ASCUN advierte sobre vacíos en proyecto de reforma a la educación: alerta de ocho puntos críticos que “ponen en riesgo” el sector

El Senado de la República comenzó a debatir el proyecto de Ley Estatutaria de Educación 224 de 2023, presentado por el Gobierno nacional. En este contexto, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) manifestó su preocupación por los “vacíos en la propuesta”, los cuales podrían –según la asociación– tener repercusiones negativas en el futuro de la educación en Colombia.

ASCUN ha estado involucrada en el análisis de las distintas etapas del proyecto, generando propuestas que buscan asegurar que la ley garantice el derecho a la educación y establezca mecanismos de protección para todos los colombianos. No obstante, la asociación ha señalado que, a pesar de algunas audiencias públicas y diálogos con actores del sector, las inquietudes y sugerencias presentadas “no fueron debidamente consideradas” en los debates en la Cámara. Para la ASCUN, esto pone en duda la efectividad del proceso de participación ciudadana llevado a cabo.

“A pesar de haber llevado a cabo algunas audiencias públicas y conversaciones con ciertos actores del sector, nos preocupa que el proceso de escucha no fue efectivo durante los debates en la Cámara”, indicó la asociación a través de un comunicado.

En la misiva, la ASCUN puso en consideración del Congreso, el Gobierno nacional y la opinión pública, ocho aspectos que considera críticos del proyecto de ley que deben ser revisados con urgencia:

1. Definición de la educación como bien común. El artículo 2 podría permitir interpretaciones adversas sobre el papel del Estado y desconoce lo establecido en el artículo 67 de la Constitución.
2. Alcance limitado a la educación formal. Excluir otras modalidades de educación, como la formación para el trabajo y las cualificaciones, es un retroceso para el sistema educativo.
3. Reconocimiento del sistema educativo mixto. El artículo 4 no reconoce explícitamente que el sistema educativo es mixto, lo que podría sobrecargar a las instituciones estatales y afectar la capacidad de garantizar el derecho a la educación.
4. Prioridad de acceso sobre calidad. El proyecto prioriza el acceso a la educación sobre la calidad, lo que podría resultar en que los estudiantes ingresen a instituciones sin garantías de calidad educativa.
5. Restricción de la participación democrática. Los artículos 5 y 12 podrían restringir los procesos de participación democrática y debilitar la autonomía universitaria, permitiendo la interferencia política en la gobernanza de las instituciones de educación superior.
6. Eliminación del mérito. Se requiere un equilibrio entre meritocracia y acciones afirmativas en el sistema educativo, especialmente en la educación superior.
7. Falta de estudios de impacto fiscal. La afirmación de que el proyecto no requiere un análisis de impacto fiscal genera inquietudes sobre la viabilidad financiera de su implementación.
8. Gratuidad total en instituciones estatales. Establecer la gratuidad sin considerar la sostenibilidad y calidad de estas instituciones, además de excluir a las privadas, podría afectar a más de un millón de estudiantes que optan por la educación no estatal.

La ASCUN instó a que la ponencia en el Senado sea revisada exhaustivamente en términos de “pertinencia, viabilidad y constitucionalidad”, asegurando que no se limite el desarrollo futuro del sector educativo. La asociación se comprometió a seguir apoyando el proceso para garantizar que la ley responda a las expectativas de la sociedad y promueva una verdadera transformación educativa en el país.