Arturo Char rindió durante siete horas indagatoria ante la Corte Suprema. ¿Qué viene ahora para el exsenador investigado por compra de votos?

Siete horas duró la ampliación de la indagatoria del exsenador Arturo Char Chaljub ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Durante la diligencia, SEMANA pudo conocer que la defensa del expresidente del Senado –liderada por los abogados José Luis Barceló y Darío Bazzani– presentó evidencia para demostrar las contradicciones que se han presentado en contra del expresidente del Senado.

Char, quien se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota, busca desmeritar las acusaciones que hicieron en su contra la excongresista Aida Merlano y personas cercanas a su campaña política en el año 2018. Una fuente cercana le manifestó a SEMANA que el objetivo de la presentación de la nueva evidencia dirigida a demostrar que nunca tuvo la necesidad de comprar votos, pues tenía un capital político importante en la Costa.

Mientras tanto, el despacho del magistrado Francisco Javier Farfán Molina continuará con la recolección de nueva evidencia en la investigación y así definir la situación jurídica de Char, es decir, si lo llama o no a juicio por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.

Por el momento, todavía está pendiente que se resuelva un recurso radicado el pasado 15 de septiembre para revisar la decisión por medio de la cual dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Fuentes cercanas al alto tribunal informaron que el recurso de reposición en contra de la decisión emitida el pasado 6 de septiembre deberá ser resuelto por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Una vez se tome una decisión de fondo, la defensa podrá radicar, si lo considera pertinente, control de legalidad de la medida de aseguramiento ante la Sala Especial de Primera Instancia.

La presentación de estos recursos –aclararon desde la misma Corte Suprema– no afecta en nada el curso de la investigación contra el exsenador.

En la medida de aseguramiento, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta varios factores, además de la gravedad de los hechos por los que se investiga a Char. Desde que renunció al Congreso en febrero de este año, el dirigente político no había vuelto a Colombia. Se radicó junto a su grupo familiar en Miami, Estados Unidos, ciudad desde la cual rindió su indagatoria el 30 de junio pasado.

A esto se le suma el hecho de que Char cuenta con doble nacionalidad y ya tiene todos los documentos de residencia. No existía, pues, plena garantía, para ese momento, de que regresara por sus propios medios a Colombia para atender las citaciones del alto tribunal que lo investiga por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.

Por esto, se llegó a la conclusión de que existía un alto riesgo de no comparecencia, uno de los tres puntos fundamentales cuando se evalúa la necesidad de emitir una medida de aseguramiento, según dicta el Código de Procedimiento Penal.

Igualmente, los movimientos migratorios de Char en los últimos años dejaron ver un fenómeno que llamó la atención de la Sala, al considerar que durante su cargo tuvo una decena de salidas del país, pero regresaba en un plazo razonable.

Esta situación no se presenta desde que salió del Congreso, puesto que, una vez en los Estados Unidos, no había vuelto a atender ningún asunto.

Teniendo en cuenta varias declaraciones, entre ellas las de la misma Aida Merlano, quien reseñó que estando en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, en el año 2019, recibió la visita de los abogados Diego Muñetón y Teodoro Antonio Dejón, muy cercanos a la familia Char. Estos la presionaron y ofrecieron varios beneficios para que no declarara ante la Corte Suprema de Justicia en el caso de la corrupción electoral. Es decir, para que guardara silencio.

Esta versión fue confirmada por Merlano hace unos meses ante la Sala de Instrucción, señalando que, en efecto, tuvo conocimiento de las presiones de Arturo Char y del empresario Julio Gerlein, principal financiador y promotor de su campaña, con el fin de que no siguiera contando nada de lo ocurrido en las proximidades de los comicios de 2018.

Por estos hechos, la Fiscalía anunció una imputación de cargos en contra del empresario y los dos abogados por los delitos de soborno en actuación penal y determinador de falso testimonio.

Estas presiones denunciadas por el abogado de Aida Merlano llevaron a la propia Corte a la conclusión de que, estando en libertad, Char podría seguir ejerciendo presiones o realizando acciones para manipular y eliminar elementos materiales probatorios.

En sus declaraciones, Merlano fue más allá y aseguró que el propio Char fue a su sede de campaña en Barranquilla para entregarle un dinero y verificar que el estructurado plan de compra de votos estuviera marchando sin ningún tipo de problemas, puesto que él también se beneficiaría.