Arnulfo Gasca, exgobernador de Caquetá, fue sancionado por presuntas irregularidades en contrato financiado con regalías

La Procuraduría General de la Nación sancionó al exgobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo y al exsecretario de infraestructura del departamento, Jairo Alberto Gómez Roa, por irregularidades en la estructuración de un proyecto de inversión y ejecución del contrato financiado por el sistema general de regalías.

En fallo de primera instancia, el Ministerio Público confirmó que el exmandatario aprobó y viabilizó un proyecto capitalizado por SGR para el desarrollo de obras de adecuación hidráulica y recuperación del puente el guamal y las orillas de la quebrada la perdiz en el casco urbano en Florencia.

A su vez, la entidad ratificó que la obra no cumplía con las condiciones y criterios técnicos requeridos para su desarrollo, según lo que está establecido en la norma para el diseño de puentes; además, se encontró también que el disciplinado tampoco controló y vigiló la supervisión del contrato de obra lo que en consecuencia generó deficiencias en la ejecución y entrega de edificaciones incompletas.

El ente de control verificó que hubo fallas en la formulación y planeación de la construcción, puesto que, se utilizó un tipo de cimentación que no correspondía a lo solicitado inicialmente por temas de diseño; lo cual se tradujo en retrasos en la ejecución de la obra.

Asimismo, la autoridad disciplinaria corroboró que el exsecretario tras realizar el análisis técnico emitió concepto positivo de viabilidad al proyecto en lo que respecta a los requisitos exigidos según la ley para ser llevado a cabo en el departamento.

Finalmente, la Procuradora Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 calificó las faltas de Gasca Trujillo como graves, a título de culpa grave; mientras que para Gómez Roa como grave, a título de dolo.

Debido a esto, los disciplinados, al no estar en ejercicio de los respectivos cargos antes nombrados, deberán pagar al tesoro nacional el sueldo devengado para la vigencia 2021 por 9 meses para el exsecretario y por 10 meses el exgobernador.