.A.: Sí y se quiere armar una tormenta en un vaso de agua. El libro propone que la policía rural tenga 50.000 miembros. Si vinculamos 200 o 300 mandos medios, la proporción que nos da de miembros de las Farc es del 2 o el 3 por ciento, una cantidad ínfima. Yo sé que la idea no les gusta ni a la Policía, ni a las Fuerzas Armadas, ni a las Farc, ni al gobierno, pero nuestra investigación y la experiencia internacional muestran que es una medida necesaria.

SEMANA: A pesar del clima negativo frente a este tema de la reforma, ¿usted por qué considera que es importante hacerla?

A.A.: En el último siglo ha habido 58 posconflictos en el mundo, solo diez se parecen al colombiano, y de esos uno, el de Sierra Leona, ha sido exitoso. ¿Cuál fue la clave? La transformación de los sectores de seguridad. El posconflicto se gana en los primeros dos o tres años y eso depende de una reforma a los sistemas de seguridad.

SEMANA: Siendo optimistas, si la reforma llegara a implementarse también tardaría mucho, y en este momento el país tiene que afrontar problemas de seguridad urgentes, como el caso de Tumaco. ¿Qué plan de choque debería llevarse a cabo?

A.A.: Esa es la pregunta del millón, pero desafortunadamente es difícil responderla porque no hay plata ni suficientes miembros de la Policía. Como decía, son 242 municipios que las Farc abandonaron; de esos, 160 tienen problemas delicados de seguridad. Nosotros proponemos varias cosas: que los miembros de la Dicar pasen de 10.000 a 17.000, que 20.000 miembros del Ejército pasen a la Policía luego de un periodo de seis o siete meses de capacitación, y que mantengamos varias fuerzas de choque para enfrentar las bandas criminales organizadas.

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SEMANA: Si la paz se consolida en los dos o tres primeros años del posconflicto, ¿cómo evalúa los primeros meses de esta fase en Colombia?

A.A.: Los expertos dicen que un posconflicto es un periodo de 15 años y que los primeros tres años de estabilización son los más neurálgicos para consolidar la paz. En este periodo toca mejorar la seguridad y mostrar los beneficios de la paz. En seguridad el balance es agridulce si bien hay una reducción importante de la violencia: por ejemplo, el secuestro está a punto de desaparecer; también hay 160 municipios en peligro de caer en un nuevo espiral de violencia. Pero creo que con la llegada del general Óscar Naranjo esto puede cambiar.

SEMANA: ¿Por qué?

A.A.: Es experto en seguridad y conoce al dedillo el proceso de paz. En mi opinión, Naranjo debería tener el control sobre la Alta Consejería para el Posconflicto, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Defensa. Y eventualmente debería coordinar, con el Ministerio del Interior, la agenda legislativa en torno a los temas del fast track. En otras palabras, Naranjo debe ser al posconflicto lo que Germán Vargas Lleras fue a la infraestructura.