Benedetti, el 'terminator' de la política

La tesis de que la mejor defensa es el ataque siempre funciona en política. Ante graves acusaciones, el señalado responde no aclarando los hechos, sino denunciando al acusador. Sin embargo, pocas veces se ha visto un caso tan extremo como el que protagonizó esta semana Armando Benedetti. En una ronda de medios, en la que apareció descompuesto y descontrolado, disparó en todas las direcciones. El lenguaje que utilizó era más de tropelero de callejón que de senador de la república. Comenzó con el fiscal general, y el espectro se amplió a Germán Vargas Lleras, el abogado Jaime Lombana y hasta a su jefe político, el presidente Juan Manuel Santos.

La Fiscalía vinculó esta semana al líder del Partido de la U con el entramado de Odebrecht. La vicefiscal María Paulina Riveros aseguró que el senador podría estar relacionado con el llamado cartel del buldócer, un grupo de políticos que supuestamente movía la maquinaria a favor de Odebrecht. La llegada de Benedetti a ese proceso tendría que ver con declaraciones del cuestionado contratista Federico Gaviria, quien ya confesó su papel en ese escándalo y está negociando con la Justicia. Presuntamente, estos políticos habrían apoyado a la empresa para lograr un contrato de estabilidad jurídica para la Ruta del Sol y especialmente el tramo Ocaña-Gamarra.

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En el marco de esas acusaciones, Benedetti se lanzó con una fuerza huracanada y se autoproclamó “víctima de un complot político”. A Néstor Humberto Martínez lo llamó “rufián”, “desleal” y “perverso”. Dijo que el fiscal estaba “capturado por el proyecto político de Vargas” y que sus “secuaces” andaban buscando testimonios en las cárceles para incriminarlo. A Vargas Lleras no le fue mejor. Lo describió como “facineroso”, “ladrón” y “bandido” e incluso sugirió que tenía vínculos con los paramilitares y que se había salvado de estos por cuenta de una exoneración del exmagistrado de la Corte Suprema Leonidas Bustos. En medio de esa ráfaga verbal, aseguró que el fiscal Martínez había recogido el dinero de la segunda vuelta de la reelección presidencial y Vargas lo había repartido. Puntualizó que la reunión tuvo lugar en un apartamento en Montería de la excandidata a la Gobernación Margarita Andrade.

En diálogo con La W, ella misma desmintió esa aseveración. Benedetti no paró allí. Y habló de lo divino y lo humano. De la parapolítica, de la corrupción en Córdoba, de los Ñoños, del cartel de la toga, de los contratos en la Uspec y hasta de la Casa de Nariño. Aseguró, por ejemplo, que “nunca supe si mandaba Vargas o mandaba Santos” y agregó que “hubo momentos en que la JEP estuvo en peligro porque el presidente prefería su cercanía a Vargas que la misma JEP”.

En medio de ese torbellino de acusaciones, algunas afirmaciones son verdad, otras son exageraciones y otras mentiras. Pero, curiosamente, casi ninguna tiene que ver con el caso por el cual la justicia lo investiga.

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La acusación de que el fiscal está al servicio de Germán Vargas es frecuente y se ha convertido en una bandera política de varios candidatos presidenciales para atacar a su rival y deslegitimar a Martínez. Sin embargo, las investigaciones contra varios miembros de Cambio Radical parecen demostrar que la persecución política o la ‘policía política’ que denuncian no tienen asidero. Es cierto que Néstor Humberto Martínez ha sido cercano a Germán Vargas y también es cierto que formó parte de Cambio Radical, pero de ahí a decir que como fiscal está al servicio de una candidatura presidencial para perseguir judicialmente a supuestos rivales políticos es, cuando menos, una exageración. Si el fiscal estuviera al servicio de alguien sería de su propia causa, y ya se han visto fiscales que se lanzan a la Presidencia. En Colombia, por razón de Estado, por corrupción o hasta por amistad, un fiscal puede aplazar la apertura de una investigación o incluso engavetarla. Pero es muy poco creíble que se llegue a inventar un sofisticado y peligroso entramado para afectar a una campaña presidencial persiguiendo los rivales del candidato de sus afectos.

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En el fondo, Benedetti, como muchos senadores, siente que tiene la lupa de la justicia encima por motivos políticos. Las acusaciones serán más graves en la medida en que la Fiscalía pueda demostrar que él efectivamente recibió algún beneficio económico a cambio de ayudar a Odebrecht. Eso solo sería posible si quien le pagó confiesa, pues esas transacciones generalmente se hacen en efectivo. Y frente a semejante despachada, el ente acusador estará en mora de sustentar las acusaciones en su contra. Porque si Benedetti tiene razón en que no hay ninguna prueba ni testigo que lo pueda vincular, sería un grave golpe a la credibilidad de la Fiscalía –a pesar de que la Corte Suprema tiene la última palabra–, ya que Benedetti politizó su caso judicial. Ya sea por estrategia o por indignación, el caso de Benedetti estará en la lupa de la opinión y dará mucho de qué hablar, pues hay dos variables en juego: la libertad del senador y la credibilidad del fiscal.