Asesinan a excombatiente de las FARC en zona rural de Antioquia

Este sábado en la noche fue confirmado el asesinato de Julián Correa Restrepo, excombatiente de las FARC, en el municipio de San Andrés de Cuerquía, Antioquia. El hombre, de 35 años, había sido raptado hora antes por sujetos armados, quienes posteriormente lo asesinaron en zona rural.

Según información entregada por las autoridades, el cuerpo apareció con señales de maltrato en la vereda Cordilleras. Las autoridades detallaron que el secuestro se produjo hacia las 10 de la mañana cuando la víctima se movilizaba en una moto en la vía que conduce del corregimiento de Valle Toledo al municipio de San Andrés de Cuerquía.

En la vía, según un testigo, estaba atravesada una camioneta de platón color verde oscuro, con placa terminada en 079. En ese vehículo se llevaron a Correa Restrepo.

Frente a este crimen, el partido de FARC se pronunció: “Con el asesinato de Juan Carlos, suman 254 vidas firmantes del Acuerdo de Paz que han sido asesinadas, esta es una situación de incertidumbre”, comentó Pastor Alape, delegado de la FARC ante el Consejo Nacional de Reincorporación.

Además, subrayó Alape, es el segundo asesinato de excombatientes en Antioquia durante lo corrido de 2021. El 1-° de enero asesinaron en Briceño, norte del departamento, a la reincorporada Yolanda Zabala. “Como firmantes de la paz seguimos sosteniendo que nuestra voluntad de paz se sostendrá por encima de la muerte”, dijo.

JEP pide proteger a excombatientes

La Sección de Ausencia y Reconocimiento de la JEP requirió al consejero presidencial “Emilio Archila que adopte e implemente, a través de la Mesa Técnica, el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, incluida la sostenibilidad de los recursos administrativos y financieros necesarios”.

La solicitud la hizo con el fin de proteger a los excombatientes en todo el territorio nacional. En la misma solicitud, se le pide al director de la UNP, Alfonso Campo Martínez, que presente el plan de acción y cómo proyecta evacuar el trámite de las solicitudes y los estudios de riesgo pendientes.

La Jurisdicción Especial para La Paz pide que se lleve a cabo “el nombramiento y término de contratación de los 686 escoltas y los 40 analistas que se requieren para cubrir las necesidades identificadas en el plan de acción;, que se destine el presupuesto aprobado para la vigencia 2021 y que se realice la sostenibilidad financiera de los nombramientos mientras subsista el riesgo para la seguridad de los excombatientes de las FARC-EP”.

Dice la JEP que hay solicitudes en este tema advirtiendo que no han sido atendidas con efectividad, principalmente ante el incremento de la violencia que afecta a los excombatientes, sus familias e incluso los escoltas.

Y es que, desde que se firmó el Acuerdo de Paz, el 26 de septiembre de 2016, han sido asesinados 254 excombatientes de las FARC, de acuerdo con una alerta emitida en las últimas horas por Carlos Ruiz Massieu, representante especial y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

También manifestó su preocupación frente al aumento de asesinatos de exguerrilleros, destacando que entre las víctimas se encuentra la excombatiente Yolanda Zabala, de 22 años, quien fue asesinada con disparos junto con su hermana de 17 años en el departamento de Antioquia el pasado 1.° de enero.

Sin embargo, la preocupación no solo radica en el asesinato de excombatientes, sino en que la ola de violencia en el país también afecta a líderes sociales e incluso a los mismos militantes de partidos políticos.

“El 24 de diciembre fue asesinado Alejandro Pérez, concejal del Partido Conservador en el departamento de Córdoba. Su asesinato demuestra, una vez más, la necesidad de adoptar medidas de protección para miembros de todos los partidos políticos”, recordó Ruiz Massieu.