El crimen que dejó a un pueblo embera huérfano

El día que llegaron con el cadáver de Aquileíto en el bote, los pueblos de los alrededores del Jagual habían amanecido inundados. Agua y tristeza traía el río Chintadó la mañana del domingo 14 de abril cuando la proa de la embarcación tocó la playa.

Aquileíto Mecheche —profesor, líder de los pueblos embera dobidá, rector del colegio, resistente y bromista— había regresado a su tierra en un ataúd gris. Le habían puesto una camiseta blanca con un estampado de Nike y unos pantalones color naranja nuevos. No llevaba zapatos.

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El bote con el cuerpo de Aquileíto había partido de Riosucio. Algunos de sus amigos y familiares, en silencio y llenos de miedo, lo acompañaron en ese trayecto de ocho horas de agua y selva.

A Aquileíto ya lo habían amenazado y hasta intentado matar 20 días atrás en Jagual. Lo tuvieron encañonado. La guardia indígena, sin embargo, lo impidió. Por eso huyó a Riosucio con su hermano Julio, y allá los asesinos lo alcanzaron en la noche del 12 de abril.

Foto: Aquileíto Mecheche dejó 12 hijos y más de 300 estudiantes en el colegio del que era rector. Su hermano Julio debió huir del pueblo junto con una decena de familiares entre los que hay mujeres y niños.

En el resguardo Jagual vive una comunidad de 689 indígenas que están en la mitad de un conflicto que no les corresponde. El que libran el ELN y el Clan del Golfo por apoderarse de una jugosa ruta del narcotráfico que va desde Riosucio hasta Cacarica, el Tapón del Darién y Panamá.

Desde hace varios meses, poblaciones del Medio Atrato permanecen confinados como consecuencia de enfrentamientos entre estos grupos y el Ejército. En Jagual las balaceras, como la lluvia, se desgajan de un momento a otro. El 27 de marzo, los disparos hicieron crujir el cielo de Jagual y los embera salieron a correr desesperados a esconderse entre las zanjas de desagüe. De un momento a otro, los cultivos se volvieron trincheras.

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Los combates que arreciaron desde febrero de este año han dejado varios desplazamientos en los pueblos del Atrato. Familias negras e indígenas de Carillo, Unión Cuití, Unión Baquiaza, Mesopotamia y Pogue han comenzado a partir. En Bojayá, el escenario de una de las peores masacres cometidas en la historia del conflicto, hay 7.000 personas confinadas.

Se trata de una crisis humanitaria y de una violación flagrante de los derechos humanos de estas comunidades. Esto tiene consecuencias pues restringe la movilidad de la gente, la circulación de alimentos, gasolina y medicinas, sin contar lo que significan las amenazas a los líderes sociales y autoridades comunitarias, el reclutamiento forzado y los campos minados.

Aquileíto era la voz de su pueblo

Luego del intento de asesinato, Mecheche se había ido a vivir a Riosucio. Además de ser el rector que daba consejos, llevaba las riendas de la Institución Educativa Agropecuaria Jagual, era el vocero de su comunidad, y el que se atrevía a hablar para pedir que les respetaran sus derechos.

Aquileíto estuvo entre los indígenas que en diciembre de 2018 viajaron a Bogotá a pedirle al Gobierno una intervención institucional en el territorio. En eso que llamaron minga por la vida, Mecheche y los demás líderes indígenas pedían simplemente lo mínimo que el Estado estaba en la obligación de garantizar: educación, salud, capacitaciones para gestores comunitarios, alimentación para los niños en los restaurantes escolares y un enfoque étnico para atender a la población.

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De esas reuniones quedó un recuerdo que a muchos indígenas les parte el corazón. En un acta de compromiso suscrita en el Hotel Inter de Bogotá por los ministerios de Educación y del Interior, además de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, aparece estampada la firma de Aquileíto (ver foto). Mecheche murió sin ver cumplido su sueño de que su comunidad fuera feliz bajo condiciones dignas.

                                   Foto: Jagual ofrece un ejemplo del aislamiento en el que viven varios pueblos del Medio Atrato por culpa de los actores armados. En Bojayá, por ejemplo, organizaciones de derechos humanos denunciaron que en este momento hay 7.000 personas confinadas.

Los embera katío, los dobidá y los wounaan son pueblos de agua. Ellos están atados a sus resguardos como la raíz de un árbol a la tierra. Habitar su territorio constituye su esencia. En el mundo occidental y citadino, si la vida no da oportunidades, siempre es posible emigrar. La mayoría de indígenas, en cambio, preferirían morir antes que dejar la tierra de sus ancestros.

Sin embargo, de qué sirve la tierra si hay minas antipersonal, de qué sirve saber cosechar si ir a los cultivos puede ser mortal. Eso está pasando en el Medio Atrato desde hace varios meses. La pelea por una ruta narco entre el Clan del Golfo y el ELN mata a los pueblos ancestrales.

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En una comunidad vecina de Jagual, hace dos meses fallecieron cuatro niños que no recibieron atención médica mientras se desarrollaban combates entre los grupos armados. Desde Bogotá, las autoridades ni siquiera podían confirmar eso que denunciaban en el Alto Guayabal, municipio del Carmen del Darién, a orillas del río Jiguamiandó. Un indígena tuvo que salir de la zona para lograr señal de celular y enviar a sus contactos de Bogotá la foto del velorio de uno de los pequeños. En la imagen se ve al niño envuelto en una sábana blanca, sobre una tabla que cruza dos pupitres de colegio. En la cabecera hay una veladora y un vaso de agua.

Es duro decirlo pero el asesinato de Aquileíto estaba cantado. En el acta de noviembre de 2018 que firmaron las autoridades con la minga, había un compromiso de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para iniciar una ruta de protección colectiva para 13 líderes, entre ellos Mecheche. Sin embargo, nunca les cumplieron. Solo cuando ocurrieron los combates de finales de marzo y el intento de asesinato a los hermanos Mecheche, una comisión humanitaria se desplazó a la zona para atender el caso.

No era un secreto en los pueblos del Medio Atrato que Aquileíto estaba en riesgo. Después de su asesinato, la UNP emitió un comunicado para informar que habían iniciado el trámite de urgencia que terminó con la salida de Julio Mecheche de la zona. Indicaron también que Aquileíto no había atendido la medida que lo reubicaría. La Organización Indígena de Colombia (Onic) le exigió a la UNP retractarse de esa información al negar que las autoridades hubiesen tomado las medidas provisionales para un caso considerado de nivel extremo. “La UNP omitió su deber legal de establecer medidas de emergencia por el procedimiento establecido y no le dio un trámite célere y eficaz”. Los dirigentes de la Onic estaban bastante indignados con la declaración de la UNP. Solo faltaba, decían, que culparan al propio Aquileíto.

                                   Foto: Acta de compromiso suscrita el año pasado entre la comunidad y los ministerios del Interior y Educación. Tiene la firma de Aquileíto.  

El viernes 12 de abril, a eso de las 9:30 de la noche, Aquileíto se refrescaba con una cerveza en la heladería de Américo, un bar de sillas plásticas rojas que da hacia el parque principal de Riosucio. Al frente se ve la escultura de un enorme bocachico aguamarina, símbolo de la región, y más al fondo las aguas revueltas del río Atrato.

Aquileíto andaba en chanclas, llevaba unas bermudas verdes, y un esqueleto blanco. Tenía pensado reunirse al día siguiente con algunos profesores para tramitar el grado de unos estudiantes de Jagual. Pero no tuvo tiempo. Un hombre entró a la cantina, y le disparó tres veces. Todos alrededor salieron despavoridos.

Una hora más tarde, la Policía entregó el cadáver envuelto en un plástico negro. Sus amigos y su familia lo llevaron hasta la sede del Cabildo Mayor de la zona. Sobre un piso de tablas, el cuerpo descubierto de Aquileíto permaneció toda la noche. Varios niños de la comunidad durmieron frente al cadáver, nadie era capaz de salir de la sede por físico miedo. Ginna, una de sus 12 hijos, se desmayó varias veces. No hacía sino abrazar a su padre. Desde afuera solo se oía el llanto en un solo coro. Porque todos en Jagual habían quedado huérfanos.